Justicia Federal
En números: cómo impactó en la provincia el primer año del nuevo sistema acusatorio
Desde el 6 de mayo de 2024 rige el Código Procesal Penal Federal en casi toda la provincia, con excepción de Reconquista, que se sumó recién el pasado 1º de marzo. El 48% del trabajo se lo lleva la ley de estupefacientes.
Juliano Salierno
El 6 de mayo se cumplió el primer año desde que se puso en práctica el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en casi todo el territorio de la provincia de Santa Fe, con excepción de Reconquista, que se sumó recién el 1º de marzo. A raíz de ello, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario mostró la estadística.
Aunque en funcionamiento desde 2019 en Salta y Jujuy, se trata de un nuevo régimen acusatorio y adversarial para los tribunales federales santafesinos, que hasta el año pasado instruían las causas de manera escritural y en las que el juez tenía un rol preponderante en la investigación.
La entrada en vigencia de la Ley Nº 27.063 abarca a la provincia de Santa Fe en su conjunto y a los tribunales de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y se encuentra bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Atrás quedó el acto inaugural, cuando el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participaron de una reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Balance 2024/2025
En los últimos días la Oficina Judicial Distrito Rosario (Ofiju) realizó un balance del primer año de gestión. De los datos oficiales surge que se agendaron 759 audiencias en el período 6 de mayo 2024 al 5 mayo 2025 en los distritos Rosario (495), Santa Fe (87), Rafaela (31), Venado Tuerto (97), San Nicolás -Bs. As.- (43) y Reconquista (6).
Cabe destacar que los tribunales federales de Reconquista, se integraron recién el 1 de marzo de 2025 al nuevo sistema, ya que hasta entonces reportaban a la Cámara Federal de Resistencia, en la provincia del Chaco.
El informe del 1er. año en Garantías y Revisión muestra que del total de audiencias agendadas, se realizaron de manera efectiva el 95,3% (712 audiencias). En tanto que el 2,4% fueron reprogramadas (18 audiencias) y el 2,3% canceladas (17 audiencias).
Además, surge de la estadística, que el total de audiencias generadas reportan a 306 carpetas creadas en el distrito y que al cabo de un año, el 55% está en trámite mientras que el restante 45% se encuentran resueltas.
Estupefacientes primero
Luego, la Ofiju Rosario hace un desagregado por tipos de audiencias, siendo el 43,8% referidas a “planteos de incompetencia”; seguido de un 16,55% condenas en procesos abreviados y 12,95% sobreseimientos.
El cuarto restante se reparte entre suspensión de proceso a prueba (10,79%); mixto (9,35%); acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) (4,32%); y archivo MPF (2,16%).
La Cámara rosarina analiza también la “distribución de casos por categorías de delito”, siendo el 48,04% los vinculados con la infracción de la Ley de estupefacientes Nº 23.737.
Le siguen delitos contra la fe pública (7,52%); contra la administración pública (6,86%); otras leyes especiales (6,21%); otros delitos contra la libertad (5,23%); código aduanero (4,90%); delitos contra el orden económico financiero (4,25%) entre otros.
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Los números proporcionados por la Oficina Judicial del Distrito Federal de Rosario (Garantías y Revisión) marcan que fue en octubre del año pasado cuando se registró el número máximo, con 92 audiencias realizadas en toda la jurisdicción.
En perspectiva
A simple vista el volumen de audiencias se presenta magro si se lo pone en perspectiva territorial, pero también si se lo compara con el volumen de trabajo del sistema acusatorio provincial que en el 2024 arrojó un total de 30.900 audiencias en sedes de las Oficinas de Gestión Judicial (OGJ) y en dependencias del MPA de la provincia, según el informe de gestión ante la legislatura.
Para tener otra referencia, solamente el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe llevaba emitidas desde principios de 2025 y hasta el 6 de mayo, un total de 50 sentencias, la mayoría de ellas bajo la modalidad de juicios abreviados.
Fuentes tribunalicias locales justificaron la merma en el volumen de trabajo en relación al nuevo código, principalmente en lo que hace a la problemática del “narcomenudeo”, que desde el 29 de diciembre de 2023 pasó a ser competencia de la justicia provincial.
De hecho, sólo en esa materia “en el año 2024 se registraron en toda la provincia 9.826 ingresos en el MPA con calificaciones legales o valoraciones político criminales vinculadas a microtráfico”.
La incidencia es directa en el trabajo de la justicia federal, no sólo porque es un abordaje que ya no realiza, sino también por una supuesta “falta de coordinación” entre ambos ministerios que iría en detrimento de la persecución de las grandes causas de narcotráfico.
