Debate judicial por la ejecución de la condena
Fiscales apelaron la prisión domiciliaria de Cristina Fernández: exigen cárcel común
Los fiscales Luciani y Mola insistieron en que no hay motivos legales ni humanitarios para que la ex presidenta cumpla la condena en su casa. Plantearon que el Servicio Penitenciario puede garantizar su seguridad en una cárcel federal. Ahora define la Cámara de Casación.
En el dictamen presentado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Luciani y Mola fueron enfáticos: “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal”. Según los fiscales, la prisión debe cumplirse en un establecimiento penitenciario, salvo excepciones debidamente justificadas.
Argumentaron que la condición de mayor de 70 años no es suficiente para habilitar la morigeración. “Debe constatarse que la detención carcelaria supone un trato inhumano, indigno o cruel”, explicaron. En el caso de Fernández, “no se acreditaron tales condiciones”, añadieron.
También hicieron referencia a un informe reservado que el Ministerio de Seguridad elevó al tribunal el 11 de junio, donde se afirmó que existen condiciones para alojar a la ex mandataria en una dependencia del SPF sin comprometer su integridad física.
Luciani y Mola afirman que no hay trato cruel ni indigno en alojar a Cristina en una cárcel común.
El fallo del TOF 2 y la reacción del Ministerio Público
Hace dos semanas, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó la detención de Cristina en cumplimiento de la condena por administración fraudulenta contra el Estado. Se le atribuyó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, generando un perjuicio de más de $85.000 millones.
El TOF 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— consideró que, debido a su rol institucional y su condición de ex jefa de Estado, resultaba riesgoso su alojamiento en una cárcel federal. Por eso autorizó el cumplimiento domiciliario de la pena, con tobillera electrónica y un régimen de visitas restringido.
Ese criterio fue cuestionado de inmediato por la fiscalía, que ahora formalizó su apelación para que el arresto domiciliario sea revocado. “No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”, reiteraron.
Un fallo clave que definirá la Sala IV de Casación
Ahora, la decisión está en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Ese tribunal deberá evaluar si el TOF actuó conforme a derecho al otorgar la prisión domiciliaria o si corresponde su revocación. La resolución podría conocerse antes del receso judicial de invierno.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria con monitoreo permanente y bajo reglas estrictas de conducta. Su abogado, Carlos Beraldi, se opuso además a las limitaciones sobre las visitas que puede recibir y a la utilización de la tobillera electrónica, pero su reclamo aún no fue resuelto.
En paralelo, la defensa aguarda una definición de la Corte Suprema sobre los recursos extraordinarios pendientes. Hasta tanto, la condena sigue en etapa de ejecución, aunque no está firme en todos sus tramos.
El TOF 2 alegó razones de seguridad institucional para otorgar la prisión domiciliaria.
La fiscalía insiste en aplicar el mismo criterio que a otros condenados
En el dictamen, los fiscales también apuntaron a la equidad procesal. “Debe evitarse que figuras públicas reciban beneficios que no se otorgan a otros detenidos en igual situación jurídica”, sostuvieron. Consideran que aceptar una morigeración sin fundamentos genera un mensaje de desigualdad ante la ley.
Luciani y Mola recordaron que el artículo 10 del Código Penal sólo habilita la prisión domiciliaria por edad cuando existen condiciones que agravan la salud o suponen trato indigno. En este caso, “la edad no es causal autónoma”, explicaron. Y agregaron que no hay elementos que prueben que un alojamiento en cárcel común representaría un riesgo inaceptable.
