El Concejo aprobó por amplia mayoría un rechazo a la Ley de Tierras

El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó en la sesión del último miércoles una resolución de fuerte contenido político vinculada al debate nacional por la modificación de la Ley de Tierras, con nueve votos a favor y sólo el rechazo del bloque de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por el bloque de Ciudad Futura (con el apoyo del oficialismo de Unidos), expresó el rechazo a los cambios impulsados por el Gobierno nacional que buscaban flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros.

El proyecto local tomó posición frente al dictamen que se analizaba en el Senado de la Nación dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto advertía que la reforma planteaba modificaciones sustanciales al régimen de protección de tierras rurales establecido por la Ley Nacional N° 26.737, al reconfigurar los límites máximos de titularidad extranjera y reducir herramientas de control territorial de provincias y municipios.

La resolución aprobada por el cuerpo legislativo venadense sostuvo que la tierra no debe ser considerada una mercancía más, debido a su importancia estratégica para la producción de alimentos, el desarrollo de las comunidades, la preservación ambiental y el acceso a recursos fundamentales como el agua.

Entre los principales cuestionamientos planteados por los concejales aparece la eliminación de controles a escala departamental y municipal. Según el proyecto, la fijación de un límite global por provincia podía permitir una concentración significativa de tierras en determinados distritos donde existieran recursos productivos o bienes naturales estratégicos.

El pronunciamiento también alertó sobre el impacto que una eventual flexibilización podría tener en las economías regionales y en la capacidad de las comunidades locales para definir el destino productivo y ambiental de sus territorios.

La votación en Venado Tuerto se produjo mientras a nivel nacional el oficialismo negociaba cambios al proyecto de ley. Finalmente, el Gobierno decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para avanzar en el Senado, un revés político que obligó a modificar la estrategia legislativa.

El texto aprobado por el Concejo además solicitó a los representantes santafesinos en la Cámara alta que rechazaran las modificaciones y defendieran límites estrictos a nivel departamental y municipal sobre la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.

De esta manera, el debate sobre la Ley de Tierras abrió una discusión que trascendió la cuestión dominial y puso en el centro la tensión entre la llegada de inversiones, la soberanía territorial y el rol de los gobiernos locales en la planificación del uso del suelo.