Cooperativas buscan equiparar derechos de usuarios con la EPE

En un contexto de creciente desigualdad en el acceso a servicios esenciales, la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe) elaboró un proyecto de ley destinado a equiparar los derechos de los usuarios de las cooperativas eléctricas con los de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). 

Ademar Aznar, presidente de la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto, y Germán Casalino, gerente de Fescoe, compartieron detalles sobre la iniciativa que busca cerrar la brecha histórica en el tratamiento de los usuarios de ambos servicios.

Básicamente, la iniciativa, que pronto ingresará en la Legislatura provincial, busca promover la igualdad, la equidad y la transparencia entre los usuarios de las distribuidoras cooperativas y los de la EPE en la provincia de Santa Fe. A través de esta ley, se pretende subsanar las desigualdades históricas en el trato que reciben los usuarios de las cooperativas, especialmente en lo que respecta a tarifas, beneficios y el acceso a recursos. El texto argumenta también que la Constitución Provincial establece la igualdad ante la ley, lo que implica que no debe haber discriminación en el acceso a los servicios esenciales.

Ademar Aznar destacó en primer lugar que en distintas épocas se impulsaron proyectos de legisladores provinciales de distintos bloques, que nunca prosperaron, y “esta es la primera vez que la iniciativa surge de la propia Fescoe”. Además, afirmó que no buscan confrontar con nadie, sino corregir una desigualdad estructural de larga data. “Esto no es contra la EPE, ni contra el gobierno actual, es una deuda que se arrastra desde hace mucho tiempo. La relación con la EPE siempre fue buena, y desde Fescoe trabajamos de manera conjunta con ellos”, aclaró el presidente de la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto, quien remarcó que el objetivo es lograr “un tratamiento más justo para los usuarios de las cooperativas eléctricas”, sin que ello implique un perjuicio para la empresa provincial.

Igualdad de condiciones

Por su parte, Germán Casalino explicó que el proyecto busca, entre otras cosas, eliminar las barreras burocráticas que enfrentan las cooperativas a la hora de competir en igualdad de condiciones con la EPE. “Hemos conformado un equipo de trabajo integrado por abogados y profesionales de las cooperativas asociadas, con pleno conocimiento de la situación. Esta vez, quienes escribimos el proyecto y trabajamos en él, somos los que realmente conocemos el terreno”, afirmó.

El objetivo, resumió el gerente, es crear un marco legal que permita a las cooperativas competir en condiciones similares a las de la EPE, garantizando la igualdad de trato en aspectos como trámites, tarifas y beneficios para los usuarios, sobre todo conociendo la importancia del servicio eléctrico en cuanto al desarrollo de las distintas regiones de la provincia.

En la misma línea, hizo hincapié en las particularidades geográficas de Santa Fe, donde el movimiento cooperativo tiene una presencia significativa en el sur y centro-sur de la provincia. “La diferencia geográfica y territorial es notoria. Las cooperativas prestan servicios en áreas con menores densidades poblacionales y mayores extensiones, lo que genera costos más altos y desafíos adicionales para llegar a todos los usuarios”, explicó Casalino.

Más adelante, Aznar explicó: “Muchos usuarios de prestadoras cooperativas no entienden por qué tienen menos beneficios que los de la EPE. Esto genera legítimos reclamos, pero la falta de legislación que nos equipare hace que no podamos ofrecerles lo mismo. A pesar de las dificultades, seguimos trabajando para mejorar el servicio”.

Un proyecto con historia

A lo largo de la charla, se recordó que años atrás, en su última etapa como senador provincial, en noviembre de 2021, el actual ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, impulsó un proyecto de similares características que logró la media sanción de la Cámara alta de Santa Fe, pero no tuvo la misma suerte en la Cámara de Diputados. Casalino valoró ese antecedente como un paso importante y subrayó que la actual propuesta retoma esa iniciativa, con el objetivo de continuar luchando por los derechos de los usuarios cooperativos.

En cuanto a las expectativas sobre el avance del proyecto en la Legislatura, Aznar destacó la legitimidad del reclamo como el principal motor del proyecto: “La legitimidad del reclamo es lo que le da fuerza. Esta es una oportunidad propicia para saldar una deuda histórica con el sector cooperativo, y estamos decididos a seguir luchando hasta que esto se convierta en ley”.

Casalino, por su parte, resaltó la importancia de que las legislaturas sean un reflejo de las demandas populares. “El Estado debe entender que las cooperativas no son empresas públicas, sino empresas solidarias que prestan un servicio público -a partir de una concesión- de forma asociativa. Es hora de que se reconozcan los derechos de los usuarios cooperativos, sin discriminación”, afirmó.

En busca de respaldo comunitario

El proyecto cuenta con el apoyo de varias entidades intermedias (Parque Industrial, Centro Comercial y Sociedad Rural, entre otras) y asociaciones de consumidores, que fueron convocadas para sumarse a la iniciativa. En este sentido, Aznar detalló que ya sostuvieron reuniones con diversas organizaciones en la región sur y centro-sur, buscando consolidar un amplio consenso que fortalezca el proyecto: “La adhesión de todos los actores involucrados es crucial para darle mayor fuerza y lograr que se convierta en ley”, dijo el cooperativista.

Asimismo, el presidente de la CEVT confió en el acompañamiento de todo el arco político para “saldar una vieja deuda con los usuarios de las cooperativas de electricidad de toda la provincia” y sumó que “Fescoe está trabajando este proyecto en toda la provincia: en el norte, con sede en la Cooperativa de Avellaneda; en el área central, con epicentro en la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez; y en el sur-sur, con eje en la Cooperativa Eléctrica y sus pares de la región”.