Resoluciones nacionales
Gas: unos 1.300 usuarios del sur santafesino afectados por el recorte del subsidio por zona fría

En todo el país, 130.000 clientes cuentan ahora una rebaja del 30% (en lugar del 50%) del valor del metro cúbico. El gobierno nacional detectó que tienen más de un medidor de gas a su nombre. No hay datos sobre cuántos inquilinos fueron afectados.
El gobierno nacional produjo un recorte -que definitivamente no fue el de una motosierra- de los subsidios por zona fría a usuarios del gas natural por redes de todo el país que, hasta mayo pasado, recibían el nivel más alto de la ayuda estatal del 50% y ahora cuentan con una menor, del 30%.
En total, sobre las provincias que reciben esos beneficios el recorte alcanzó a 130.000 clientes de las empresas distribuidoras de gas natural por redes. En el país son 9.295.942 los usuarios residenciales, industriales y comerciales que cuentan con el servicio.
Según los datos aportados por Litoral Gas en toda su área de concesión, que comprende la totalidad de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense, son 1.300 los clientes que tenían el subsidio al 50% pero por tener más de un medidor ahora reciben una ayuda que llega al 30%.
Por otra parte, como solo el sur del mapa de la bota goza de los beneficios nacionales del subsidio por zona fría (según lo dispuesto por la Ley 27.637) cabe suponer que la mayoría de esos 1.300 usuarios residenciales con más de un medidor son de la ciudad de Rosario y las ciudades que la rodean.
Fuera de norma
A propósito de esa cifra, tampoco se sabe cuántos de esos usuarios (con más de un medidor a su nombre) tienen más de una propiedad y además alquilan esas viviendas sin cambiar la titularidad del servicio, para evitar eventuales inspecciones de sus instalaciones puertas adentro.

En Santa Fe y en Rosario es común que los propietarios mantengan el servicio de gas natural a su nombre y que agreguen ese gasto al monto final del alquiler. Durante años el costo era tan ridículamente bajo que ese procedimiento (incorrecto para las normas regulatorias) evitaba trámites y posibles gastos en adecuar las viviendas en alquiler a las normas de seguridad.
Obviamente, lo correcto es que los servicios estén a nombre de los usuarios reales y que los inquilinos así declaren sus ingresos para ser encuadrados en las categorías N2 ó N3 ante el RASE, para contar con las ayudas nacionales para hogares de ingresos bajos o medios.
Por años, los propietarios de más de un vivienda han preferido en muchos casos pagar la boleta y recargarla en el alquiler a sus inquilinos para tener la certeza de que no habrá boletas impagas que causen un corte del servicio, con la consiguiente inspección previa a la reconexión.
Bisturí
Con fuerte impacto en los medios, la Casa Rosada primero aplicó un quirúrgico bisturí al quitar las ayudas a quienes se inscribieron como usuarios residenciales de hogares con ingresos medios y hasta bajos (N3 y N2 respectivamente) pero residen en el lujoso barrio de Puerto Madero y otros cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Así, el Estado Nacional, en parte todos los usuarios del sistema, y sin dudas todos los contribuyentes se libraron de pagarles parte de sus tarifas a 15.500 usuarios de altos ingresos que se animaron a solicitar la ayuda pública. Y que para ello no dudaron en completar una declaración jurada ante el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Es curioso que ese elemental correctivo no se haya usado antes. Fue el gobierno nacional anterior, en tiempos de Alberto Fernández en la presidencia y Sergio Massa en Economía, cuando se creó el sistema de segmentación de la demanda.

Ahora, o seguramente después de las elecciones de octubre, la medida se extenderá a todos los barrios de altos ingresos, en cada ciudad del país. Pero para eso es necesario algo imposible en tiempos de campañas: coordinar ese proceso con los gobiernos provinciales y las municipalidades, además de tocar los bolsillos de los votantes.
Ni en mayo, cuando se tomó la decisión de excluir a los más pudientes por barrio, ni en lo que va de junio, el gobierno nacional ha tomado contacto con funcionarios de la provincia de Santa Fe para contar con información confiable sobre cuáles son los Puerto Madero de las ciudades santafesina.