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Eutanasia: cómo será la nueva ley de “muerte digna” en Uruguay
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Con 20 votos a favor y 11 en contra, el Senado uruguayo aprobó el proyecto “Muerte Digna” que legaliza la eutanasia en casos específicos; resta su reglamentación para su entrada en vigencia.
El Senado de Uruguay dio aprobación definitiva al proyecto de ley que regula la eutanasia, tras más de diez horas de debate y un extenso recorrido parlamentario de cinco años.
Con 20 votos a favor y 11 en contra, la Cámara alta sancionó la norma denominada “Muerte Digna”, que habilita a determinados pacientes a solicitar asistencia médica para terminar con sus vidas bajo condiciones estrictamente reguladas. El texto deberá ahora pasar por la etapa de reglamentación antes de entrar en vigor.
La ley establece la creación de una comisión honoraria que evaluará los casos.
Principios, requisitos y garantías de la nueva ley
La normativa aprobada permite que personas mayores de edad, residentes o ciudadanos, que estén en una etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o que sufran dolores insoportables con grave deterioro progresivo de la calidad de vida, puedan presentar una solicitud escrita para acceder a la eutanasia.
Para ello, deberán contar con capacidad psíquica —es decir, estar mentalmente aptas para decidir— y someterse a evaluaciones médicas.
El procedimiento fija plazos: el médico informará sobre cuidados paliativos en un plazo máximo de tres días, y un segundo profesional independiente deberá expedirse en hasta cinco días. Si discrepan, puede convocarse una junta médica.
La normativa permite que personas en etapa terminal solicitar la eutansia.
Una vez cumplidos esos pasos, la persona puede expresar por escrito su voluntad final ante dos testigos, y el médico actuará “cuándo y dónde el solicitante lo decida”, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales.
Para supervisar su aplicación, la ley establece la creación de una comisión honoraria que evaluará los casos anuales de eutanasia y remitirá informes al Ministerio de Salud y al Parlamento. Asimismo, todos los prestadores del Sistema Nacional de Salud deberán garantizar los servicios necesarios cuando se cumplan los requisitos.
La ley debe ser reglamentada dentro de seis meses por el Poder Ejecutivo para que sus disposiciones puedan aplicarse.
Debate político, apoyos y resistencias
El proyecto que ahora se convirtió en ley sufrió vaivenes legislativos. Una versión similar había quedado estancada en el Senado en 2022, pero fue retomado en 2025 por el oficialismo del Frente Amplio con aportes del Partido Colorado.
En agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 64 votos a favor y 29 en contra.
En la sesión del Senado, se mantuvo el respaldo del oficialismo y se sumaron algunos miembros de la oposición: por ejemplo, el senador colorado Ope Pasquet fue reemplazado como suplente para expresar voto a favor.
También apoyó la norma la senadora nacionalista Graciela Bianchi.
Durante los debates, el senador Daniel Borbonet (Frente Amplio) defendió que la norma no impone el procedimiento, sino que ofrece una alternativa para quienes lo deseen, enfatizando que no obliga a nadie.
En contraposición, voces opositoras como la del senador Javier García (Partido Nacional) cuestionaron las garantías jurídicas y las definiciones de “muerte digna” y “libertad”.
También intervinieron asociaciones médicas, grupos religiosos y movimientos sociales durante el tratamiento del proyecto. En varias comisiones parlamentarias, fueron recibidas más de 60 organizaciones que aportaron fundamentos y objeciones.
En el público asistente, las emociones también se hicieron sentir. Algunas expresiones críticas, como el grito de “asesinos” desde las gradas, interrumpieron momentáneamente la celebración tras la votación.
Para sectores que defendieron el proyecto, su aprobación es un avance significativo en materia de derechos individuales y de la autonomía del paciente. Para sus detractores, la regulación debería haber sido más cautelosa con los posibles riesgos para personas vulnerables.
Una figura relevante en el debate fue Beatriz Gelós, quien convive con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace años. Gelós fue una de las protagonistas del activismo por la aprobación de la norma, y antes de la votación manifestó su deseo de que se apruebe “por compasión” y con una redacción cuidadosa.
Florencia Salgueiro también hizo visible la historia de su padre, fallecido con ELA, para respaldar que se escuchen las voces de los pacientes.
Con la sanción de la ley, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en regular por vía legislativa la eutanasia, diferenciándose de Colombia y Ecuador, donde el procedimiento fue despenalizado mediante fallos judiciales.
