Estafas desde la cárcel de Villa María: dictan prisión preventiva en una causa que tramita en Venado Tuerto

El fiscal Damián Cassullo y la jueza Mariana Vidal, en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de Venado Tuerto, dictaron la prisión preventiva para cinco personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas telefónicas. Cuatro de los imputados son hombres que se encontraban y continúan detenidos en el Establecimiento Penitenciario número 5 de Villa María, en la provincia de Córdoba, mientras que la quinta integrante es una mujer que recibió la medida cautelar bajo la modalidad domiciliaria.

La causa judicial penal tuvo su origen a raíz de la denuncia de una mujer oriunda de Villa Cañás, en el departamento General López, quien en junio de este año sufrió una tentativa de estafa. Según expuso la fiscalía, un miembro de la organización se comunicó con ella simulando ser un agente de la billetera virtual Mercado Pago para solicitarle datos personales bajo el engaño de "proteger sus fondos". Al sospechar de la maniobra fraudulenta, la víctima cortó la llamada, aunque los estafadores intentaron comunicarse con ella en dos oportunidades más para intentar apoderarse de su dinero.

De acuerdo con la investigación fiscal, la banda operaba de manera coordinada utilizando líneas telefónicas desde la cárcel, cuentas en billeteras virtuales y transferencias de dinero dirigidas a la mujer que se encontraba en libertad. 

Las autoridades lograron detectar inconsistencias patrimoniales entre los fondos que recibía esta mujer y su situación fiscal declarada. A los cuatro hombres detenidos se les imputó la coautoría de la tentativa de estafa, además de la participación en la asociación ilícita que se les atribuye a los cinco miembros de la red.

Tras el dictado de las medidas cautelares, la jueza Vidal declaró la incompetencia de la provincia de Santa Fe en esta investigación, derivando las actuaciones correspondientes a la Justicia de la provincia de Córdoba y notificando al Ministerio de Seguridad de dicha jurisdicción sobre los ilícitos detectados.