El Gobierno propone eliminar la movilidad automática de la AUH en el Presupuesto 2027

El debate del Presupuesto 2027 entró en conflicto sobre una política social central en el país: el Gobierno propone en el artículo 17 eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares, el mecanismo que permitió sostener la política de contención en la gestión de Javier Milei.

El martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuará la discusión con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El oficialismo pretende dictaminar el 28 y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, fechas todavía no confirmadas formalmente.

Mientras continúa el cronograma previsto, crecen los reclamos para que el proyecto de marcha atrás con la quita de la actualización vía inflación de la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Alcance de las derogaciones

El conflicto se concentra en el breve artículo 17, que dice: “Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. El primero establece la movilidad de los importes y de los límites y rangos de ingreso para acceder al beneficio; los otros regulan su cálculo por ANSES y la aplicación inicial.

Esta fórmula fue instaurada por el propio gobierno libertario en 2024. El Decreto 274 estableció que las asignaciones y prestaciones previsionales de ANSES pasarían a actualizarse todos los meses según la inflación de dos meses previos, argumentando que en ningún caso podría resultar una disminución del haber que percibe el beneficiario.

Antes de llegar a este sistema, el cálculo del dinero de la AUH pasó por varias etapas. Cuando fue creada en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner se actualizaba discrecionalmente por decretos una o dos veces al año. En 2015, la gestión de Mauricio Macri sancionó la Ley 27.160, que las acopló la Movilidad Jubilatoria, con aumentos obligatorios y automáticos dos veces al año mediante una combinación de la recaudación de ANSES y aumento salarial. Luego tuvo otro cambio en 2020 con Alberto Fernández donde pasó a revisarse cada tres meses.

Ahora, de prosperar la derogación, no desaparecerían las prestaciones ni habría una reducción de montos; sino que se borraría la obligación de ajustarlos mediante la fórmula que contempla el IPC. El proyecto no establece otra regla ni una periodicidad obligatoria: así, los aumentos quedarían sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.

Impacto en el poder de compra

El alcance del cambio aparece con claridad en informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La OPC muestra cómo la evolución que tuvo durante años el valor real de la AUH fue variable debido a la creciente inflación que atravesaba el país: cada aumento tenía una recuperación inmediata, seguida de una pérdida gradual hasta el ajuste siguiente.

Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023, la AUH tocó un mínimo al finalizar ese período producto de la devaluación dispuesta por Milei apenas asumida la presidencia. Luego, el Gobierno dispuso un aumento extraordinario del 100% para recuperar lo perdido y con la movilidad mensual con un IPC relativamente estable permitió proteger ese ingreso.

En contraposición, la Prestación Alimentar no cuenta con esa movilidad: sus valores dependen de aumentos discrecionales y su poder de compra repitió el patrón de recuperaciones transitorias y posteriores caídas. La OPC calcula para Alimentar un promedio real que descendió drásticamente desde diciembre de 2023. Como contrapunto, marca que el Plan 1.000 Días mantuvo su recomposición también gracias a la indexación mensual posterior de 2024.

En el Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, la OPC proyecta $9,2 billones para AUH y AUE, con una suba de apenas 0,7% real y unos 4,1 millones de beneficiarios previstos. Las asignaciones familiares contributivas contarían con $5,2 billones, 5,7% más en términos reales. Alimentar, en cambio, tendría $3 billones, creciendo 8% nominal, pero con una caída del 10,5% real.

Planteos y reclamos

UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevaron la preocupación a una comisión de Diputados. Las instituciones señalaron que las transferencias de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes y advirtieron sobre la eliminación de su garantía de movilidad.

El proyecto asigna $21,5 billones a políticas de niñez, 7% más en términos reales sobre el crédito vigente de septiembre. Pero, según UNICEF, faltaría sumar cerca de $1,5 billones al gasto previsto para 2026 para cubrir las actualizaciones automáticas hasta diciembre. Con esa base corregida, el crecimiento real de 2027 prácticamente desaparece.

“Proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental”, planteó Sebastián Waisgrais, de UNICEF, ante los diputados integrantes de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes.

En la Cámara, la objeción ya no proviene solamente de los bloques de la oposición más férrea. Uno de los espacios cuyos votos necesita el oficialismo para sancionar el Presupuesto, la UCR, también se expresó este domingo en favor de conservar la actualización por inflación de AUH, AUE y ayuda escolar, además de revisar los artículos de discapacidad.

La respuesta de Hacienda

En la primera audiencia de Presupuesto, Victoria Tolosa Paz cuestionó a Carlos Guberman por el artículo 17 y preguntó por qué se buscaba dejar los aumentos sujetos a decisiones administrativas. El secretario de Hacienda defendió otro objetivo: “Lo que nosotros queremos hacer es [...] sostener una determinada cobertura de la canasta básica alimentaria”.

Su argumento fue que los alimentos pueden subir más que el índice general, por lo que una movilidad por IPC no siempre garantiza igual capacidad de compra de comida. “Nuestra intención es que eso se sostenga a lo largo del tiempo”, afirmó. El compromiso oficial apunta a que la combinación de AUH y Alimentar cubra al menos 95% de una CBA; no establece, sin embargo, qué ocurriría ante una inflación superior a la prevista.

La discusión también tiene alcance fiscal. Guberman explicó que Hacienda estima los ingresos, descuenta “los gastos que tienen alguna cláusula de ajuste automático” y reparte el margen restante. La derogación quitaría una obligación legal de ajuste, aunque el proyecto no cuantifica el eventual ahorro que se produciría de aprobarse esta medida.

Hacienda proyecta 18% de inflación a diciembre de 2027, contra 21,2% del último REM relevado por la OPC. La diferencia no supone por sí sola una pérdida determinada para los hogares: dependerá de cuánto y cuándo decida aumentar el Ejecutivo. Pero, de aprobarse el artículo 17, la garantía que estabilizó el valor real de la AUH ya no estaría escrita en la ley.