Reconfiguración
El impacto que tendrá el cierre de Vialidad Nacional y qué rol tenía
El histórico ente responsable de planificar y conservar más de 40.000 kilómetros de caminos en todos el país deja de operar tras la decisión del Gobierno.
El Gobierno nacional oficializó el cierre de la histórica Dirección Nacional de Vialidad (DNV), responsable durante décadas de diseñar, construir y mantener más de 40.000 kilómetros de rutas en todo el país. En su lugar, se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que tendrá la tarea de supervisar las concesiones y fiscalizar la red vial nacional.
La medida forma parte de un plan más amplio para reorganizar el sistema de transporte terrestre, modernizar su gestión y combatir prácticas irregulares que se asociaban a la obra pública. El anuncio confirma la intención del Ejecutivo de avanzar hacia un esquema mixto, donde el Estado mantenga el rol de contralor y el sector privado participe en la administración y el mantenimiento de rutas.
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Funciones históricas
Vialidad Nacional no solo construyó caminos, sino que cumplió un rol clave en conectar al país de norte a sur. Entre sus principales tareas estaban: el mantenimiento de rutas nacionales asfaltadas y de ripio, la planificación de autopistas, la instalación de señalización, defensas, puentes y la respuesta ante emergencias viales como crecidas o nevadas.
Su trabajo permitió que destinos turísticos y regiones productivas quedaran integradas al resto del país. Localidades de la Patagonia, el Norte argentino y la zona cordillerana, como Bariloche, Ushuaia o Cafayate, fueron más accesibles gracias a la red que este organismo desarrolló y mantuvo durante décadas.
Nueva etapa
Con la creación de la Agencia de Control de Concesiones, el Gobierno proyecta que cerca de 9.000 kilómetros de rutas nacionales pasen a manos de concesionarias privadas. Este modelo busca garantizar el mantenimiento permanente, mejorar el estado de las rutas y agilizar obras que muchas veces quedaban demoradas por la burocracia estatal.
Sin embargo, la iniciativa genera preocupación en provincias donde las rutas presentan deterioros graves. Por ejemplo, en Santa Fe persisten fallos judiciales que ordenan la reparación urgente de tramos críticos, como el de la Ruta 11 entre Santa Fe y San Justo. Frente a esto, existe el temor de el nuevo sistema derive en subas de peajes o en obras que prioricen solo corredores de alto tránsito.
Impacto social
Otra incógnita abierta es el futuro de los más de 4.000 empleados que formaban parte de Vialidad Nacional. Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre cómo será la reubicación o continuidad laboral del personal técnico y administrativo.
En paralelo, persiste la expectativa de que la nueva agencia mantenga las funciones esenciales para garantizar la seguridad vial, la conectividad productiva y el desarrollo del turismo en todo el territorio. El gran desafío será sostener estos objetivos históricos sin perder de vista la equidad y el acceso federal.
En definitiva, este cierre marca el fin de una etapa y abre un escenario nuevo para la gestión de las rutas argentinas. Con más control privado y menos presencia estatal directa, el reto será equilibrar eficiencia, transparencia y servicio público, asegurando que las rutas sigan siendo un puente que conecte regiones, personas y economías de todo el país.
