Condenaron a un colegio de Córdoba tras un grave accidente en una clase de química
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La Justicia determinó que una institución educativa deberá indemnizar a una estudiante que sufrió quemaduras severas durante un experimento escolar en septiembre de 2022, tras comprobarse fallas en la supervisión y en las medidas de seguridad del laboratorio.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de 51.ª Nominación de Córdoba, bajo la dirección del juez Gustavo A. Massano, dictó una sentencia que marca un precedente sobre la responsabilidad de las instituciones educativas. El fallo obliga a un colegio a resarcir económicamente a una alumna que sufrió lesiones de extrema gravedad durante una práctica de laboratorio realizada en el mes de septiembre de 2022. La joven, que en aquel momento tenía 17 años, fue alcanzada por una deflagración mientras participaba en el experimento denominado “la serpiente del faraón”, una actividad que requiere el uso de sustancias inflamables.
El accidente ocurrió cuando una compañera de la víctima añadió alcohol a la mezcla, provocando una explosión que impactó directamente sobre la adolescente. Las consecuencias físicas fueron devastadoras: la joven permaneció 78 días internada en terapia intensiva y debió someterse a 33 intervenciones quirúrgicas, incluyendo limpiezas de heridas, ablaciones y complejos autoinjertos de piel. Aunque recibió el alta médica a fines de noviembre de 2022, el episodio le dejó una incapacidad psicofísica permanente que afectó su calidad de vida de manera irreversible.
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Durante el proceso judicial, la defensa del colegio intentó deslindar responsabilidades atribuyendo el hecho a la conducta imprudente de otra alumna, mientras que la aseguradora calificó el suceso como un evento imprevisible. Sin embargo, el juez Gustavo A. Massano rechazó ambos argumentos. El magistrado subrayó que los estudiantes no pueden ser considerados terceros ajenos al establecimiento y que la escuela mantiene una obligación ineludible de seguridad y protección sobre los menores durante todas las actividades que se desarrollan bajo su supervisión directa.
El fallo destacó que el uso de alcohol y fuego en un entorno escolar conlleva riesgos intrínsecos que deben ser contemplados en la planificación pedagógica. Según el magistrado, las posibles conductas imprudentes de los adolescentes son un factor que debe ser previsto mediante medidas de seguridad adecuadas. En este caso, se demostró que el laboratorio carecía de los elementos de protección básicos y que el colegio no había aplicado correctamente su propio manual de seguridad, dejando a los estudiantes expuestos a un peligro innecesario.
Finalmente, la investigación reveló fallas críticas en la organización de la clase. Una única docente debía supervisar a múltiples grupos que realizaban el experimento de forma simultánea, sin contar con ayudantes de laboratorio ni una supervisión previa sobre el manejo de los recipientes con alcohol. Esta falta de control fue determinante para que el juez concluyera que el establecimiento no adoptó las precauciones necesarias para prevenir un accidente de tal magnitud, confirmando la responsabilidad civil de la institución educativa en el hecho.

