El superávit que defiende Milei y el costo fiscal de la oposición

Bajar impuestos para que inversiones y empleo regeneren el tejido productivo es la propuesta de la Casa Rosada; redistribuir para mejorar jubilaciones, prorrogar la moratoria previsional y dictar la emergencia en discapacidad es la prioridad que la oposición votó el pasado miércoles en Diputados. Pero incluso las causas nobles necesitan un presupuesto.

¿No hay plata? La Oficina de Presupuesto del Congreso reseñó que durante los primeros cinco meses del año, la Administración Pública Nacional (APN) registró un superávit primario de $7,7 billones y otro financiero de $3,3 billones.

Sin embargo reconoció que ambos resultados fueron inferiores en términos reales a los registrados en el mismo período de 2024 (26,1% año contra año (a/a) y 4,6% a/a, respectivamente). Hay que poner los números en contexto.

El superávit que defiende Milei y el costo fiscal de la oposición. Foto: Reuters

Riesgo País

El resultado fiscal es vital para el plan del gobierno de refinanciar deuda en el mercado voluntario, para lo cual necesita que baje el Riesgo País (sobretasa sobre lo que paga un bono soberano de Estados Unidos). La oposición no lo ignora.

Hay en la percepción financiera de la Argentina un "componente político" de ese indicador, que acusa directo a la posibilidad electoral de que vuelva el kirchnerismo. El oficialismo no lo desconoce.

"Los intereses de la deuda sumaron $4,4 billones entre enero y mayo (-36,9% a/a). Los ingresos de la APN cayeron 2,4% a/a en ese período y en mayo retrocedieron 17,2% a/a en la comparación año contra año, poniendo fin a los crecimientos de los primeros cuatro meses del año".

El párrafo del informe de la OPC sugiere el peso relativo de la deuda y el estrecho margen de sostener el superávit si, además de bajar la recaudación (por baja de la presión fiscal y ralentización de la economía) se incrementa además el gasto como sugiere el proyecto de ley votado el miércoles pasado en Diputados.

El gasto previsional

Según datos oficiales, la Seguridad Social (incluye planes) se llevó $25,5 de los $48 billones previstos para este año. En total, la cuenta suma 50,81% de un presupuesto de $94,6 billones. El servicio de la deuda es una quinta parte del gasto en seguridad social: tiene un presupuesto de $10,3 billones, de los cuales en 5 meses se ejecutó el 33%.

El proyecto de ley previsional aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados, que incluye un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la elevación del bono previsional a $110.000, tiene un costo fiscal estimado de 0,46% del PBI anualizado, según cálculos basados en la OPC, que se encuentra entre los más "prudentes".

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Reuters

Martín Menem expuso que el proyecto del "kirchnerismo y aliados circunstanciales" supone un aumento del gasto en 0,42% del PBI en el incremento de la movilidad; 0,35% del PBI en el bono; 0,5% en transferencias a provincias y 0,2% por la moratoria. A eso sumó otro 0,3% del PBI por la emergencia en discapacidad.

El cálculo totaliza 1,8% del PBI, lo que resultaría impagable aún para el superávit de Milei.

Como decía Cristina…

En una exposición ofrecida en Santa Fe esta semana, convocado por la desarrolladora APL, el economista Salvador Di Stefano estimó que el panorama fiscal argentino, expresado en porcentaje del Producto Bruto Interno, se proyecta con un resultado financiero positivo del 0,30% si la Casa Rosada mantiene operativos sus criterios.

Si bien la oposición presentó alternativas para el financiamiento del proyecto que impulsa, la advertencia del veto por parte de Guillermo Francos a la eventual sanción de la ley preserva la prioridad del gobierno: bajar impuestos si hay margen.

Más allá del destino del recurso, el criterio de prudencia fiscal no difiere del enunciado (no necesariamente ejercido) por Cristina Fernández de Kirchner.

El 14 de octubre de 2010, a través del decreto 1482, la ex presidenta vetó la ley que había sido aprobada por el Congreso de la Nación y que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos.

"La pretensión de aprobar un proyecto de ley que disponga la vigencia del 82 por ciento móvil sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal", fundamentó CFK.

Fue en los considerandos del decreto firmado por la entonces Jefa de Estado junto a Aníbal Fernández (Jefe de Gabinete) y Carlos Tomada (Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación).

Desde el Pro, el rionegrino Sergio Capozzi recordó además en la Cámara baja que "el sistema previsional argentino está en terapia intensiva desde principios del siglo gracias al kirchnerismo, cuando se decidió allá en el 2005 incorporar al sistema a más de 2 millones de personas bajo el título de amas de casa y se las puso bajo el mismo sistema" sin haber formalizado aportes exigidos por la ley.

Degenerados fiscales

Luis Caputo usó la cuenta de "X" para sentar posición. "Correctísimo", posteó el jefe del Palacio de Hacienda sobre una publicación que mostraba la baja en la cotización de los títulos de deuda (suba del Riesgo País) que presentó como consecuencia del gesto político de la oposición.

"Cada vez que la corporación política que quebró el país se junta a debatir cómo destruir el equilibrio fiscal, el Riesgo País sube. Porque ellos son el verdadero Riesgo País, no las reservas, no el dólar ni el FMI", dice el posteo que Caputo avaló.

"Saluden a los degenerados fiscales que se van. En Octubre hay elecciones y a la sociedad ya no la engañan haciéndose los abanderados de las causas nobles…".