La oposición busca derogar el mega DNU en Diputados tras el fallo de la Corte Suprema
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La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave el 15 de octubre donde se intentará rechazar el decreto 70/23, en medio de una creciente tensión política y reclamos sociales.
El mega DNU 70/2023 volvió a instalarse en el centro de la agenda política nacional. Tras el rechazo inicial del Senado en 2024, la oposición en la Cámara de Diputados intensificó las gestiones para lograr su derogación definitiva. Este movimiento ocurre en un escenario de alta tensión entre los poderes del Estado y ante la proximidad de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
La atención legislativa se incrementó luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo que declaraba inconstitucional el artículo del decreto que derogaba la Ley de Tierras. Si bien el máximo tribunal no se expidió sobre el fondo de la cuestión, su resolución reactivó el debate sobre la vigencia del instrumento dictado por el presidente Javier Milei.
La oposición solicitó una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar la derogación del decreto, además de proyectos sobre morosidad y la Ley de Discapacidad. Por su parte, el oficialismo intenta evitar que la convocatoria alcance el quórum necesario, apostando a una sesión posterior el 21 de octubre que incluya el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El Congreso Nacional atraviesa semanas de intensa actividad en comisiones. En la Cámara alta, el presidente pro témpore Bartolomé Abdala ha ganado protagonismo en la sucesión presidencial, mientras que figuras como Patricia Bullrich mantienen una agenda activa con el sector empresarial. La incertidumbre persiste hasta el 30 de noviembre, fecha en la que concluirá el período de sesiones ordinarias.
El decreto 70/23, que acumula más de dos años de vigencia, regula aspectos clave como alquileres, prepagas, actividad aerocomercial y el régimen laboral. La posibilidad de que sea rechazado por ambas cámaras parlamentarias, tal como ocurrió en septiembre de 2024 con el DNU 656 sobre fondos reservados de la SIDE, mantiene en alerta al Poder Ejecutivo frente a un Congreso que busca limitar sus atribuciones.
