Nuevas restricciones
La Casa Rosada dispuso medidas que endurecen la política migratoria
No se permitirá el ingreso de personas condenadas, se acelerará la deportación de quienes cometan delitos, nuevas condiciones para obtener la ciudadanía. Será obligatorio el cobro de servicios de salud a residentes temporarios, y opcional para las universidades nacionales.
El gobierno nacional anunció este miércoles una serie de medidas que modifican y endurecen el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Los principales cambios son:
- Cualquier condenado que intente ingresar a través de las fronteras será rechazado por las autoridades migratorias.
- Quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados.
- El que miente en cualquier información al momento de ingresar, será expulsado.
- Todo aquel condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea. Se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones.
El comunicado oficial del Gobierno nacional.
- Los inmigrantes ilegales residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar seguro médico para garantizar esa capacidad de pago.
- Se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria.
- Van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional.
- Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora.
La reforma migratoria fue anunciada el 1 de marzo por el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Pero se eligió este miércoles, a pocos días de las elecciones legislativas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hacerla efectiva en palabras del vocero Manuel Adorni, candidato por La Libertad Avanza que esta semana completó el cupo de conferencias de prensa y anuncios: tres en tres días. Y para mañana se espera una más relacionada con el blanqueo blue de dólares.
El diagnóstico
Fuera de eso, el portavoz presidencial -que estuvo acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la presentación, así como el martes presenció la rueda de prensa el titular de Economía Luis Caputo- partió de una distinción entre la "migración virtuosa" que llegó al país a fines del siglo XIX y "la normativa actual que invita al caos y al abuso de muchos vivos".
Advirtió luego que "hoy entra casi cualquiera sin mediar muchas preguntas y las condiciones de deportación son demasiado flexibles",
En cifras evaluó que "en los últimos 20 años ingresaron 1,7 millones de inmigrantes irregulares. El equivalente a la población del partido de La Matanza o la provincia de Tucumán".
Además, "cualquier condenado con una pena menor a 3 años puede ingresar" al país. En otro orden, reclamó por los inmigrantes que "vienen a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y no contribuyeron con sus impuestos a financiarlos": "Solamente en 8 hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros el año pasado", dijo el vocero.
"Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Con la norma vigente cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a los 5 años puede seguir viviendo felizmente en la Argentina para peligro de todos los demás", dijo Adorni y mencionó, entre otros delitos, "el abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto, robo, daños agravados, resistencia a la autoridad, falsa denuncia, encubrimiento y usurpación ilegal de tierras".
Controles más estrictos y requisitos más severos anuncia el gobierno nacional para el ingreso de personas extranjeras al país.
Según los cálculos nacionales, en Ciudad de Buenos Aires, "de los 4.300 extranjeros detenidos en el último año y medio, el 40 % fue por robo o hurto".
"Queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y próspero. Pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de para expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio", cerró.
