EPE detectó 15 mil usuarios con tarifa social que presentaban irregularidades

Un parte oficial del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, del que depende la comunicación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa sobre la detección de 15.000 casos de clientes residenciales cuyos consumos están irregularmente beneficiados por la tarifa social, que se paga con el esfuerzo del resto de los contribuyentes santafesinos.

El texto que se reproduce textualmente por separado deja lugar a una serie de interrogantes que aún no están claros. En primer lugar, ¿qué tan serio y efectivos son los procedimientos internos de control de la EPE para que se pueda hoy dar con semejante número de irregularidades? Para comprender la magnitud de lo detectado cabe recordar que según información de la EPE que es pública, en Santa Fe hay alrededor de 1.200.000 usuarios residenciales que corresponden a hogares (allí no se cuentan los comercios y las industrias). De ese total, son 175.000 los usuarios con tarifa social según los cuadros disponibles de las audiencias públicas. Si los datos anteriores son correctos, ahora serían 160 mil los usuarios que necesitan una tarifa social y 15.000 más los residenciales.

En segundo término, todavía no está definido en qué tipo de conducta han incurrido quienes gozaron de esos subsidios estatales y, por ejemplo, al mismo tiempo pagaban el Impuesto a las Ganancias o residen en barrios de alto valor inmobiliario. ¿Se trata de una falta o de un delito?

Por otra parte, como se puede ver en el texto oficial que se adjunta, los consumos subsidiados por los demás clientes a quienes falsificaron sus datos personales o, como mínimo, no los actualizaron cuando cambió de manos una propiedad correctamente subsidiada ¿cometieron algo más que un simple hurto de energía?

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Normalmente, tienen la condición de una declaración jurada los trámites obligatorios para contar con el beneficio de la tarifa social, se trata de solicitudes formales que deben contar con esa condición de acuerdo con el Reglamento del Usuario de la EPE. ¿Nadie en la empresa notó que se emiten boletas del servicio que indican la leyenda "tarifa social" que corresponden a domicilios de sectores de altos o muy altos ingresos? Cuesta entender lo ocurrido.

Más consideraciones

Tiempo atrás, en las viviendas con tarifas sociales se había instalado un mecanismo para evitar que haya consumos excesivos, pero -como se verá más abajo- ya no es así. Las tarifas sociales nacieron en la década del '90 cuando con los planes de privatización del servicio se encontraron amplios sectores urbanos donde la regla era estar "enganchado" de los cables o "colgado" del servicio con redes irregulares (y peligrosas).

Obviamente, tanto en Santa Fe como a nivel nacional, a esos sectores se los separó de las concesiones para atraer inversores con un esquema repetido en cada una de las privatizaciones: el sector que puede pagar es parte del mercado a atender; en cambio, el que no tiene ingresos suficientes es subsidiado por el Estado. Ganancias para el privado, pérdidas para el Estado. Así fue con las concesiones que luego obtuvieron Edenor y Edesur, y así hubiera sido con la EPE si se completaba la privatización que truncó la crisis de 2001. En el AMBA, hasta hace muy poco, a las pérdidas por esos sectores con medidores comunitarios o tarifas sociales las ha asumido por décadas el sector público nacional, con aportes de todos los argentinos.

En Santa Fe hubo dos grande olas de intervenciones para otorgar tarifas sociales: la primera corresponde a ese intento de privatización de la EPE que buscó excluir de las concesiones y medir los consumos de los barrios "enganchados", pero su avance fue marcadamente lento. Luego, a partir del Plan Luz Segura (que más tarde fue Luz y Agua Segura) se procuró con otro objetivo la urbanización de sectores marginados en las grandes urbes mediante el acceso a los servicios públicos, y además controlar esos consumos.

Empresa Provincial de la Energía. Crédito: Manuel Fabatía

En los medidores de cada vivienda a la que llegó el servicio regular se agregó una llave que interrumpía el flujo eléctrico cuando la potencia demandada era mayor a la prevista. En un lenguaje más claro: si una familia encendía más de un aparato de aire acondicionado, se quedaba en ese instante sin luz. Y la recuperaba con solo desenchufar algún aparato y reiniciar el interruptor. Sin embargo, desde hace ya más de cinco años (como mínimo) esa limitación al consumo ya no se coloca. Por eso, en los casos mencionados por el comunicado que se invita a leer aparecen enormes consumos de kw/h en una vivienda familiar. Lo dicho: restan también precisiones sobre cuál ha sido a lo largo de los años, según el caso, la pérdida total para el sector público.

Finalmente, una aclaración: la tarifa social de la EPE no debe ser confundida con la segmentación tarifaria dispuesta por el Estado Nacional para el valor de la energía mayorista, que nació durante el gobierno de Alberto Fernández y subsiste ahora con Javier Milei con subsidios a que cubren entre el 40 y el 60% de los primeros 400 Kw/h mensuales, para las clases medias y bajas respectivamente. Y en el caso de los usuarios del sistema eléctrico de zona fría (que excluye a la ciudad de Santa Fe, así como al centro norte de la provincia) quienes no tienen gas natural disponen de hasta 700 Kw/h.

A continuación, el comunicado de la EPE:

Detectan abusos y potenciales fraudes en boletas de la luz

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios tras detectar abusos y posibles fraudes en el marco del programa de Tarifa Social. En los próximos días se intensificarán los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio.

A través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) identificó múltiples situaciones irregulares entre los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada. Entre los casos detectados se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y hasta propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario.

El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos.

Casos detectados

Además de los casos mencionados, se identificaron situaciones que evidencian el mal uso del espíritu del beneficio. Por ejemplo:

• El consumo promedio de un hogar ronda los 700/800 kW bimestrales. Sin embargo, se detectaron consumos de hasta 6.500 kW en barrios residenciales, con facturas por $ 1.477.057. En ese caso, el usuario pagó $ 1.028.237, mientras que el Estado debió cubrir $ 448.820 como parte del subsidio.

• En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó sólo $ 17.584 sobre un total de $ 720.000, lo que obligó al Estado a subsidiar $ 703.083.

• Solamente en uno de los circuitos de medición, durante el mes de abril, se registraron 13 usuarios con tarifa social y consumos superiores a los 5.000 Kw, con facturas que oscilaron entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000. En total, el Gobierno provincial debió compensar $ 4.681.000.

• También se detectaron beneficiarios registrados tributariamente ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que desarrollan actividades económicas, tributan en el régimen general y deben liquidar impuestos como IVA y Ganancias.

• Las irregularidades detectadas también incluyeron casos, en donde personas jubiladas a quienes se les había asignado la tarifa social, ya no se encontraban viviendo en el domicilio declarado.

En los próximos días se van a intensificar los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio, que tiene como objetivo asegurar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos.