Boletín Oficial
Gobierno deroga 71 normas comerciales y elimina Ley de Góndolas y Precios Justos
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La Resolución 357/2025 deja sin efecto 40 resoluciones y sus 31 modificatorias, vinculadas a la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y Precios Justos.
El gobierno nacional derogó 71 normas comerciales que regulaban distintos aspectos del comercio y la industria, incluyendo la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y Precios Justos, mediante la Resolución 357/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión abarca 40 resoluciones y 31 modificatorias, muchas vinculadas a programas desarticulados, entes disueltos y regulaciones que exigían información considerada innecesaria.
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Nación argumenta que “la derogada Ley N° 27.545 de Góndolas tenía como objetivo regular el espacio en las góndolas que los supermercados conceden a las empresas productoras de bienes de consumo masivo, tanto en los comercios físicos como en relación con las ventas por canales digitales”, agregando que “corresponde propiciar la derogación de aquellas normas que han quedado obsoletas derivadas de dichos marcos jurídicos, con el fin de reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”.

Esta medida forma parte del proceso de simplificación normativa iniciado tras la sanción de la Ley Bases y dejó sin efecto normas dictadas entre 1974 y 2023.
El documento, con firma de Pablo Agustín Lavigne, subsecretario de facilitación de comercio, entrará en vigencia desde este jueves.

Normas eliminadas y motivos de la derogación
Las regulaciones derogadas incluyen:
27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada en gestiones anteriores.
24 normas del extinto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), que supervisaba y regulaba su funcionamiento.
20 normas vinculadas a programas desarticulados, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas
El Gobierno explicó que algunas normas exigían información sin fines razonables, establecían mecanismos de control de precios y fijaban valores máximos durante la pandemia de covid-19, lo que generaba trabas innecesarias al comercio interno.