Cierre de listas y leyes de gestión: el doble reto de la coalición oficialista en la Legislatura

Al año calendario le quedan siete semanas, al año legislativo a lo sumo seis, lapso en el que deberán definirse al menos una docena de proyectos de ley, la mayoría impulsados por el Poder Ejecutivo de Santa Fe. El atareo es un clásico de fin de año, pero ahora llega con el aditamento que está cercano el cierre de listas provinciales para las elecciones 2027 y este acontecimiento tensiona los escenarios.

En los hechos, el principal ruido está en la coalición Unidos que salió airosa, pero con magullones, en la discusión pública con el tratamiento del mensaje llamado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Guste o no a los actores, el tema dejó secuelas en el seno del oficialismo. "Cuestionar el proyecto de Herramientas es cuestionar la política de seguridad del gobernador y el alto respaldo que tiene en la población", repite un vocero de la postura dura de Casa Gris.

Este mensaje será convertido en ley el jueves próximo por el Senado. Se completará así la sanción de los tres mensajes remitidos oportunamente y que fueron tratados en conjunto: el de los cargos para la Defensa Pública ya fue promulgado y, el Ejecutivo, en tanto, tiene a promulgación el texto sobre el control del comercio ilegal de teléfonos celulares.

Además el Senado tiene la decisión de votar la Ley de Presupuesto 2027 el mismo jueves, poco más de 24 horas después de la reunión que el cuerpo mantendrá con el ministro de Economía, Pablo Olivares. La mayoría de los senadores mantuvo reuniones con el equipo económico por los alcances de esa ley madre para el año venidero. Nadie espera sorpresas en el trámite que seguirá su derrotero en la Cámara de Diputados donde sería sancionado en Extraordinarias.

En Diputados, el justicialista Walter Agosto ingresó en la última sesión un extenso pedido de informes con datos que considera indispensables para el tratamiento de esa ley.

"Los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía correspondientes al mes de junio dan cuenta de un déficit fiscal equivalente al 10,2% de los recursos totales, por lo que resulta imperioso que el Poder Ejecutivo informe las medidas que ha contemplado en el proyecto de presupuesto 2027 para cerrar dicho déficit y plantear un escenario de equilibrio para el próximo año", marcó Agosto en los fundamentos del pedido.

"Gran parte de la infraestructura ejecutada en los últimos años ha sido financiada con los recursos producidos por la cartera de títulos públicos recibida en el marco del Acuerdo de Ejecución de Sentencia del año 2022. Para dimensionar su importancia, basta mencionar que en 2024 y 2025 esta fuente de recursos financió el 35% y el 50% de la obra pública respectivamente, en tanto que en 2026 dicho porcentaje ascendió al 15%", advierte el ex ministro de Economía.

"La otra fuente utilizada para la ejecución de gasto de capital provino del endeudamiento por U$S 800 millones, por lo que resulta necesaria información con relación a los montos utilizados, la nómina de proyectos de inversión a los que fueron aplicados y su grado de avance, en cada caso", menciona en el escrito enviado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ley tributaria

Diputados recibirá, en tanto, esta semana el proyecto de Ley Tributaria 2027 y el oficialismo propondrá el tratamiento conjunto con el Presupuesto sabiendo que Unidos tiene la mayoría para sancionar ambos temas. El objetivo es ampliar los votos para darle fortaleza a ambas normas.

La agenda de la Cámara Baja en la semana que se inicia tiene varios temas, entre ellos el mensaje del Poder Ejecutivo que apunta a establecer "un régimen integral para la prevención, detección temprana, protección, gestión y reducción del riesgo derivado de situaciones de violencia por razones de género, desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad".

El proyecto comprende la regulación de las medidas judiciales de protección y de los mecanismos de coordinación y monitoreo, garantizando una respuesta integral, especializada, accesible y no revictimizante, se establece en los fundamentos de un tema trabajado en varias áreas del Poder Ejecutivo.

Esta iniciativa del Ejecutivo choca con la intención de bloques minoritarios de la Cámara que empujan desde hace varios meses el dictado de una ley declarando la emergencia en materia de violencia de género. El gobierno que tiene emergencias en varias áreas del Estado no quiere emergencia acá.

Post reforma constitucional

Los otros dos temas en carpeta de Diputados tienen anclaje en la reforma constitucional sancionada en septiembre del año pasado: el nuevo Jurado de Enjuiciamiento para magistrados, fiscales y defensores y la norma que regula los mecanismos de participación ciudadana.

Sobre el primer tema, hay un proyecto de la bancada socialista con tratamiento preferencial mientras que el radicalismo anticipó que presentará uno propio. Se espera la movida del justicialismo sobre el tema. El Ejecutivo no envió mensaje sobre un tema clave para el seguimiento de las conductas de magistrados. Pero tampoco el Ejecutivo, ni legisladores, presentaron proyectos de cómo seleccionar a los candidatos para esos cargos, otra manda constitucional.

Desde el Palacio de Tribunales se observa con recelos la situación. Se hace notar que este año no habrá ley sobre selección de jueces mientras el Poder Ejecutivo anunció varios concursos para cubrir vacantes. "Bienvenida la cobertura de vacantes, pero ajustemos el procedimiento de selección", se escuchó decir en dependencias de la Corte Suprema de Justicia en plena transición de integrantes.

Pero además, el Ejecutivo mandó a las cámaras el proyecto del futuro Código Procesal en lo Civil y Comercial. "Es actualizar el trámite de la época de la máquina de escribir a la era del celular. Las reglas estaban pensadas para expedientes de papel, lentos y de pasos burocráticos, acá se establece un marco para utilizar herramientas digitales para evitar perder días de trabajo haciendo filas o presentando papeles innecesarios", se dice en Casa Gris.

Enseguida se recuerda que se apunta a modernizar una ley de 1961, transformando juicios largos y burocráticos en procesos más ágiles, comprensibles y accesibles.

"El objetivo principal es que el sistema de justicia deje de ser un laberinto de trámites formales y pase a enfocarse en resolver los conflictos reales de la gente", se agrega.

Audiencias públicas

El otro tema agregado a la agenda por el Ejecutivo es la ley de protección a la persona consumidora, fruto de un largo trabajo en el Consejo Económico Social. El Senado ya citó para este miércoles a actores del tema consumo para avanzar en el tratamiento de este mensaje.

El Senado convocó a dos audiencias públicas, para el último miércoles de noviembre para el tratamiento del proyecto de ley de Creación del Parque Provincial Jaaukanigás y de la Reserva Hídrica Natural Provincial Jaaukanigás y otra para la Laguna El Hinojo en el sur provincial.

A esta abundante temática se añadirán proyectos propios de los legisladores, más la sesión conjunta de la semana entrante para definir la situación de la fiscal de Tostado, Shirley Tomasso.

Más allá del rol de la oposición, la suerte de todos estos proyectos dependerá de acuerdos del interbloque de Unidos, acuerdos que de concretarse darán indicios de cómo el oficialismo aspira a completar su armado político para las Paso de abril y las elecciones generales de junio sabiendo que tiene como meta lograr la reelección de Maximiliano Pullaro, posibilidad que estuvo negada a los gobernadores durante todo el siglo XX y hasta lo que va del presente.