Diputados dio media sanción a la reforma para reducir la litigiosidad laboral

Después de intensos meses de discusiones y trabajo en comisiones, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto de ley que busca disminuir la litigiosidad laboral en la provincia y, consecuentemente, reducir el costo empresarial asociado a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). La votación, que se llevó a cabo de forma dividida, registró 32 votos positivos y 14 negativos.

La iniciativa, impulsada por el diputado José Corral (UCR) en septiembre del año pasado, contó con el respaldo de los bloques Unidos, aliados y Somos Vida. En contra se manifestaron el Justicialismo y el Frente Amplio por la Soberanía.

Ampliación y objetivos de la propuesta

El proyecto original de José Corral proponía reformar artículos específicos del Código Procesal Laboral. Sin embargo, el dictamen final, producto del trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales, incorporó modificaciones adicionales a dicho compendio y añadió dos capítulos y disposiciones transitorias. Uno de estos capítulos se enfoca en el fortalecimiento del Observatorio de las Comisiones Médicas, mientras que el otro introduce nuevas reformas a la Ley 14.003, norma por la cual Santa Fe adhirió a la legislación nacional sobre ART.

Desde diversos sectores, diputados como José Corral, Martín Rosúa y Dionisio Scarpin (radicales), así como Joaquín Blanco y Mariano Cuvertino (socialistas), señalaron las dificultades inherentes al sistema actual. Argumentaron que este genera sobrecostos significativos para el empresariado, afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas.

El debate y las posturas de los bloques

Las diputadas Lucila De Ponti y Celia Arena, representantes del Justicialismo, expresaron su preocupación por la posible inconstitucionalidad de la norma. Por su parte, los legisladores de izquierda Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver manifestaron un rechazo categórico a la propuesta.

José Corral valoró el enriquecedor debate que el tema generó en la Cámara de Diputados, un proceso que incluso el Poder Ejecutivo habilitó en Sesiones Extraordinarias. «La intención central es bajar los sobrecostos que el sistema de ART le trae al sistema productivo para mejorar la competitividad de las empresas y fomentar el trabajo registrado», subrayó.

El legislador radical enfatizó que estos sobrecostos no se traducen en beneficios para los trabajadores ni para las empresas, sino que alimentan un «sistema burocrático». Presentó datos comparativos que indican que las empresas santafesinas abonan las primas más elevadas por el servicio de ART en comparación con otras provincias vecinas, una situación atribuida a la alta litigiosidad, pese a la baja accidentología. «Modificamos las medidas procesales y desvinculamos a los peritos del resultado del juicio», detalló.

En una línea similar, Martín Rosúa, quien también es autor de un proyecto sobre la materia, remarcó: «Hay cada vez menos accidentes laborales, pero cada vez más juicios».

Contrastando, Lucila De Ponti (PJ) reconoció la importancia de abordar la reducción de la litigiosidad, pero consideró que el enfoque propuesto era incorrecto y podría vulnerar la Constitución. Celia Arena complementó esta visión, aludiendo a que el problema fundamental reside en las enfermedades profesionales, más que en la accidentología laboral.

Radiografía del sistema ART y la proyección a futuro

Joaquín Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, que se encargó de las audiencias y de escuchar a las partes involucradas, ofreció una descripción detallada del sistema de ART. Destacó que este cuenta con una decena de actores principales, incluyendo a tres cooperativas con sede en la provincia: Sancor, La Segunda y San Cristóbal. Informó que el sistema facturó 2.700 millones de dólares en 2025.

Blanco caracterizó la sanción de esta ley como un «primer paso» y enfatizó la necesidad de una reforma profunda del fuero laboral en la provincia de Santa Fe. «Nos toca mejorar el sistema y ese será una instancia», reiteró el socialista, insistiendo en el doble objetivo de reparar a los trabajadores que sufren problemas laborales y proteger a las empresas. Mencionó que, recientemente, la Corte Suprema de Justicia tomó juramento a tres peritos oficiales cuya designación había sido habilitada en 2018.

Mariano Cuvertino, por su parte, se refirió a las reformas implementadas en el Observatorio, señalando que la iniciativa constituye una «reforma parcial» y que la verificación de sus resultados será crucial. Ambos legisladores hicieron un llamado a la coordinación entre los diversos actores del sistema, incluyendo al Ministerio de Trabajo provincial, la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Alcances específicos de las modificaciones legislativas

La media sanción de la Cámara de Diputados impacta en seis artículos del Código Procesal Laboral. Una de las modificaciones clave es al artículo 39, con la incorporación del inciso «e». Este establece que: «En caso de reclamos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales conforme a las Leyes Nacionales N° 24.557 y 27.348, y su adhesión provincial por Ley 14.003, el actor debe acreditar el agotamiento de la vía administrativa y exponer los fundamentos que sustenten un criterio divergente al sostenido por la Comisión Médica Jurisdiccional«.

Las otras reformas abarcan los artículos 41, 42, 76, 82 y 83. El artículo 82, en particular, determina que «los honorarios de los peritos que no integren el Cuerpo Especializado del Poder Judicial e intervengan en las controversias judiciales, no estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio, ni al porcentaje de incapacidad que se dictamine en caso de pericia médica.

Los honorarios revisten carácter alimentario y deberán regularse una vez finalizada su labor o cuando hubiere sido desafectado por causas no imputables a este. Serán fijados teniendo en cuenta la apreciación judicial de la labor técnica realizada en el pleito y su relevancia; calidad, celeridad y extensión en lo concreto y no podrá exceder los 5 jus».

Una segunda parte de la ley se enfoca en el Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas, asignándole nuevas funciones para la recopilación de estadísticas precisas sobre el funcionamiento del sistema.

Finalmente, el capítulo que modifica la Ley 14.003 estipula, entre otras disposiciones, que la labor de las Comisiones Médicas será supervisada conjuntamente por el Poder Ejecutivo Provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conforme al mecanismo que se defina mediante convenio. Adicionalmente, se crean 6 cargos para conformar un cuerpo especializado de profesionales con dedicación exclusiva, siendo incompatible el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, pública o privada, remunerada o no, que pueda comprometer la independencia de criterio, imparcialidad, disponibilidad o el adecuado cumplimiento de las funciones inherentes al cargo.