Cruces en torno a la Emergencia
Discapacidad: terminante rechazo de la Casa Rosada al dictamen de Diputados
La Agencia Nacional de Discapacidad expresó su "enérgico rechazo", tildando el proyecto de "regresivo" e "irresponsable" al proyecto de la Cámara baja. En respuesta, asociaciones acusaron a la gestión de “ajustar a los más vulnerables”. Ejes del conflicto: auditorías en pensiones, aranceles desactualizados y una ofensiva resolución.
(Por Mauro Muñoz) - La tensión entre el gobierno nacional y el colectivo de personas con discapacidad escaló luego de un fuerte comunicado oficial rechazando la ley de Emergencia en Discapacidad. La respuesta no se hizo esperar: organizaciones acusaron a la Agencia Nacional de Discapacidad de "ajustar contra los más vulnerables".
El cruce ocurrió luego de que un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitiera dictamen de mayoría para la declaración de la Emergencia hasta fines de 2027; iniciativa que apunta también a garantizar y aumentar pensiones no contributivas y actualizar el nomenclador de prestaciones.
Además, el proyecto dedica un apartado al abordaje sobre el "maltrato institucional" del Ejecutivo, referido a la publicación de la Resolución 187, donde se incluye un baremo para evaluar la invalidez laboral con terminología obsoleta y peyorativa como "idiota", "estúpido", "retrasado mental".
Críticas a un "modelo asistencialista"
A través de un comunicado, la Andis expresó su "enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad" por considerarlo una "iniciativa regresiva" que "apela a un modelo asistencialista que ya fracasó".
El organismo, encabezada por Diego Spagnuolo, sostuvo que la propuesta "desatiende los estándares internacionales" y "posterga la verdadera inclusión". "Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social", expresó.
Diego Spagnuolo encabeza la Agencia Nacional de Discapacidad bajo la gestión libertaria.
Además, cuestionó la viabilidad financiera de la norma al considerar que "multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían". En ese sentido, apuntó contra la gestión anterior por haber "flexibilizado los criterios de otorgamiento" de pensiones y "desfinanciado el sistema".
Al mismo tiempo, defendió las políticas que se llevan adelante actualmente. "Este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan", aseguró.
“Dejar a las personas a su suerte”
Múltiples organizaciones, nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad, publicaron una dura carta dirigida a Spagnuolo en la que acusa a su gestión de tener un "profundo desconocimiento de la situación que atraviesan las personas con discapacidad" y reclamaron medidas urgentes para el sector.
La organización cuestionó que el gobierno hable de inclusión sin garantizar las condiciones materiales mínimas. "No parece representar un motivo de preocupación, según su declaración, que hogares o residencias para personas sin red familiar estén en riesgo de cierre por desfinanciamiento. Ni que la medicación imprescindible no llegue a quienes dependen de ella para vivir con dignidad", enfatizaron.
Las organizaciones denuncian que la Resolución 187 retorna al modelo médico de la discapacidad, con terminología obsoleta y peyorativa.
Según el Foro, “resulta difícil comprender cómo pueden afirmar que esta emergencia es un invento o una construcción interesada”. También refutaron la idea de que el proyecto de ley contradiga el modelo social de la discapacidad. "Pareciera que entienden por 'vida independiente' dejar a las personas a su suerte, sin herramientas mínimas para ejercer sus derechos", criticaron.
En cuanto a la supuesta mejora en los valores prestacionales, el Foro cuestionó que “no se ha revertido la tendencia heredada”. “Si sumamos el 25% de inflación de diciembre 2023 a la de 2024, el total asciende a 173,3%. Por lo tanto, no hubo recuperación real”, indicaron.
Otro capítulo sobre la auditoría
Uno de los puntos más conflictivos gira en torno a la Resolución 187/2025, con la que el gobierno inició una auditoría masiva sobre las pensiones no contributivas. El documento, publicado en enero, provocó fuerte rechazo por parte de organizaciones, prestadores y personas con discapacidad por el enfoque adoptado y la terminología utilizada.
La Andis volvió a defender el procedimiento. En el comunicado afirmó que “comenzó a auditar pensiones mal otorgadas” como forma de ordenar el sistema y recuperar fondos. Sin embargo, desde el Foro alertan que "se están enviando cartas documento con una base de datos desfasada y sin garantías claras", generando "estado de desesperación en las familias".
Mientras se debatía el proyecto en el Congreso, afuera volvió a haber reclamos.
Asimismo, la Agencia denunció que "durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban".
En tanto, las organizaciones recordaron que más de 500.000 solicitudes de pensión se encuentran aún sin resolverse, mientras que en talleres protegidos se pagan apenas $28.000 mensuales desde hace más de un año. "Las respuestas se necesitan hoy. Si hay mucho para unos pocos, también tiene que haber para aquellos que sin esa ayuda no tienen un presente digno, ni un futuro posible", concluye el documento.
A su vez, exigieron que las auditorías sean "transparentes, con criterios adecuados al modelo social, comunicación clara y sin vulnerar derechos adquiridos". Y preguntan: “¿Qué sucederá si las pensiones fueron correctamente otorgadas? ¿Por qué aplicar solo el criterio de incapacidad laboral, cuando se reconocen las barreras estructurales que impiden acceder al empleo formal?”
