Importante encuentro para impulsar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Pensiones contributivas congeladas; magros salarios que repercuten en la falta de docentes integradores; instituciones en crisis; trámites para cumplir con (o repetir) una auditoría que representa, en ocasiones, trasladarse más de 300 kilómetros; imposibilidad de pagar un transporte; talleres protegidos donde el pago por las tareas que allí se desarrollan no superan los 30 mil pesos. Con ese panorama fueron convocados este jueves a la mañana organizaciones públicas y privadas que trabajan en Santa Fe en el ámbito de la discapacidad, además de referentes de educación y salud, y familiares de las personas que resultan afectadas en primer lugar.

El lugar de encuentro fue Homimen, en una invitación hecha por Gabriela Bruno, referente en materia de inclusión de personas con discapacidad, a la que fue invitada la diputada nacional Mónica Fein junto al diputado provincial Pablo Farías.

Una amplia ronda de sillas se llenó de representantes del sector para ratificar el diagnóstico de la situación y pedir por la sanción definitiva de la Ley de Emergencia nacional en Discapacidad que obtuvo media sanción en la Cámara baja el 4 de junio.

Un largo recorrido

La ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027 en todo el territorio nacional obtuvo el 4 de junio el apoyo de una amplia mayoría de legisladores y legisladoras: 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Impulsada por Daniel Arroyo (UxP) junto a otros legisladores, incluida Fein, establece básicamente regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Hasta ahí un resumen escueto de un camino que se empezó a recorrer hace tiempo, que motivó una amplia movilización a fines de mayo en el Congreso y en gran cantidad de ciudades y pueblos del país, y que tendrá en el Senado una segunda parada. La Cámara Alta deberá convalidar la media sanción y convertirla en ley; se descuenta que una vez allí logrará el acompañamiento necesario.

Sin embargo, desde el gobierno nacional ya anticiparon que si eso ocurre y la ley queda sancionada, la respuesta será un veto presidencial, como ocurrió un año atrás con la recomposición de jubilaciones, el financiamiento universitario y cualquier otra norma que altere el equilibrio fiscal.

Los argumentos

En diálogo con los medios, Fein repasó una a una todas las dificultades que atraviesan al sector y se mostró convencida de que la ley tendrá éxito en el Senado nacional como la tuvo en Diputados. En eso consideró "fundamental" la movilización del 29 de mayo.

Además, anticipó que más de una veintena de organizaciones presentaron una nota en la Cámara alta para pedir el tratamiento de la norma; por ahora la sesión no tiene fecha confirmada.

"La emergencia tiene un sentido para entender que estamos prácticamente al cierre de instituciones que hoy prestan servicios; las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de traslado para llegar a una prestación, la maestra integradora que tiene el objetivo de acompañar el proceso va rotando porque lo que cobra no le permite continuar en su tarea", puntualizó la legisladora que hizo un pedido "a la sociedad" para que acompañe en lograr que este, "que no es cualquier tema", figure en la agenda del gobierno. En tanto aclaró que "no requiere de una alta inversión económica, sino que tiene que ver con vivir en una sociedad con humanidad".

"No seamos indiferentes; cualquiera, en cualquier momento, puede necesitar ser acompañado en un pequeño tránsito de su vida; pensemos en las personas con discapacidad a quienes además hacen auditorias porque parten de la sospecha de que son un millón y medio de mentirosos", advirtió Fein, respecto de la orden emanada del gobierno nacional para revisar todas las pensiones otorgadas.

En este mismo sentido, Farías evaluó que "la sospecha generalizada de que hay corrupción demuestra una alta deficiencia del Estado nacional de no poder controlar y auditar donde realmente es necesario".

El diputado y convencional constituyente consideró que la Ley que se debate en el Congreso "no hace más que reconocer lo que está pasando: el sistema de protección de las personas con discapacidad está en emergencia, hay instituciones al borde de la quiebra, los recursos no alcanzan para satisfacer mínimamente las necesidades básicas" y, advirtió, "los sistemas provinciales no dan abasto".

"Hay cosas a mejorar en todos los sistemas, pero sin una cobertura de la Nación que viene aportando la mayor parte de recursos para sostener servicios esenciales no es posible. "Hay personas que no pueden desarrollar sus actividades habituales si no están contenidas por una institución", señaló.

Por su parte, Bruno reconoció que la ley es "perfectible" pero "tiene que salir cuanto antes para atender las prestaciones que impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad".

En cuanto a la convocatoria de este jueves, "en esta coyuntura es imprescindible porque es una manera de atrincherarnos en sostener los derechos que existen y no retroceder".

Como se dijo, la siguiente parada de la Emergencia será en el Senado para definir si convierte o no en ley la media sanción. Pero el recorrido no termina allí: si se aprueba y el Ejecutivo la veta, la última palabra la tendrá la Cámara de Diputados.