Patricio Serjal
Exfiscal regional de Rosario fue condenado a 9 años de prisión efectiva
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También fue inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo halló culpable de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho pasivo agravado por funcionario publico y peculado de servicios.
Este viernes, en la Sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra condenó al exfiscal regional Patricio Serjal a la pena de 9 años de prisión efectiva, multa e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Se lo halló culpable de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho pasivo agravado por funcionario publico y peculado de servicios. Por otra parte, se lo absolvió de la acusación de falsedad ideológica.
Por otra parte, también fue condenado Nelson Ugolini, un empleado judicial que cuando ocurrieron los hechos investigados trabajaba bajo el mando del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que declaró como imputado colaborador en la causa y fue condenado.
A Ugolini, de 38 años, se le impuso una pena de 5 años de prisión efectiva, multa e inhabilitación especial por el termino de 10 años para ocupar cargos u empleos públicos por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho pasivo en carácter de autor.
Los Fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato atribuyeron a ambos haber conformado una asociación ilícita integrada además por al menos, Gustavo Ponce Asahad (condenado), Leonardo Peiti (condenado), Maximiliano D. (ya imputado), David P. (fallecido), Alejandro Torrisi (condenado) y otras personas no identificadas.
Según se pudo determinar en la investigación, el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegales y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente.
Para ello, los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.
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Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 hasta el 24 de julio de 2020. Se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, siendo el centro de sus decisiones y negocios la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores.
La Asociación ilícita tuvo tres organizadores: Alejandro Torrisi, Leonardo Peiti y Patricio Serjal. El resto de las personas antes nombradas participaron de la misma en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.
El tribunal dio por probado que Patricio Serjal fue el organizador de la cobertura judicial, quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal.
Alejandro Torrisi le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura policial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.
Maniobra
Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades.
Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.
Se valió para ello de la participación de Torrisi, quien aprovechando sus influencias se encargó de vincular a Leonardo Peiti con el ex Fiscal Regional Patricio Serjal y el ex Fiscal Gustavo Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal. El resto de las personas antes nombradas participan de la misma en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.
Patricio Serjal usufructuando ilegalmente su rol como Fiscal Regional de la circunscripción Rosario le brindó a Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función, a cambio de dinero que éste le entregaba periódicamente. Para ello se valió del ex Fiscal Gustavo Ponce Asahad quien se contactaba con Leonardo Peiti, recibía dinero y cumplía con las indicaciones que Patricio Serjal le daba a los fines de evitar que prosperen investigaciones penales.

