El debate por el vencimiento de tarjetas de los empleados públicos llega a Diputados
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En la Cámara baja santafesina, proyectos de resolución y de ley hablan del fenómeno estructural del país del endeudamiento y la mora familiar. Pero también de los días que pasaron aquí entre el vencimiento de gastos "tarjeteados" y el cobro de los haberes del Estado.
Por una vez, los empleados públicos provinciales sufrieron lo que tantas veces les ha pasado a trabajadores de empresas privadas: la tarjeta de crédito venció a los agentes del Estado santafesino antes de cobrar sus salarios, y todo sucedió en el mismo banco. El tema fue parte de los debates que, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, mostraron posiciones de los distintos bloques frente a asuntos que tiene al gobierno nacional como principal protagonista.
El cuerpo de 50 bancas aprobó con una sólida mayoría pronunciamientos sobre el problema del endeudamiento de las familias argentinas para cubrir gastos domésticos que hoy se han vuelto de morosidad estructural, de las política de género que se extinguieron con el inicio de la gestión libertaria y de otros ajustes nacionales que muestran como se dividen las aguas en Santa Fe.
En Unidos, cada uno de estos temas mostró a socialistas y radicales de un lado (unos con discursos más duros que otros) y a los miembros del Pro del otro. Al momento de votar resoluciones y declaraciones sobre tópicos en los que la Casa Rosada es responsable, el macrismo santafesino quedó del mismo lado que otras expresiones más a la derecha, como es el caso de los diputados de origen celeste.
En es contexto, lo que sucedió con las cuentas de los empleados públicos provinciales, que primero debieron afrontar sus gastos realizados con la tarjeta de crédito y pudieron cobrar recién unos días después, brindó a unos y otros la oportunidad de tomar posiciones frente a la morosidad de los hogares y al comportamiento de las entidades crediticias.
Jornada
La socialista Gisel Mahmud propuso que la Cámara organice una jornada de debate sobre los el problema del endeudamiento, así como de las plataformas digitales y las entidades bancarias que ofrecen créditos sumamente accesibles, en apariencia. Su resolución se aprobó con votos en contra del Pro y los diputados que accedieron a su banca en 2023 (o antes) junto a Amalia Granata.
La diputada aprovechó para reprocharles a sus pares que recién en ahora habían votado su proyecto de ley (que ciertamente perdió estado parlamentario tres veces) para promover la educación financiera, pero pretendió que con esta última se podría haber evitado el drama que vive el 13% de los usuarios formales del sistema financiero en Santa Fe.
Esa ida fue rechazada por radicales, socialistas y peronistas. Lucila De Ponti del justicialismo, con lógica impecable, argumentó: hace diez años, o veinte, no se hablaba de educación financiera y no existía este fenómeno de la morosidad familiar. Rechazó "el prejuicio de que se endeudan porque son ignorantes".
Desde el bloque del Frente Amplio por la Soberanía se aportaron datos duros: Santa Fe es el tercer distrito con más deudores en mora y el 70% de ellos es menor a 54 años. Nada menos que 264 mil santafesinos son considerados deudores "irrecuperables".
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En igual dirección, Marcos Corach reivindicó el rol activo del Estado provincial y aseguró que "se puede hacer más". Puso como ejemplo la billetera Santa Fe durante la pandemia que "había paralizado toda la actividad económica".
El motivo, explicó, "es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios" y adelantó su voto positivo para el proyecto. Luego, Alicia Azanza, con argumentos iguales se abstuvo. Pero antes les espetó a los oficialistas: "¡¿Los sueldos de los policías endeudados, de los maestros, de dónde son?!".
Silvia Malfesi, celeste y libertaria, dijo que los legisladores "no tienen que convocar a jornadas de educación financiera, ni de debate, sino legislar" e invitó a actuar sobre "el 40% de impuestos provinciales y municipales que gravan los créditos", aseguró.
A la ronda la cerró Joaquín Blanco, desde el socialismo. Recordó las desventuras y el procesamiento por lavado de dinero que siguieron a la privatización del ex Banco Provincial, y elogió a la comisión investigadora que revisó aquella venta de la década del '90.
Reivindicó las gestiones hechas esta misma semana por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, ante la entidad bancaria oficial, y luego desde la izquierda se dijo algo que nadie negó: "no hay nada en el contrato de vinculación con el Estado provincial que obligue a que cada empleado público sea cliente". Una norma de se tipo, se recordó, ya había sido presentada por Malfesi.
