Investigan la responsabilidad de tres policías en el femicidio de Marina Espíndola

Desde el poder judicial investigan a tres agentes policiales para determinar si tuvieron algún tipo de responsabilidad en el femicidio de Marina del Carmen Espíndola ocurrido el 25 de enero de 2022 en la localidad de Murphy a manos de su ex pareja, Gabriel Robles.

Por un lado, a la psicóloga que estaba encargada de Medica Legal, Rosalía Kobila. En segundo lugar, a quien era Jefe de Judiciales de la Unidad Regional VIII, Cristian Rotela. Y por último, a quien se desempeñaba como Jefe de la Subcomisaría 10°, Cristian Ataide.

La noticia la confirmó el fiscal Eduardo Lago, quien está a cargo de la investigación y en los últimos días sostuvo una reunión con familiares de la víctima, quienes se presentaron como querellantes en la causa.

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El hecho

En la madrugada del 25 de enero el policía Robles ingresó a la vivienda de su expareja y la ejecutó de un disparo. Luego se pegó un tiro en la boca, fue internado y falleció horas más tarde.

En esa trágica jornada se realizó por la tarde una multitudinaria movilización que tuvo a la plaza central del pueblo como punto de partida, para terminar frente a la sede policial, donde fue tomando fuerza la hipótesis de que distintas denuncias que realizaba la víctima no eran enviadas al MPA, ya que el objetivo (al menos en este caso) era proteger a Robles.

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Semanas previas al femicidio

El 18 de noviembre Marina del Carmen radicó una denuncia detallando distintos episodios padecidos desde la separación de Gabriel Robles. Entre ellos, el robo de bicicletas, persecución en la vía pública y en el trabajo, acoso en un local bailable de Venado Tuerto, e ingresos ilegales a su vivienda.

Posteriormente, el 23 de noviembre, el fiscal Horacio Puyrredón tomó el caso y decidió establecer una perimetral para Gabriel Robles, prohibiendo así la posibilidad de acercamiento a su expareja. Además, determinó que le retiren el arma reglamentaria y que la psicóloga de la Unidad Regional VIII de Policía le realice una pericia psiquiátrica. Y el documento destaca que, según el fiscal, “no existen elementos necesarios para comenzar una IPP (Investigación Penal Preparatoria)”.

Semanas más tarde, el 21 de diciembre, Marina del Carmen es convocada desde el MPA, donde dejaron en claro que nunca recibieron la última denuncia que realizó.

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El 28 de diciembre, Gabriel Robles es sometido a un nuevo examen psiquiátrico en el consultorio particular de Adriana Almaraz. La profesional asegura que no le dio el alta médica, sino todo lo contrario. Pero la encargada de Medicina Legal, Rosalía Kobila y el jefe de Judiciales, Cristian Rotela, se escudan en ese informe a la hora de decidir habilitar nuevamente a Gabriel Robles a portar la pistola 9 milímetros.

Esa decisión no fue informada al MPA, según aseguran fuentes oficiales. Y menos aún a la víctima. Lamentablemente, no pasaron muchos días para que el femicida ataque a María del Carmen y le quite la vida con un disparo.

Investigación

“La investigación la llevaba adelante la oficina de género. Y cuando termina la feria solicito a la fiscal que estaba a cargo de la causa una serie de medidas en prevención de que haya responsabilidades penales o administrativas del personal policial. Ahí se abrió una causa judicial”, relató Eduardo Lago.

El fiscal solicitó a la oficina que trabaja con “las cuestiones digitales el contenido de los teléfonos secuestrados. No conforme con eso, pido el detalle de las llamadas entrantes y salientes, el movimiento de los celulares de los policías a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Puntualmente desde el MPA quieren determinar si la psicóloga Rosalía Kobila erróneamente le dio el alta para que Robles pueda portar armas. Y si al mismo tiempo esa imprudencia recae en quien era el feje de judiciales, Cristian Rotela.

Por otro lado, el objetivo es dejar en claro si las denuncias realizadas por Marina en sede de la Subcomisaría 10° de Murphy eran cajoneadas o no.

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El miércoles de la semana pasada los familiares de la víctima sostuvieron una reunión con Eduardo Lago y el fiscal regional Matías Merlo, en donde fueron informadas sobre en qué instancia se encuentra la causa judicial.

Una vez que se presenten con la abogada como querellantes “van a poder tener acceso a toda la información. Además, van a poder producir pruebas junto a la fiscalía”, indicó Lago, dejando en claro que “se está investigando a personal policial superior, y personal subalterno, no profesionales ajenos a la Unidad Regional VIII. Se los investiga por incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma agravada. Porque producto de esto hubo un nexo de causalidad que llevo al resultado final que fue un femicidio”.

Por último, el fiscal dejó en claro que la “mayoría de las medidas que pedimos no son inculpatorias, sino exculpatorias”.