El Gobierno avanza con una reforma integral del Código Penal

El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de nuevo Código Penal, con endurecimiento de penas, ampliación de delitos imprescriptibles y la tipificación de nuevas figuras vinculadas al crimen organizado, la violencia urbana y los delitos tecnológicos.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien anunció en redes sociales este martes por la noche que acababa de tener una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei “en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anunció el ministro de Justicia.

En rigor, se había previsto que el nuevo Código fuese tratado en el período de sesiones extraordinarias, pero el texto nunca llegó a las cámaras.

Primer anuncio

El proyecto había sido anunciado a principios de octubre por propio presidente Javier Milei, junto a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, en ocasión de presentar el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen.

Durante el acto, Milei afirmó que se con él se ponía fin a “años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen”. Y prometió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio”, para que “los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.

Bullrich detalló que el nuevo Código se basaría en tres pilares: agravamiento de penas, imprescriptibilidad de delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad”, sostuvo.

Ya entonces se indicó que la reforma propondría que delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban.

También se endurecerían las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

Según trascendió, en el nuevo Código Penal que el Gobierno se propone mandar al Congreso, no se modificaría el delito de femicidio como agravante del homicidio, ni tampoco se avanzaría con el tema del aborto, cuestión de no generar reacciones adversas en el Congreso que terminen frenando el texto.

Agenda prioritaria

La reforma será una de las prioridades que el Ejecutivo enviará al Congreso durante la primera etapa de sesiones ordinarias. La decisión fue consensuada por la mesa política del oficialismo para marcar la estrategia legislativa de los próximos meses, en una etapa donde se busca recuperar la iniciativa en cuestiones de interés público.

La agenda incluye, además de las reformas a la ley de Glaciares que ya comenzaron a discutirse en audiencias públicas, cambios en las leyes de expropiaciones, Tierras, Manejo del Fuego y de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

También, el nuevo esquema de financiamiento universitario que pueda ser compatibilizado con el equilibrio fiscal y la ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger para suprimir legislación y “liberar” la economía.

En cuanto al Código Penal, Mahiques trabaja en una nueva redacción de la propuesta elaborada por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre la cual ya elevó una consulta a la Corte Suprema y en la que está trabajando la comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky.

En revisión

Mahiques dispuso una revisión integral del borrador con el criterio de simplificar su estructura, reducir la extensión y otorgarle mayor precisión técnica antes de su tratamiento legislativo.

Por lo demás, el nuevo esquema buscará mantener la esencia del proyecto original, pero con modificaciones sustanciales en su diseño. La intención del Ejecutivo es contar con una normativa más clara y operativa, alineada con los principios del actual gobierno y adaptada a los desafíos contemporáneos en materia penal.

En ese sentido es que los cambios en análisis apuntan al endurecimiento de penas para delitos económicos, narcotráfico, terrorismo y ciberdelitos, así como la incorporación de nuevas figuras vinculadas a problemáticas emergentes. También se prevé una actualización en delitos informáticos, incluyendo hackeos, accesos ilegítimos y ataques a sistemas críticos.

El proyecto contempla además adecuaciones vinculadas a compromisos internacionales, en particular en materia de propiedad intelectual e industrial, y la inclusión de herramientas más estrictas para el combate del crimen organizado. En paralelo, se mantendrían figuras orientadas a sancionar conductas de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria.

Según se supo, la redacción del texto reduciría la cantidad de artículos, de los 912 actuales a medio millar aproximadamente. Además de las nuevas figuras y el criterio de endurecimiento del volumen de las penas, se ampliaría la cantidad de delitos que no prescribirían.