La reforma que impulsa Pullaro con poco margen debido a la crisis de los fiscales en Rosario

De un lado se encuentra una gestión que lleva días en el poder, tras una victoria importante y que tiene fuertes mayorías en las dos Cámaras de la Legislatura; del otro, una corporación también joven pero que ya ha sufrido una crisis grave expuesta públicamente y cuyos resultados generales tampoco son satisfactorios o no han alcanzado los niveles que se esperaban.

La reforma de fondo que pretende aplicar el gobernador Maximiliano Pullaro al Ministerio Público de la Acusación, contenida en un ambicioso mensaje de ley habilitado para las sesiones extraordinarias para cambiar 34 de los artículos de la Ley Orgánica del MPA, despierta algunas resistencias y objeciones entre sus integrantes, los fiscales, pero hoy su capacidad de resistir los cambios que van a quitarles poder es menor que años atrás. Tal vez hayan sido excesivas las esperanzas cifradas en el órgano acusador a partir de su creación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Debe decirse en favor de la labor de ambos, y de los jueces del fuero, que son menos las decepciones respecto del sistema oral.

Las críticas fueron expuestas por el gobernador Maximiliano Pullaro al momento de jurar ante el Poder Legislativo, con la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe también en pleno durante el acto del domingo 10 a la noche. "Justicia lenta" y que "no da respuestas", dijo.

Pero además, 2023 será recordado en el ámbito de los tribunales santafesinos como el año en el que se produjo un verdadero escándalo de 15 denuncias cruzadas entre fiscales de la ciudad de Rosario, ante la Auditoría General interna que terminó con la decisión del auditor Leandro Mai de elevar a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa parte de esas posibles faltas graves, que derivaron en el inicio de un proceso de avocamiento que nació intencionadamente con patas cortas: se designó a una diputada saliente que pronto dejó su banca.

Aún así, hubo las suficientes reuniones de la bicameral para que queden claras las intenciones de unos legisladores de avanzar y las de otros de estirar las cosas, de esperar a la justicia. En ambas corrientes hay sin embargo la certeza de que las investigaciones sobre el caso en cuestión que se siguen en el MPA de Santa Fe son serias, fundadas y que cuentan con una contundente cantidad de pruebas.

Más allá de lo que suceda con el fiscal Matías Edery, que era visto como emblema de la lucha contra la corrupción -y que hoy no puede ocultar demasiados vínculos con dos acusadas de pertenecer a la banda Los Monos-, es interesante señalar que el proceso de reforma que impulsa Pullaro también se explica en parte por la imagen de descontrol que mostró el MPA en Rosario en la segunda mitad del año que termina.

La crisis de los fiscales del sur sucedió en la ciudad con más problemas de inseguridad, con índices de violencia muy preocupantes, que es mirada por todo el país y tiene la atención personal de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y hoy es el centro de las preocupaciones gubernamentales de la Casa Gris.

Es importante recordarlo: la fiscal regional María Eugenia Iribarren intentó explicar lo sucedido entre sus subordinados como un problema de egos o relaciones interpersonales que han chocado, pero luego debió acudir a una explicación menos psicológica: los fiscales enojados entre sí pertenecen a las oficinas de Homicidios, Criminalidad Organizada y Balaceras de la ciudad de Rosario, es decir, las tres "áreas sensibles" que, al decir de la fiscal general María Cecilia Vranicich fueron puestas bajo auditoría para superar la crisis.

Si a esos titulares en los diarios de 2023 se agregan todos los que, en 2022, produjo el flujo de información ilegal que iba desde el Organismo de Investigaciones del MPA al Ministerio de Seguridad en tiempos de Marcelo Sain -también bajo proceso judicial- se verá que el cuadro es de "oportunidad" como ha dicho la ex auditora general para mejorar al órgano a su cargo.

El proyecto

Está en las comisiones de la Cámara de Diputados el mensaje que modifica 34 artículos de la ley que hoy rige al Ministerio Público de la Acusación y que forma parte del paquete que pidió la Casa Gris a la Legislatura para seguridad y justicia. Elimina la Junta de Fiscales y cambia la carrera con grados de auxiliar de la Fiscalía, fiscal adjunto, fiscal de Distrito y fiscal de Cámara. Le da mucho más poder al fiscal general y se lo resta a los regionales y a los fiscales en general. Se pretende al mismo tiempo que crear un pirámide salarial más parecida a otros estamentos estatales, una verdadera carrera para los fiscales con esos cuatro escalones.

Los fundamentos del mensaje a discutir, que ya recibe las observaciones de los interesados en ambas Cámaras, describe la reforma como de "centralización" en la cabeza del MPA. Se dice que el radicalismo ha sido la fuerza política más influyente en la sucesión de acuerdos prestados para los pliegos enviados que han dado forma al MPA. Aunque ha sido el peronismo, durante el gobierno de Omar Perotti, el que pudo llevar más lejos la cooptación partidaria de ese actor principal del sistema penal santafesino: lo prueba todo lo que puede leerse y oírse en la causa por abuso de autoridad contra Sain, que tenía información constante de fiscales y del organismo de investigaciones que seguía encabezando gracias a una licencia sin goce de sueldo otorgada por el entonces fiscal general, Jorge Baclini.

Entre las reformas más interesantes de comentar se encuentra un cambio a la letra del primer artículo de la ley vigente que define la "misión" del MPA. Debe realizar "el ejercicio de la persecución penal pública, procurando la resolución pacífica de los conflictos penales", repite el texto de la reforma al igual que el del original y agrega entre sus nuevos deberes "la reducción del delito y la protección de la sociedad". Eso dice el texto que llegó a Diputados y quiere el gobierno.

Pullaro procura una pronta aprobación para producir un cambio de fondo en orden a una justicia "más eficaz" de la que se quejó en su discurso de asunción. Las mayorías de 28 sobre 50 diputados y de 14 senadores sobre 19 bancas buscan no dar un paso en falso y para ello cuentan con el convite a la unanimidad que el han formulado a la oposición, lo que implica un tratamiento de cada uno de los artículos a modificar que no puede ser a libro cerrado como se pretendió inicialmente.