Declaran "extinguida la acción penal" contra Maurino y Gonzalo, exreferentes de Amsafe

El juez de la Cámara , Tomás Orso, declaró este martes extinguida la acción penal contra los exreferentes de Amsafe General López, Alberto Maurino, ex Secretario Seccional, y Leandro Gonzalo, ex Secretario Adjunto. Ambos fueron sobreseídos debido a la prescripción de la acción penal y por la violación del plazo razonable de tramitación de la causa.
La causa penal había sido iniciada en 2016 a raíz de una denuncia formulada por la comisión gremial entrante, liderada por Javier Delgado, ante el Ministerio Público de la Acusación.

 Demora judicial

El Juez Orso, en contacto con LT29,  contextualizó que los hechos investigados databan de mediados de 2016 hacia atrás. “Esto ocurrió en el año 2016, y los denunciados fueron llamados a audiencia imputativa en el año 2021, es decir, unos 5 años después. Tres años después, es decir, en el año 2024 se formuló la acusación a unos 8 años de la denuncia y de los hechos, que  databan de mediados del año 2016 hacia atrás”, detalló el funcionario judicial.
El magistrado explicó que la acción penal por delitos de índole patrimonial, como la administración infiel, administración fraudulenta y estafas, prescribe a los 6 años de la comisión del hecho. Según este cálculo, la Fiscalía hubiese tenido tiempo para formular la acusación hasta mediados del año 2022. Dado que la acusación apareció casi dos años después de ese plazo límite, en 2024, se entendió que la acción estaba prescripta.

Violación al plazo razonable

Además de la prescripción, el sobreseimiento se dictó por considerar que el plazo de investigación y tramitación fue “excesivo e irrazonable”. La causa ya llevaba casi una década (más de nueve años). El juez calculó que, si el proceso continuaba —incluyendo fijación de juicio, apelaciones y eventuales recursos ante las cortes provincial y nacional—, la causa podría haberse extendido hasta 15 años, un lapso que calificó como un "despropósito total".

Denuncia de 2016

La denuncia que dio origen a la causa fue radicada por el sucesor de Maurino, Javier Delgado. En 2016, Delgado manifestó su preocupación por la administración de fondos al sostener que, en los días previos al vencimiento del mandato de la anterior conducción (23 y 24 de junio de 2016), hubo movimientos en efectivo de más de 4,5 millones de pesos.
Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran:
• Un balance que incluía más de 2 millones de pesos en indemnizaciones a trabajadores.
• El pago de casi 500 mil pesos a la esposa de un exdelegado que fue despedida.
• Gastos significativos en los últimos días de mandato, incluyendo un pago de honorarios de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija el mismo día de la elección, además de compras de materiales de construcción realizadas después del proceso eleccionario.
 

Crítica institucional

 Orso reconoció que la resolución vía prescripción constituye una "respuesta de muy baja calidad institucional". Argumentó que este resultado no brinda una respuesta satisfactoria, ya que "no se obtiene ni un pronunciamiento que desincrimine al denunciado [...] ni tampoco un pronunciamiento que le dé la razón a la persona que confió en el sistema de justicia".
Orso sugirió que estas demoras se deben a la falta de controles dentro del Poder Judicial, donde la duración de los procesos pareciera ser un "elemento secundario". E