Las universidades irán a la Justicia para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento

Por Mariela Goy

El plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido de manera extraordinaria este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales para exigir la aplicación inmediata de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, promulgada pero suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional.

El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, señaló que "el gobierno solo debía cumplir la ley, y optó por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, que niega con artilugios lo que la ley dispone".

Bartolacci consideró que la suspensión de la norma "viola de manera directa la división de poderes" y recordó que el sistema universitario "ha sido muy responsable y serio priorizando siempre los caminos institucionales". En ese marco, confirmó que "corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley".

Consultado sobre la estrategia jurídica que se adoptará, precisó que "la intención es avanzar con un amparo, con la dinámica que definan los equipos técnicos a cargo de la presentación que se realizará en los próximos días". Y agregó: "La decisión del CIN fue recurrir, todo el sistema universitario junto, a la justicia, manteniendo la coherencia y la firmeza en la defensa de la universidad pública".

"Respetar la ley", pide Mammarella

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, al ser consultado sobre las implicancias de que una ley no se cumpla, fue categórico: "Claramente, el gobierno debe cumplir las normas para garantizar la seguridad, la justicia, la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. No es posible pensar en políticas públicas coherentes y transparentes si no se respeta la ley".

Sobre el impacto particular en la Universidad Nacional del Litoral, detalló a El Litoral que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento "es clave por tres motivos: uno para adecuar el presupuesto al efecto de la inflación desde enero de 2024 hasta ahora, pero también para asegurar los recursos para cerrar el año en lo que respecta a gastos de funcionamiento, a becas y salarios. Lo otro fundamental es que esto cambia la base de lo que tienen que ser la ley de presupuesto nacional 2026 que integre las prioridades que tiene el gobierno con las del Congreso y que todos sepamos con los recursos que contamos y necesitamos".

Además de la acción judicial, el CIN acordó elevar al Congreso Nacional una solicitud para que el presupuesto 2026 contemple como base los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando así la sostenibilidad del sistema público.

La UTN y la afectación en sus carreras

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en su 5ta Reunión Ordinaria de 2025 -realizada este jueves-, adhirió en todos sus términos al comunicado del CIN del pasado 10 de octubre, que respalda el reclamo por la ejecución plena de la Ley 27.795.

En un pronunciamiento institucional, el Consejo Superior de la UTN advirtió que la suspensión de la norma "profundiza la emergencia económica y presupuestaria del sistema universitario argentino" y destacó que su no aplicación impide actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios docentes y no docentes.

La institución señaló que el desfinanciamiento afecta con especial dureza a la UTN, por la naturaleza tecnológica de sus carreras, que requieren inversiones constantes en equipamiento e infraestructura. "La falta de recomposición salarial afecta la retención de personal calificado y compromete la calidad académica e investigativa", alertó la universidad tecnológica.

Finalmente, el Consejo Superior de la UTN avaló las gestiones de su rector ante la Mesa Nacional de Rectores del CIN y reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, inclusiva y gratuita.