Las destituciones en la Justicia, tema polémico en la Convención Reformadora

El presidente de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, Lisandro Enrico, admitió la subsistencia de discrepancias en algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento de los tribunales y las nuevas instituciones, ya que se trata de “cambios importantes, que tienen que ser afinados”. Y que se trabaja en la búsqueda de consensos, ya que a la Comisión Redactora llegaron dictámenes con diversos puntos de vista.

En diálogo con el periodismo, Enrico cifró esa necesidad en “las consecuencias que puedan tener para los empleados, los distintos espacios, la creación de nuevas entidades, nuevos institutos como el Consejo de Asesor, o el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público”. Y entre ellos, especialmente, la manera en que se conformará el órgano de control, disciplina y eventualmente destitución de magistrados y funcionarios.

La necesidad de buscar consensos llevó a que la reunión de la Comisión Redactora convocada para este martes a la mañana pasase a un cuarto intermedio, con el objetivo de definir los últimos ajustes rumbo a la sesión plenaria del próximo miércoles.

Qué se discute

El texto que firmaron 11 convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe, establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete ministros, con paridad de género y representación territorial, y que la edad límite de permanencia en el cargo será de 75 años. También se ratifica que los ministros serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. A la vez, se mantiene la figura del Procurador General como parte del Poder Judicial.

Convencionales en pleno debate durante la Comisión Redactora, trabajando en consensos y ajustes para la próxima sesión plenaria de la Convención.

El dictamen también apunta a incorporar al Ministerio Público a través de dos órganos autónomos, con autarquía financiera e independencia de los otros poderes del Estado: el de Acusación y el de Defensa. Sus titulares serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, por un mandato de cinco años, renovable una sola vez.

El dictamen crea también un Consejo Asesor para la selección de magistrados, fiscales y defensores, y de un Tribunal de Enjuiciamiento para su control disciplinario; precisamente el punto sobre el que existen diferencias en cuanto a su composición, representativa de distintos estamentos.

Independencia y contrapesos

Al respecto, Enrico precisó que “hoy tenemos para los jueces un sistema donde la Corte Suprema de Justicia es la que, con todos sus miembros, hace el análisis del desempeño de un juez; con lo cual la Justicia se autocontrola. Tenemos también los fiscales y defensores, que son controlados por la Legislatura. Eso se eliminaría y se pasaría a un sistema donde hay un funcionario, que es el acusador externo designado, que actuará ante un tribunal de enjuiciamiento plural compuesto por abogados, legisladores y el estamento del Poder Judicial. Esa es un poco la la la idea que tenemos en general. Pero cómo se compone, integrantes, cantidades, son las diferencias que hay entre diferentes dictámenes de los distintos bloques”.

Al efecto de compatibilizar puntos de vista y luego pasar a la redacción definitiva, es que se convocó a la comisión que preside Enrico para que, con quórum suficiente, pueda producir los cambios necesarios.

Por su parte, el propio convencional aclaró que “no me parece republicano esto de que los miembros de un poder quieran ser incontrolables, quieran ser absolutamente ajenos a todo. Acá mantenemos una Constitución republicana, como lo manda la Constitución nacional. La independencia de los poderes es fundamental para eso, pero la independencia de poderes trae aparejado el contrapeso de los propios poderes.

“Estas posturas autonomistas en donde los fiscales no quieren que nadie los controle y quieren tener el manejo de todo sin que nadie le diga nada, es directamente lesivo hacia un sistema republicano. Todas las provincias tienen mecanismos de control para los casos en donde haya incumplimientos y los responsables tengan que ser destituidos. Porque la Constitución les está dando estabilidad plena en el cargo. O sea, son personas que van a tener un cargo de por vida y en algunos casos herramientas de cercenamiento de derechos muy fuerte, detención, escuchas telefónicas. Entonces, el control es fundamental. Si algunos piensan que esto no es así, bueno, directamente no tienen una vocación republicana. Lo queremos dejar claro”, agregó.

Por otro lado, Enrico remarcó que “tampoco queremos bajarle el peso al Poder Legislativo, que es el poder más democrático, más representativo, más oxigenado de la provincia y que tiene que tener mayor peso al momento de decidir sobre una falta grave que pueda implicar el desplazamiento de un fiscal, juez o defensor. ¿Por qué? Porque es la propia asamblea legislativa la que designa un fiscal o juez o defensor. Entonces, es la propia asamblea la que debe tener su representante, en la cantidad que se decida, en un tribunal de enjuiciamiento. Pero hay discursos que realmente lesionan el sistema republicano en esta provincia cuando hablan de autonomía absoluta y no admitir ningún tipo de controles y contrapeso”.