Juan Cruz Giménez: "Santa Fe puede liderar una nueva etapa en la protección de la niñez"

Por Mauro L. Muñoz (El Litoral) 

El pasado 4 de julio, Juan Cruz Giménez asumió como Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, marcando el inicio de una nueva etapa en el organismo creado en 2009 por la Ley 12.967 y puesto en práctica en 2012 bajo la gestión de Analía Colombo.

Tras sus primeros dos meses de gestión, Giménez dialogó con El Litoral en el marco del inicio de un ciclo de conversatorios. Reconoce que halló un "importante desarrollo" llevado adelante por un "equipo profesionalizado compuesto por abogados, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales" en áreas clave como la atención a los casos de vulneración de derechos, seguimiento de las políticas públicas involucradas y monitoreo sobre el sistema de protección en toda la provincia.

Expuso el plan de acción cuyo eje prioritario es una radiografía territorial integral, que comenzó con el relevamiento de los 364 servicios locales de municipios y comunas de la provincia, donde la diversidad de realidades que aloja un territorio tan extenso como el de Santa Fe expone la necesidad de profundizar el abordaje en cada pueblo para reducir las brechas de desigualdad, en un contexto de restricciones económicas a nivel nacional que obliga a reforzar el control de la inversión social.

El programa de acción para la nueva administración incluye desafíos emergentes como la prevención de la niñez en los entornos digitales, el preocupante aumento de la tasa de suicidios en la adolescencia y el seguimiento de la reforma del sistema penal juvenil. A la vez que mantiene también el compromiso en colaborar en el mejoramiento del Registro Único de Adoptantes (RUAGA) y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional con organismos internacionales como Unicef.

Y, hacia el final, proyectó una mirada federal en medio del debate que se lleva adelante por la conducción de la Defensoría Nacional de NNyA. “Hoy solo cuatro provincias tenemos Defensorías de Niñez. Más allá que el nacional no es un órgano supra a las provincias, es importante que estén en funcionamiento generando datos, propiciando espacios y apoyando experiencias. Creo que Santa Fe puede liderar ese proceso por su experiencia en intervención de casos que ayudan al Estado a encontrar respuestas", planteó.

Panorama y desafíos

-¿Con qué organismo se encontró?

-Me encontré con un órgano que ha tenido un importante desarrollo durante una década. Rescato que el trabajo de la etapa anterior fue muy bueno y que dejó un equipo altamente profesionalizado: en el que hay abogados, psicólogos, sociólogos que responden a las áreas de atención, trabajadores sociales. Es para resaltar que el Estado hace un esfuerzo importante.

Sin embargo, la provincia es extensa y diversa, y por eso nuestro primer eje de acción es una agenda territorial, con un equipo de trabajo que está compuesto por unas 15 personas en la zona centro-norte, con sede en la ciudad de Santa Fe cuya directora es Judith Galletti; y la zona centro-sur, con sede en Rosario, cuyo coordinador es Gustavo Lorenzo, compuesto por unas 45 personas.

-¿Cuáles son los ejes prioritarios de gestión en relación con la tarea previa?

Para lo que viene, definimos un plan de gestión, que se basa en un relevamiento integral de los 364 servicios locales en Santa Fe. Durante las últimas semanas ya hemos recorrido Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela, Rosario y Santa Fe, entre otras, para intensificar la presencia en el territorio. Lo hacemos a través de mesas territoriales, llevando materiales y recomendaciones a los servicios locales. Esto es clave, por ejemplo, para trabajar en temas como la articulación con el Registro Civil para la documentación de niños de 6 años en lugares como Villa Gobernador Gálvez. También estamos abordando con agrado la mesa de localidades de frontera y San Francisco, donde existe un desentendimiento entre jurisdicciones que debemos ayudar a resolver.

Un segundo eje fundamental, y que retoma un monitoreo que se había discontinuado en los últimos cuatro o cinco años, es el control de la inversión social en niñez. Gracias al ministro de Economía, Pablo Olivares, podemos volver a monitorear la cantidad de recursos destinados a los programas de protección. Tener mejores leyes o constituciones más integrales es contradictorio si no hay una disposición de recursos consecuente para alcanzar esas metas.

Además, incorporamos el seguimiento del Registro Único de Aspirantes a la Guarda (RUAGA). Creemos que hay notables recomendaciones para lograr un proceso mucho más acompañado y menos discontinuo que culmine en una adopción plenamente responsable, no en la devolución del niño. Actualmente, el RUAGA depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, y estamos dispuestos a colaborar para mejorar ese proceso, incluso entrevistando a familias adoptantes y a aquellas que dan en adopción.

El desafío digital

-La Defensoría inició una serie de jornadas para abordar los entornos digitales. ¿Cómo se posiciona frente a la necesidad de regular este espacio, en medio de consideraciones que se hicieron en este aspecto en la Constitución provincial?

-El tema de pantallas y entornos digitales es de muchísima actualidad. Para nosotros, es un momento clave porque la reforma constitucional de Santa Fe, vigente hace un mes, establece el derecho a la conexión, a la desconexión y la ciudadanía digital. Esto es importante porque el propio Estado Provincial reconoce que existen desigualdades estructurales para la infancia, y las políticas públicas deben reducir estas brechas."

