En Rosario evalúan el "vapeo cero" en bares y restaurantes

Rosario fue una de las ciudades pioneras del país en la regulación de ambientes libres de humo. Hace casi dos décadas sancionó la ordenanza 8.021 que prohibió fumar en todos los espacios cerrados de establecimientos comerciales, industriales, de servicios e instituciones, una medida que formó parte del Plan Municipal de Prevención del Tabaquismo impulsado por la Secretaría de Salud Pública.

Ahora, un proyecto presentado por la concejala Carolina Labayru propone actualizar aquella normativa para incorporar de manera expresa a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas electrónicos de vaporización, con el argumento de cerrar un vacío legal surgido por la aparición de nuevas formas de consumo de nicotina. “Las reglas de convivencia tienen que ser claras. Si no se puede fumar en un espacio cerrado, tampoco se puede vapear”, sostuvo la autora de la iniciativa.

La propuesta modifica la ordenanza vigente para establecer que la prohibición alcance tanto a los productos derivados del tabaco como a los cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, independientemente de que contengan o no nicotina. La restricción regiría en bares, restaurantes, comercios, oficinas, instituciones educativas, espacios culturales, recreativos y cualquier ámbito cerrado con atención al público. Las multas para las personas que la incumplan serán de entre 60 mil hasta casi 3 millones de pesos y para los establecimientos de hasta casi 5 millones de pesos.

Un consumo que preocupa cada vez más

El proyecto llega en un contexto de creciente preocupación de las autoridades sanitarias por el aumento del uso de vapeadores entre adolescentes y jóvenes. Semanas atrás, el Programa Municipal de Prevención y Control del Tabaquismo advirtió sobre la expansión de nuevas formas de consumo de nicotina, entre ellas los cigarrillos electrónicos y las bolsitas saborizadas, productos que suelen presentarse como alternativas modernas o menos riesgosas que el cigarrillo tradicional.

“El vapeo disfrazado con gustos y aromas atractivos se visualiza como algo inofensivo o como una ayuda para dejar de fumar cuando la realidad es que es más dañino que el cigarrillo y lo muestran como si fuera una golosina”, explicó Alejandra Rigalli, integrante del programa municipal antitabaco. La profesional también alertó que la edad de inicio en el consumo de nicotina se redujo en los últimos años. “Cuando vamos a las escuelas vemos chicos de primaria vapeando. Con las bolsitas pasa algo parecido: son productos con sabor muy rico, que no se perciben como peligrosos”, señaló.

El proyecto actual recoge parte de esas preocupaciones y sostiene que el aerosol emitido por los vapeadores no es un simple vapor de agua, sino que puede contener nicotina, partículas ultrafinas, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y otras sustancias potencialmente nocivas para la salud. Entre sus fundamentos también se citan investigaciones recientes que asocian el uso de estos dispositivos con inflamación respiratoria, daño pulmonar y alteraciones en mecanismos vinculados al transporte de oxígeno y la respuesta inmunológica. Además, advierte que adolescentes que utilizan cigarrillos electrónicos tienen mayores probabilidades de comenzar posteriormente a fumar cigarrillos convencionales. “Nos preocupa especialmente el crecimiento del consumo entre adolescentes. El Estado tiene que actuar antes de que el problema sea mayor”, afirmó Labayru.

Venta, publicidad y multas

Además de extender la prohibición de uso en espacios cerrados, el proyecto incorpora restricciones sobre la comercialización y promoción de estos productos. La iniciativa prohíbe la venta, entrega o distribución gratuita de cigarrillos electrónicos, vapeadores y líquidos recargables a menores de 18 años. También impide su expendio mediante máquinas automáticas y amplía las limitaciones existentes sobre publicidad, promoción, auspicios y patrocinios para incluir a estos dispositivos.

En materia sancionatoria, quienes fumen o vapeen en lugares donde la práctica esté prohibida podrían recibir multas de entre 25 y 1.200 unidades fijas. Tomando como referencia el valor vigente de la UF en Rosario, equivalente al precio de un litro de nafta súper de YPF —hoy en torno a los 2.401 pesos— las sanciones oscilarían aproximadamente entre 60 mil y 2,9 millones de pesos. Las cifras ubican a estas infracciones en una escala similar a otras faltas relevantes dentro del sistema municipal de sanciones. A modo de referencia, las multas por exceso de velocidad o cruce de semáforos en rojo van actualmente de 125 a 1.582 unidades fijas.

Por su parte, los responsables de establecimientos que permitan fumar o vapear en espacios cerrados enfrentarían multas, clausuras temporarias y, en caso de reincidencia, sanciones de hasta 1.900 UF. A valores actuales, ese monto equivale a unos 4,6 millones de pesos y puede complementarse con la pérdida de la habilitación comercial. El texto de la concejala oficialista también encomienda al Ejecutivo municipal actualizar la cartelería obligatoria de ambientes libres de humo e incorporar campañas específicas de concientización sobre los riesgos asociados al vapeo.

Una política de salud pública con casi 20 años de historia

La iniciativa de la concejala se apoya sobre una política pública que Rosario desarrolla desde principios de los años 2000. La ordenanza 8.021, sancionada en julio de 2006, prohibió fumar o mantener encendidos cigarrillos y productos derivados del tabaco en todos los espacios cerrados de la ciudad, tanto públicos como privados, y estableció restricciones a la venta a menores, la publicidad y el patrocinio de la industria tabacalera.

Aquella normativa surgió en el marco del Plan Municipal de Prevención del Tabaquismo, que ya identificaba la protección de los no fumadores, la prevención del inicio del consumo en jóvenes y la asistencia para dejar de fumar como ejes centrales de la estrategia sanitaria local.

Dos décadas después, el debate vuelve al Concejo Municipal impulsado por una nueva realidad: mientras el consumo de cigarrillos tradicionales disminuyó, los vapeadores ganaron presencia entre adolescentes y jóvenes, generando un desafío regulatorio que las autoridades sanitarias buscan abordar antes de que se consolide una nueva generación de consumidores de nicotina.