La Casona Boyle, una vez más es tema de debate en el Concejo venadense

La histórica casona de la familia Boyle, ubicada en Casey y Mitre, pleno centro de Venado Tuerto, regresó al eje del debate público. En la última sesión del Concejo Deliberante ingresó una nota formal enviada por los herederos del inmueble, quienes solicitan la derogación de la ordenanza que, desde 2011, declara a la propiedad de interés patrimonial, arquitectónico, urbanístico e histórico cultural.

El pedido busca eliminar las restricciones impuestas para realizar reformas o una posible demolición, lo que permitiría otros usos del terreno, como la construcción en altura. El planteo reabre una discusión sensible para la comunidad local, que aún recuerda la pérdida de edificios emblemáticos como la Casa Andueza.

Una propiedad con historia 

La vivienda, construida a principios del siglo XX y rodeada de un amplio terreno, posee un alto valor patrimonial y urbanístico, no solo por su antigüedad, sino también por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, lo que la convierte en un predio muy codiciado por desarrolladores inmobiliarios.

El presidente del Concejo, Santiago Meardi, confirmó que la nota fue girada a la Comisión Mixta de Desarrollo Territorial, que integran ediles de todos los bloques y representantes de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrimensores. Esa misma comisión fue la que años atrás propuso la protección del inmueble.

“Se trata de una propiedad con alto potencial para la construcción de edificios, y por eso fue declarada de interés patrimonial. Pero también es cierto que los propietarios no tienen claridad sobre los beneficios que se les otorgan por esa condición”, explicó Meardi.

¿Qué piden los herederos?

Según detalló el edil, los actuales titulares del inmueble manifiestan sentirse perjudicados por las restricciones que impone la ordenanza, ya que no existen criterios claros sobre lo que se puede hacer ni qué compensaciones reciben quienes deciden mantener el bien patrimonial.

“La falta de especificidad en los alcances de la ordenanza genera incertidumbre en cualquier transacción. Ni los propietarios actuales ni potenciales compradores tienen claro qué está permitido”, indicó.

Además, explicó que la normativa vigente prevé beneficios constructivos, como mayor altura, mayor cobertura del terreno o excepciones en los indicadores urbanísticos, siempre y cuando se respete la preservación de la estructura, especialmente de su fachada. Pero esos beneficios no han sido explicitados en ningún reglamento particular para esta vivienda.

Un debate con memoria

Meardi recordó el fuerte impacto que tuvo la demolición de la Casa Andueza (que estaba ubicada en Belgrano y 9 de Julio), otro inmueble de valor histórico que fue derribado tiempo atrás para proyectar un nuevo edificio municipal, cuya construcción nunca no se concretó. Luego el lote fue vendido para pagar deudas que tenía la ciudad. Ese hecho generó una reacción comunitaria que dejó huella.

“Esa situación nos dolió a todos, incluso a quienes no llegamos a conocerla. Por eso debemos aprender de la historia y no repetir errores”, sostuvo.

También recordó que años atrás hubo un intento de convertir la Casona Boyle en un bar temático, respetando su estructura original y anexando un edificio moderno. Aunque la propuesta fue bien recibida, fracasó por no alcanzar un acuerdo económico entre el comprador interesado y los propietarios.

“No se trata solo de la ordenanza, sino también del valor de la propiedad y del mercado. Cada propietario tiene derecho a pedir lo que considere, pero los desarrollos también deben ser viables económicamente”, puntualizó.

¿Puede intervenir el Estado?

Meardi confirmó que en distintos momentos se planteó la posibilidad de que el Estado provincial adquiriera la propiedad para establecer allí oficinas públicas, como un Registro Civil. Sin embargo, el elevado valor del inmueble y los costos de mantenimiento y puesta a punto han sido hasta ahora un obstáculo.

“Hoy hay un gobierno provincial que está invirtiendo en Venado Tuerto, y tal vez sea el momento de poner esta alternativa sobre la mesa nuevamente”, dijo el edil.

Definición técnica en camino

La nota enviada por los herederos no establece un plazo, pero Meardi considera necesario avanzar con un dictamen técnico que aclare con precisión qué puede y qué no puede hacerse en el inmueble, y cuáles son los beneficios urbanísticos concretos.

“No creemos que sea algo que demore demasiado. Lo importante es ordenar jurídicamente la situación. Lo que nos están pidiendo es la derogación de la ordenanza, y eso está sobre la mesa. Pero nosotros adelantamos nuestra postura: preservar el patrimonio y la identidad del espacio”, remarcó.

¿Existen otros casos similares?

Meardi indicó que actualmente hay alrededor de 20 inmuebles en Venado Tuerto que están protegidos por ordenanzas similares. En general, estos procesos se han desarrollado con el consenso de los propietarios.

“No queremos generar trabas. Lo que buscamos es encontrar un punto de equilibrio entre la protección patrimonial y los derechos de los propietarios. Y sobre todo, dar seguridad jurídica para que nadie quede atrapado en la incertidumbre”, concluyó.