Proyectos de Verónica Ruiz
Venado Tuerto: impulsan medidas por la caída de la natalidad y las estafas con viviendas
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Se trata de dos proyectos de resolución que buscan conocer datos oficiales sobre nacimientos en la ciudad y el pedido de retomar el registro de empresas dedicadas al rubro de viviendas.
En la última sesión del Concejo venadense, la edil Verónica Ruiz presentó dos proyectos de resolución que abordan problemáticas de fuerte impacto social: el descenso sostenido de la natalidad y la creciente preocupación por estafas vinculadas a empresas de viviendas industrializadas.
Por un lado, la concejal manifestó su inquietud frente al abrupto descenso en la tasa de nacimientos tanto a nivel nacional como provincial, una tendencia que se viene consolidando en las últimas dos décadas. Según datos citados en la resolución, en 2023 se registró un 48% menos de nacimientos respecto del año 2000. En sectores de menor nivel educativo, la caída llega al 77%. A su vez, la tasa global de fecundidad en Argentina se encuentra muy por debajo del nivel necesario para el recambio generacional.
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En el caso de la provincia de Santa Fe, se advierte que, durante el 2025, es posible que el número de decesos supere al de nacimientos.
A ello se suma que la tasa global de fecundidad (TGF) en Argentina, según datos del INDEC, cayó a 1,54 hijos por mujer en 2020, lejos del 2,1 que se prevé para el reemplazo poblacional.
“Esta situación es multicausal: desde el ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral, el crecimiento educativo, hasta el acceso a la salud reproductiva y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, señalaron desde el recinto. En ese marco, se solicitó al Ministerio de Salud provincial y al Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez informes detallados sobre la evolución de la natalidad en la ciudad y la provincia, así como datos actualizados sobre las interrupciones voluntarias del embarazo desde la legalización de la práctica en 2020.
“Mi inquietud se refiere a si desde la legalización del aborto con el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) ha influido en las estadísticas”, remarcó la edil autora del proyecto.
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“Como no he podido conseguir las estadísticas, decidí presentar esta resolución tanto al Ministerio de Salud de Santa Fe como al Hospital Gutiérrez”, destacó la médica pediatra respecto al origen del mensaje.
También remarcó que no cree que el IVE haya influido tanto en estos datos, pero como trabajadora de la salud sostiene que la baja natalidad “se nota muchísimo” tanto en el ámbito público como privado.
Respecto a posibles causantes de este drástico descenso en los nacimientos, Ruiz sostuvo que pueden corresponder a un cambio en las estructuras familiares y las metas femeninas.
Estafas con viviendas
En paralelo, el Concejo puso el foco en una problemática que ha generado múltiples reclamos en la ciudad: las estafas y los incumplimientos por parte de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de viviendas industrializadas.
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El cuerpo legislativo local, a través de un pedido de Verónica Ruiz, pidió a la Legislatura santafesina que retome y apruebe un proyecto de ley que propone la creación de un registro provincial de fabricantes, inspirado en el modelo cordobés, que permitiría controlar, fiscalizar e informar a los consumidores sobre las empresas habilitadas para operar en este rubro.
El proyecto original -que había perdido estado parlamentario y fue recientemente reingresado- establece que todas las firmas del sector deben inscribirse obligatoriamente, actualizando semestralmente sus datos, y prevé sanciones para aquellas que no cumplan con la normativa. La intención es brindar mayor seguridad jurídica a quienes contratan este tipo de viviendas, muchas veces como única alternativa de acceso a una casa propia.
“Estamos frente a dos fenómenos que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos: por un lado, una transformación profunda en las dinámicas poblacionales; por el otro, un vacío normativo que deja a los ciudadanos expuestos a fraudes y engaños”, remarca el texto presentado por Ruiz.
El proyecto de ley santafesino estaba inspirado en el RECVI, primer registro de estas características en el país, implementado por la provincia de Córdoba.
Dicho registro abarca a todas aquellas empresas dedicadas a la comercialización, fabricación, construcción, e instalación de viviendas industrializadas y/o prefabricadas, incluyendo a la construcción en seco no tradicional en cualquiera de sus formas, tipologías y características.
Por lo que toda empresa inscripta en el RECVI será pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, por presuntas infracciones al artículo 4 y concordantes de la misma.
Además establece que quienes pretendan llevar a cabo una compra de este tipo, puedan entablar contacto con los canales de comunicación de Defensa del Consumidor, a los efectos de conocer si dicha empresa se encuentra inscripta en el RECVI, consultando al mismo tiempo en el Registro Público Provincial de Infractores que también lleva adelante la Dirección.
En el registro también se destaca la necesidad de continuar y profundizar las políticas de prevención en cuanto a la inobservancia e incumplimientos de los proveedores respecto de los derechos de los consumidores y usuarios, especialmente en la contratación de viviendas del tipo prefabricadas, económicas o denominadas viviendas industrializadas de construcción no tradicionales en general.