Industriales expusieron ante el Congreso el estado del sector afectado por las políticas de apertura

Mauro L. Muñoz 

La comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades textiles para analizar la situación. El diagnóstico fue coincidente: la estabilización macroeconómica no alcanza para reactivar la producción manufacturera, mientras la apertura comercial, la caída del consumo, los costos en dólares y la falta de crédito profundizan el deterioro del sector.

“Entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 75.000 puestos de trabajo directos”, señaló María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA. “No hablamos solamente de empleo directo. También impacta en los servicios, los proveedores y en las localidades del interior donde la industria sostiene al resto de la economía”, aclaró.

La representante de la UIA recordó que la industria representa cerca del 19% del valor agregado bruto y del empleo asalariado registrado, con alrededor de 1,2 millones de trabajadores directos. Además, que paga salarios un 20% superiores al promedio, aporta el 27% de la recaudación nacional de los sectores productivos, concentra el 57% de las exportaciones de bienes y explica el 54% de la inversión privada en investigación y desarrollo.

Sin embargo, advirtió que esos números conviven con una producción en crisis. “Durante todo 2025 la producción se estancó en niveles históricamente bajos”, afirmó Bermúdez. La actividad se encuentra aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. Al mismo tiempo que se realizaba la reunión, el INDEC informó que durante abril volvieron a registrarse retrocesos en la producción manufacturera.

“Absorbemos los costos”

La directora ejecutiva de la UIA sostuvo que el sector manufacturero está realizando gran parte del esfuerzo para contener la transformación productiva que impulsa el gobierno nacional. “Hay gran cantidad de industrias que están absorbiendo la suba de los costos, trabajando a costo, y pymes cuyos dueños están poniendo plata para subsistir”, describió Bermúdez.

José Luis Garrido y Pablo Farías, titulares de la comisión de Industria y Pyme en la Cámara de Diputados.

La explicación se apoyó en el carácter transable de la industria. A diferencia de los servicios, las fábricas compiten con productos elaborados en otros países y no pueden trasladar automáticamente cada aumento a los precios. En ese punto, mencionó el “costo argentino”: presión tributaria, escaso financiamiento, costos energéticos, infraestructura deficiente y una logística más cara.

Estimó, además, que la presión tributaria sobre el sector formal alcanza el 56%, por la acumulación de tasas municipales, Ingresos Brutos e impuestos nacionales. “Competimos con países como Brasil, Vietnam o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, cuestionó Bermúdez.

María Laura Bermúdez, directora ejecutivo de la UIA.

En ese sentido, presentó una serie de propuestas tributarias y financieras. Entre ellas, eliminar o compensar el impuesto a los débitos y créditos, crear una cuenta única tributaria y permitir que los saldos a favor puedan utilizarse para cancelar otras obligaciones. También reclamó estabilidad fiscal, una reducción gradual de Ganancias para las pymes y la posibilidad de computar parte de las contribuciones patronales a cuenta de IVA o Ganancias, especialmente en sectores como textiles y calzado.

El pedido más urgente fue un nuevo plan de facilidades. Un relevamiento citado en la reunión indicó que el 45% de 760 empresas encuestadas mantiene atrasos con el Estado, proveedores, trabajadores o entidades bancarias. “La deuda con los bancos es el cierre de las cuentas; la deuda con ARCA es el embargo; la deuda con los proveedores paraliza la empresa”, enumeró Diego Leal, presidente del departamento Pyme de la UIA.

Recorte a proveedores nacionales

CAME destacó las dificultades adicionales que enfrentan las empresas del interior, alejadas de los puertos y de los principales centros de consumo. “No queremos ser un país aislado del mundo”, planteó su secretaria general, Beatriz Tourn. Pero pidió que cada medida tendiente a la apertura tenga como contrapartida instrumentos para que las pequeñas industrias puedan adaptarse.

Beatriz Tourn, secretaria General de CAME

Juan Carlos Uboldi, director industrial de la entidad de la pequeña y mediana empresa, puso como caso el cierre de una fábrica de ladrillos de hormigón celular. “Ese ejemplo en carne propia es mucho más importante que todas las estadísticas que pongamos sobre la mesa”, afirmó. En esa línea, reclamó controles frente al contrabando y las importaciones que no cumplen con las mismas normas técnicas exigidas a los fabricantes nacionales. “La cancha está inclinada”, graficó Uboldi. “Una empresa grande puede conseguir tasas del 7% en dólares y nosotros pagamos 30, 35 o 40%”.

La relación entre las grandes inversiones y el entramado industrial local también ocupó buena parte del debate. Tanto UIA como CAME respaldaron el desarrollo minero y energético, pero reclamaron que esos proyectos incorporen proveedores argentinos. “Tenemos la capacidad para satisfacer esas demandas. No hay motivo para traerlo importado”, sostuvo Bermúdez.

En ese punto, Kelly Olmos, diputada de Unión por la Patria y ex secretaria de Trabajo, advirtió sobre una inversión minera que habría comprado un obrador completo bajo la modalidad llave en mano en el exterior. Planteó que ese tipo de operaciones puede consolidar “un modelo de enclave” sin integración con el resto del territorio ni con los proveedores nacionales. Ante esto, CAME propuso un régimen de desarrollo de proveedores para energía y minería, acompañado por incentivos a las empresas locales que logren incorporarse a esas cadenas y exportar bienes o servicios.

Los textiles y su “eficiencia”

La exposición más crítica correspondió a la Fundación Pro Tejer. Su presidente, Luciano Galfione, aseguró que la industria textil tiene presencia en 17 provincias y genera más de 500.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, “seis de cada diez máquinas están paradas”.

En los últimos tres años, agregó, se perdieron más de 22.000 empleos registrados, cerraron más de 800 empresas y la producción quedó un 30% por debajo de 2023. “Todos los días cierra una empresa y todos los días perdemos trabajo registrado”, afirmó.

Luciano Galfione, titular de la Fundación Pro Tejer.

El sector lleva más de dos años consecutivos de caída, con costos crecientes y un mercado interno paralizado. “Ya no es un problema entre importado y nacional. No vendemos ni nacional ni importado”, describió.

Galfione también alertó sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y, en particular, del centro textil creado en 1967. Destacó que allí se realizan ensayos de calidad, inflamabilidad, composición de productos, sustancias químicas y certificaciones necesarias para exportar.

Relató que su empresa, radicada en Catamarca y dedicada a productos elaborados con fibras de camélidos, dejó de contar con ensayos que antes realizaba el organismo. “Estoy buscando un laboratorio en el mundo que pueda ensayar esos productos. Mientras tanto, perdí la posibilidad de exportar”, afirmó.

La UIA y CAME respaldaron la continuidad del INTI, aunque reclamaron mayor eficiencia y menores plazos. “El INTI tiene que estar y tiene que ser eficiente al servicio de la industria y de la exportación”, sostuvo Leal.

Por último, Galfione advirtió que eliminar controles también puede favorecer el ingreso de mercadería sin estándares equivalentes a los exigidos a la producción nacional. “Eficientizar no es eliminar”, afirmó. “Si un organismo es ineficiente, hay que hacerlo mejor sobre la construcción de lo que existe”.