Diputados de la oposición exigen declarar la emergencia en discapacidad

Durante la última semana de mayo se anticipó, con insistencia, en la sesión que la Cámara de Diputados de la Nación tendrá el próximo miércoles, a pedido de varios bloques opositores, para declarar la emergencia en discapacidad. Hasta el primer día de junio no figuraba la convocatoria oficial en la agenda de la Cámara baja. Sí, en cambio, aparece para este martes a las 12.30, una reunión de comisión de Acción Social y Salud Pública para abordar varios proyectos que expresan, cuanto menos, "preocupación" por la situación del Hospital Garrahan.

Es que la salud pública estuvo en el centro del debate durante la última semana y los reclamos se hicieron bien visibles con marchas en todo el país, por discapacidad, y en CABA por la suerte del hospital pediátrico, referente en la Argentina y el mundo.

Mientras tanto, los bloques opositores confían en sancionar este miércoles con una amplia mayoría un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, que es rechazado de plano por el Gobierno Nacional debido al impacto fiscal que, aseguran, tiene esa iniciativa.

No es el único tema que está en la lista: Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre pidieron la sesión para tratar, además, el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, y del bono de los que cobran la mínima, luego de la frustrada sesión del 21 de mayo que no reunió quórum para debatir este tema. Si el debate llega finalmente al recinto, será el mismo día en que el sector pasivo se volverá a movilizar, como cada semana, al Congreso.

Sobre la sesión que se anuncia ahora, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, quien debería oficializar la convocatoria en las próximas horas, acusó a los bloques opositores de "intentar romper el equilibrio fiscal" con la intención de aprobar aumentos en jubilaciones y de las pensiones y prestaciones de discapacidad ya que implican un costo de unos 12000 millones de dólares. Se sabe que esta gestión nacional tiene al "déficit cero" por encima de toda política, aunque esta implique recomponer la mínima de jubilaciones que apenas supera los 300 mil pesos con un bono congelado desde hace meses en 70 mil pesos.

Menem dijo, a través de su cuenta en X, que "una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% del PBI)."

Cuestión de pesos

De acuerdo a la información publicada por la agencia Noticias Argentinas, el proyecto impulsado por Unión por la Patria y aliados tiene tres ejes: declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre del 2027, un aumento de las prestaciones mensuales de acuerdo a la inflación, y fija que deberán tener un valor equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

La Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.

Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al número de beneficiarios "por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían suceder con la nueva ley.

En tanto, según el mismo informe, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7,160 millones de pesos.

En cuanto a la emergencia por discapacidad, para la sesión del miércoles hay cuatro dictámenes promovidos por UP-CC-EF y la izquierda; por el sector del PRO macrista; Democracia para Siempre y la UCR.

El oficialismo, aliados provinciales, y el PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales peluca (Liga del Interior) no presentaron ningún despacho con lo cual rechazan de plano todas las iniciativas.

Las principales diferencias están centradas en la extensión que tendrá la emergencia ya que UP propone que se establezca hasta el 31 de diciembre del 2027, y DPS y la UCR en un año, mientras que el PRO considera que haya una emergencia vigente.

Otro de los puntos centrales está en las prestaciones ya que el dictamen de mayoría y de Democracia Para Siempre fija que se debe compensar la diferencia entre los valores establecidos desde fines de diciembre del 2023 hasta fines del año pasado, mientras que el PRO y la UCR no contemplan esta diferencia y solo el mecanismo que se aplicará desde la sanción de la ley.

En ese punto todos los proyectos comparten en establecer que las prestaciones se actualicen con el aumento de la inflación desde la sanción de la ley.

El tema más controvertido es el aumento de las pensiones ya que el dictamen de mayoría propone que se pague el 70 por ciento del haber mínimo y ese punto no es respaldado por los radicales de DPS, la UCR ni el PRO.

Uno de los legisladores que se mostró más optimista sobre la posible media sanción de la ley es el presidente de la comisión, Daniel Arroyo, quien aseguró que el dictamen de mayoría "tiene acompañamiento de Unión por la Patria, de la izquierda, del Bloque de Encuentro Federal, de Innovación Federal, que son diputados de provincias que en general acompañan al gobierno, de la Coalición Cívica, con lo cual deberíamos claramente tener quórum y poder empezar la sesión"

El dictamen de mayoría tuvo 59 firmas, y los despachos de minoría del PRO reunieron 9 firmas, el de DpS 8 firmas y el de la UCR 7 rúbricas.

¿Y el Garrahan?

A todo esto, la comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Pablo Yedlin, convocó a reunión para el martes a las 12.30.

El temario está bien claro: un proyecto de resolución de Micaela Morán (UxP) que expresa preocupación por la política de desfinanciamiento del Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".

Otra iniciativa similar de los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón. Y una más encabezada por Ana Carla Carrizo (Democracia Para Siempre).

A su vez Yedlin y legisladores de UxP, entre ellos Cecilia Moreau, impulsan un proyecto para declarar, por dos años, la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud.

Más allá de lo que ocurra en la comisión y de la suerte del proyecto mencionado , se descuenta que en la sesión del miércoles, si finalmente se confirma, el tema estará presente en discursos e intervenciones de las y los legisladores que desde diversos sectores (no solo la oposición dura) salieron a reclamar por la situación de uno de los centros de salud de mayor prestigio, de los profesionales que allí trabajan y, obviamente, de la incertidumbre que genera esta situación para los pacientes y sus familias.