“Estamos en una situación crítica”: fuerte advertencia por los recortes en discapacidad

Las recientes decisiones del Gobierno nacional en materia de discapacidad volvieron a encender la alarma entre profesionales, familias e instituciones vinculadas al sector. En los últimos días, trascendió la eliminación de subsidios destinados a empresas de transporte que cubrían los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, una medida que generó preocupación y críticas en distintos ámbitos.

En ese contexto, el abogado Fabricio Trossero, especializado en Derecho y Discapacidad y miembro activo de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA), trazó un duro diagnóstico sobre la situación actual y sostuvo que el escenario “es peor que el del año pasado”.

“Respecto a las medidas que está tomando últimamente el Gobierno nacional hacia el colectivo de las personas con discapacidad, sumado a los recortes de obras sociales, de prestaciones y al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, estamos en una situación crítica”, afirmó el profesional venadense.

Además, recordó que durante 2025 el sector atravesó meses de incertidumbre en torno a la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada para garantizar financiamiento y sostener prestaciones frente al atraso arancelario y la crisis del sistema. Finalmente, la iniciativa fue aprobada por el Congreso, aunque desde distintos sectores denunciaron posteriormente dificultades para su implementación efectiva.

“Estamos peor que el año pasado, cuando estábamos con el tema del veto que iba de una cámara hacia otra y finalmente se aprobó la ley. El problema es que el gobierno no la cumple y además el presidente Javier Milei dijo que quiere llevarla a la Corte Suprema para derogarla”, expresó Trossero con preocupación.

La norma había sido presentada como una herramienta de contención frente a la crítica situación económica que atraviesan prestadores, transportistas, centros terapéuticos y profesionales vinculados a la atención de personas con discapacidad. Desde hace meses, distintas organizaciones vienen denunciando atrasos en los pagos, aranceles desactualizados y una creciente dificultad para sostener servicios básicos.

En ese marco, una de las medidas que más repercusión generó en las últimas jornadas fue la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar subsidios al transporte vinculados con el traslado gratuito de personas con discapacidad. Según explicó Trossero, esto se suma a restricciones que ya venían afectando el acceso al sistema de pasajes.

“Durante la pandemia se redujo el cupo de pasajes para personas con discapacidad. Antes eran cuatro lugares y después quedaron en dos. La pandemia ya pasó, pero las empresas siguen manteniendo solamente dos cupos. Entonces, cuando una persona quiere sacar un pasaje para viajar en micros de larga o media distancia, a los pocos minutos ya están agotados y tiene que planificar con un mes de anticipación”, detalló.

Y agregó: “Ahora el Presidente directamente les quitó los subsidios a las empresas para pagar esos viajes, poniendo en duda un derecho adquirido contemplado en la ley 24.901”.

Las medidas de un “gobierno perverso”

Trossero fue especialmente crítico con la política general del gobierno hacia los sectores vulnerables y aseguró que las medidas impactan de manera directa sobre derechos esenciales.

“Siempre manifesté que este es un gobierno perverso hacia las personas con discapacidad y hacia los sectores más vulnerables. Hay recortes en obras sociales, en prestaciones, en los pagos a profesionales, en transporte y también un fuerte desfinanciamiento de la educación pública y de las universidades”, sostuvo.

El abogado también hizo referencia a las denuncias y polémicas que rodearon a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), vinculadas a presuntas irregularidades en compras y contrataciones. "Vinieron con un discurso contra la casta y terminaron siendo iguales a la casta que criticaban”, concluyó.

Mientras tanto, al igual que Trossero, entidades de discapacidad, familiares y prestadores continúan reclamando respuestas urgentes ante un escenario que describen como cada vez más complejo y que, aseguran, pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales en todo el país.