Impuestos a los combustibles: cómo impactará el nuevo ajuste en los surtidores

El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva modificación en el esquema impositivo de los combustibles. La medida, que impacta en la nafta y el gasoil, introduce incrementos parciales desde mayo y posterga otras subas para junio, en el marco de una política de actualización gradual.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen cambios en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Según se argumenta en la norma, el objetivo es sostener un sendero fiscal “compatible con el crecimiento económico” y evitar un traslado brusco a los precios en surtidor.

Actualización de impuestos

De acuerdo con el texto oficial , el esquema tributario vigente contempla montos fijos que se actualizan de manera trimestral en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. Sin embargo, esas actualizaciones han sido diferidas en reiteradas oportunidades durante los últimos años.

En este caso, el nuevo decreto introduce un mecanismo intermedio: se aplicarán incrementos parciales en mayo de 2026, mientras que el resto de los ajustes pendientes se trasladarán a junio.

En términos concretos, para el período comprendido entre el 1° y el 31 de mayo, se fijaron aumentos específicos en los tributos:

Para la nafta sin plomo y nafta virgen, el incremento del impuesto será de $10,398 por unidad, junto con un adicional de $0,637 correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, se aplicarán subas de $9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, $5,019 en el tratamiento diferencial y $1,056 en el gravamen al dióxido de carbono.

Estos valores representan una parte de las actualizaciones acumuladas de períodos anteriores que aún no habían sido trasladadas plenamente al esquema impositivo.

Postergación de subas

Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de diferir nuevamente parte de los incrementos. En ese sentido, la normativa modifica plazos previamente establecidos y traslada al 1° de junio de 2026 la aplicación de ajustes remanentes.

La medida responde, según los considerandos oficiales, a la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía” sin generar impactos abruptos en variables sensibles como la inflación o el consumo.

En este contexto, el Gobierno viene aplicando una política de incrementos graduales en los impuestos a los combustibles, evitando trasladar de forma inmediata la totalidad de las actualizaciones derivadas de la inflación acumulada desde 2018.

Cabe recordar que estos tributos —establecidos en la Ley 23.966— se determinan mediante montos fijos por unidad de medida, los cuales deben actualizarse periódicamente para no perder peso real frente a la inflación. Sin embargo, en la práctica, su aplicación ha sido escalonada a través de decretos sucesivos.

Impacto en precios

Si bien el decreto no define directamente los precios en surtidor, sí influye de manera indirecta en su evolución. Los impuestos representan un componente relevante en la estructura de costos de los combustibles, por lo que cualquier modificación tiende a trasladarse —total o parcialmente— al consumidor final.

En el sector energético se espera que las petroleras evalúen el impacto de estos cambios en función de otras variables, como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos.

Analistas del mercado advierten que la estrategia oficial busca evitar saltos bruscos en los precios, especialmente en un contexto donde el consumo aún muestra señales de fragilidad. La aplicación escalonada de impuestos aparece así como una herramienta para administrar tensiones entre recaudación fiscal y actividad económica.