Exfuncionario judicial de Melincué acusado de desviar $424 millones admitió que es ludópata
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Aseguró que su adicción al juego comenzó en 2013, cuando todavía integraba el Poder Judicial.
El nombre de Mariano Ríos Artacho, exfiscal de Delitos Económicos de Rosario que actualmente enfrenta un juicio por el presunto desvío de más de 424 millones de pesos de cuentas judiciales, tiene un vínculo directo con Melincué: antes de incorporarse al Ministerio Público de la Acusación (MPA), se desempeñó como secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de esa localidad.
Ese período apareció ahora en el propio relato del acusado. Durante la primera jornada del juicio, Ríos Artacho reconoció que padece ludopatía y ubicó el comienzo de su problema con el juego en 2013, cuando todavía era funcionario judicial dentro de la jurisdicción de Melincué.
“Soy ludópata”, manifestó ante la jueza María Trinidad Chiabrera. El exfiscal también admitió haber realizado las maniobras investigadas y sostuvo que actuó condicionado por su adicción al juego. Incluso aseguró que administraba los fondos “como si fuese mi billetera”.
Una maniobra por más de $424 millones
La acusación está encabezada por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, quienes sostienen que Ríos Artacho lideró una asociación ilícita integrada por otras diez personas y dedicada a retirar dinero de cuentas judiciales. Las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre 2017 y 2024, durante su etapa como integrante de la unidad de Delitos Económicos del MPA en Rosario.
Los fondos involucrados provenían, entre otros conceptos, de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas penales. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, existió una “apropiación sistemática” de esos recursos mediante diferentes mecanismos que permitían retirarlos de las cuentas y posteriormente disponer de ellos.
Parte del dinero, siempre de acuerdo con la acusación, terminó destinado al juego en casinos y a inversiones bursátiles. Para concretar las operaciones se habrían utilizado personas que aportaban sus identidades y cuentas bancarias para recibir los fondos, además de otros integrantes encargados de retirar y distribuir el efectivo.
Ríos Artacho negó haber encabezado una asociación ilícita
Ríos Artacho, sin embargo, rechazó uno de los puntos centrales de la acusación. Si bien reconoció su participación en los movimientos de dinero, negó haber encabezado una asociación ilícita y aseguró que fue él quien, a partir de sus propias decisiones, “arrastró” al resto de los imputados.
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La discusión sobre esa figura penal continuó durante el juicio. Gonzalo Rucci, abogado defensor de Fabricio Emanuel Romero, otro de los acusados, sostuvo que entre los involucrados no existía una organización destinada a cometer delitos, sino una relación surgida a partir de la concurrencia a salas de juego.
“No existe tal banda organizada para cometer delitos. Acá es un grupo de gente que se conoció en salas de casino por una misma enfermedad que los enceguece”, argumentó el abogado. La defensa pretende que la ludopatía de los acusados sea considerada al momento de determinar sus responsabilidades y eventuales penas.
Según se expuso durante las audiencias, algunos de los involucrados viajaban para apostar a Buenos Aires, Victoria, Uruguay y Brasil. Rucci explicó que esto se relacionaba con mecanismos de autoexclusión de casinos santafesinos utilizados por personas con problemas de juego, que luego buscaban otras jurisdicciones donde podían continuar apostando.
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Cómo comenzó la causa
La causa comenzó a partir de la detección de movimientos irregulares en una cuenta judicial. A partir de esa situación se avanzó sobre distintas operaciones y se reconstruyó un esquema que, según los fiscales, funcionó durante varios años.
La investigación derivó en allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en Rosario y distintas localidades de Córdoba, con nueve personas detenidas y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.
Los antecedentes del exfiscal
El pasado de Ríos Artacho dentro del MPA ya había estado atravesado por cuestionamientos. En 2024 fue suspendido durante 60 días sin goce de sueldo por la Legislatura santafesina por mal desempeño y posteriormente dejó de ser fiscal, el 25 de junio de ese año.
Aquella sanción estuvo vinculada con la entrega irregular de un Mercedes-Benz que había sido secuestrado en una causa por estafas. El vehículo, que debía permanecer bajo resguardo, terminó en manos de un comisario que mantenía una relación personal con el entonces fiscal.
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Otro episodio involucró a un Chevrolet Cruze que figuraba a nombre de Ríos Artacho y que fue detectado mientras era utilizado por Juan José Raffo, exsuboficial condenado como colaborador de Los Monos. El exfiscal sostuvo en su momento que había vendido el vehículo y que desconocía cómo había terminado en manos de Raffo.
Ahora, el juicio deberá avanzar sobre las responsabilidades individuales de los once acusados y sobre uno de los puntos que concentra la disputa entre fiscales y defensores: determinar si las operaciones atribuidas al grupo formaron parte de una asociación ilícita o si, como sostienen Ríos Artacho y los abogados defensores, no existió una estructura organizada detrás de las maniobras.
Pie de foto: Ríos Artacho enfrenta el proceso junto a otros diez imputados y las defensas discuten la figura de asociación ilícita planteada por la Fiscalía.
Meta descripción: Mariano Ríos Artacho, exsecretario de un juzgado de Melincué y exfiscal de Rosario, enfrenta un juicio por el desvío de más de $424 millones.