En Argentina, hemos abordado la digitalización de forma un poco desprolija o acelerada, impulsados por la emergencia de la pandemia. Nosotros decimos humildemente creemos que no hay que esperar a la emergencia. No podemos correr detrás de los casos de ciberestafa o uso de imágenes de niños, como nos ocurrió recientemente. Debemos pensar en la capacidad estatal previa a la falta de control de las empresas y personas detrás de las pantallas. El objetivo no es la prohibición, sino promover el uso responsable.

En esto, la familia es central, porque el niño accede al celular, tiene el chip y los datos de manera inmediata; no clandestinamente. Lo que no es inmediato es el uso responsable. Por eso, este conversatorio es el primero de un plan de trabajo que busca establecer un vínculo entre agentes del Estado, familias, y NNA para lograr una regulación responsable en materia de entornos digitales.

-La discusión también implica al ámbito escolar, con el Ministerio de Educación estudiando una norma que controle su uso en las aulas ¿Cómo se articula el derecho a la alfabetización digital con la regulación de dispositivos?

-La cartera educativa ha manifestado su intención de intentar regular el uso de celulares. Es un tema recurrente. En Santa Fe, existe una ley del 2006, que no está reglamentada, que prohíbe el uso de celulares, pero en la práctica no está ocurriendo. La clave, creemos, está en que la cartera educativa tenga una política bien precisa que tiene que ser la alfabetización de base. La alfabetización digital viene en una segunda instancia, luego de que se consolide la base de lectocomprensión. Los relevamientos nacionales, nos vienen mostrando que si el proceso de alfabetización de base no está consolidado, agregar el dispositivo digital termina siendo un problema. La propuesta me parece que es lograr un proceso consolidado de lectocomprensión que haga posible un uso racional del dispositivo de pantalla. De nuestra parte, el desafío es cuidar que no haya una secuencia de ciudadanos de primera con derechos garantizados y ciudadanos de segunda, cuyas desigualdades limiten la protección.

Alarma de la Salud

-Además de la regulación digital, ¿qué otros temas son centrales en la agenda de vulnerabilidad?

-Tenemos un eje que es problemático y que nos ocupa, que es la salud mental. La tasa de suicidio en niños y adolescentes está aumentando, y eso es una alarma. Hemos mantenido una primera reunión en la COPISMA (Comisión Provincial de Salud Mental), que tiene entre sus tres ejes la salud mental y los consumos problemáticos en NNyA. Entendemos que hay que reforzar las políticas públicas para dar respuesta en este sector, donde aún quedan cuestiones de fondo por resolver."

También, en materia de salud en general, estamos tratando de monitorear el calendario de vacunaciones, otro tema que se ha resentido. Hay una avanzada importante, cuantitativa y cualitativa, sobre el piso de protección que el Estado asume, pero la inestabilidad y la falta de control en las políticas macroeconómicas repercuten, sobre todo en los niños.

Otro punto importante que nos ocupa es el seguimiento de la transformación del sistema judicial. Pasamos de un régimen con el Juez de Menores con un rol pleno, a convivir con defensores civiles, penales y fiscales, un sistema muy distinto que aún nos cuesta entender a ciudadanos y funcionarios. Por eso, es fundamental que la Defensoría acompañe el cambio de la ley del sistema penal juvenil, manteniendo una agenda de visitas permanentes a los centros o lugares de aprehensión y monitoreando los procedimientos.

Relación a nivel nacional

-¿Cómo se articula la Defensoría de Santa Fe con el nivel nacional y qué incidencia tiene en ese ámbito?

Si bien la Defensoría de la Nación no es un órgano suprasuperior a las Defensorías provinciales, es clave la relación. Hemos hablado en Buenos Aires sobre la importancia de que no haya solo cuatro provincias con Defensoría (Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Jujuy tienen, pero Entre Ríos no, por ejemplo). En ese contexto, Santa Fe puede liderar ese proceso mostrando la cantidad de incidencia que tenemos al evitar la judicialización y garantizando la respuesta.

Para nosotros, es fundamental que la bicameral de la nación, que está funcionando, elija un Defensor o Defensora nacional. Hay discusiones nacionales en las que debemos participar, como la que planteamos recientemente sobre la emergencia pediátrica. Publicamos un documento que aborda la situación crítica del principal hospital pediátrico nacional, el Garrahan, al que acuden muchos niños santafesinos."

Si bien en Santa Fe estamos viendo una inversión notable, como la duplicación del Hospital Alasia y el fortalecimiento de hospitales de primer y segundo nivel, no podemos dejar de llamar la atención al gobierno nacional sobre el Garrahan, ya que su crisis impacta en todo el país, no solo en Capital Federal o Buenos Aires. La Defensoría debe tener una voz importante en un momento de desconfianza sobre el Estado y las leyes. No se logra más protección con mayor punitivismo, sino con mayores oportunidades para la niñez y adolescencia.