Francia prohibirá las redes sociales a menores de 15 años desde septiembre

El Senado y la Asamblea Nacional de Francia alcanzaron un acuerdo definitivo este martes para aprobar la ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 15 años. Con esta medida, respaldada fuertemente por el presidente Emmanuel Macron dentro de su agenda de regulación digital, el país galés se transforma en el primer estado miembro de la Unión Europea en adoptar una restricción de este alcance para resguardar la salud mental y la integridad de niños y adolescentes.

Un giro histórico en la regulación digital europea

La nueva normativa fija como fecha límite el 1 de septiembre para que entre en vigencia la imposición que impide a los menores de 15 años abrir perfiles en plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat o Facebook. Además, otorga a las compañías tecnológicas un período de tolerancia de cuatro meses para dar de baja las cuentas existentes e implementar mecanismos eficaces de verificación de edad, los cuales deberán contar con el aval del regulador francés de protección de datos.

“Francia abre el camino al convertirse en el primer país de Europa en adoptar una mayoría digital”, ponderó Anne Le Hénanff, secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, durante la sesión final en la Cámara Alta.

El texto legal no solo abarca las plataformas digitales, sino que extiende su alcance al uso de teléfonos móviles dentro de los establecimientos educativos secundarios. No obstante, excluye explícitamente de las restricciones a las enciclopedias en línea y a los portales con fines educativos o científicos.

Mente, salud y pantalla: los datos tras la decisión

El avance legislativo responde a alarmantes informes del organismo de vigilancia sanitaria francés, los cuales señalan que la mitad de los adolescentes pasa entre 2 y 5 horas diarias frente a sus pantallas. De acuerdo con datos oficiales recogidos a fines del año pasado, el 90 % de los jóvenes de entre 12 y 17 años accede diariamente a internet a través de sus teléfonos inteligentes, y un 58 % lo hace enfocado principalmente en las redes sociales.

Las autoridades y profesionales de la salud advirtieron sobre las severas consecuencias derivadas del uso descontrolado: disminución de la autoestima, ciberacoso y una alta exposición a contenidos nocivos vinculados a autolesiones, consumo de drogas y conducta suicida. En los últimos meses, el malestar social escaló tras las demandas judiciales presentadas por varias familias contra gigantes tecnológicos como TikTok por su presunta vinculación con el suicidio de adolescentes.

Gaëlle Berbonde, madre de 52 años residente en la región parisina, manifestó su alivio ante la promulgación de la norma luego de haber vivido una dura experiencia con su hija, quien desarrolló depresión y anorexia tras recibir su primer celular: “Lo único que podemos hacer es proteger a nuestros hijos, igual que los protegemos de beber alcohol”, enfatizó.

Un debate abierto entre la ejecución y el marco jurídico

Pese al contundente respaldo político y social, la iniciativa enfrenta cuestionamientos operativos y legales. Sectores de la oposición, como el partido La Francia Insumisa, rechazaron la norma argumentando dudas sobre su constitucionalidad y advirtiendo que la medida atenta contra el anonimato en la red.

Asimismo, referentes del ámbito de la protección en línea, como Ines Legendre, asesora jurídica del grupo e-Enfance, señalaron los desafíos técnicos que implica la puesta en marcha: “¿Cómo identificamos las cuentas existentes? ¿Cómo las suspendemos?”, cuestionó la especialista.

Por su parte, las empresas tecnológicas han manifestado su disconformidad con los vetos generales, alegando que ya disponen de herramientas avanzadas de protección para menores, aunque se comprometieron a acatar la legislación vigente. En última instancia, la Comisión Europea analizará el texto para certificar que la norma francesa concuerde de forma plena con el marco normativo comunitario del entorno digital.

Un camino que marca tendencia global

Francia se suma a un escenario internacional en el que cada vez más naciones buscan poner freno a los impactos del ecosistema digital en la infancia. Previamente, Australia inauguró la tendencia global al imponer una restricción similar para menores de 16 años, mientras que diversos países europeos evalúan marcos regulatorios propios en la misma dirección.

Con este paso decisivo, el gobierno de Macron busca marcar una línea clara de preservación en la era digital, reabriendo el debate sobre el equilibrio entre la libertad de navegación, la responsabilidad de las Big Tech y el cuidado prioritario de las futuras generaciones.