Mauro Menéndez fue designado fiscal referente para investigar delitos rurales en la región
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El funcionario del Ministerio Público de la Acusación tendrá a su cargo la coordinación de esta problemática en la Fiscalía Regional Nº 3. La medida forma parte de una estrategia provincial para mejorar las investigaciones por abigeato y otros delitos en el campo.
El fiscal Mauro Menéndez fue designado como referente para la investigación de delitos rurales en la Fiscalía Regional Nº 3, que comprende el sur de la provincia de Santa Fe. La decisión forma parte de una resolución del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que establece la designación de siete fiscales en distintas jurisdicciones del territorio santafesino, con el objetivo de mejorar la respuesta judicial frente a los hechos delictivos que afectan al sector agropecuario.
La incorporación de Menéndez como referente regional representa una medida para fortalecer la investigación penal de delitos vinculados con la actividad rural, especialmente el abigeato o robo de ganado, una problemática que viene siendo planteada por productores y entidades del campo en los encuentros de seguridad realizados en distintos puntos de la provincia.
La resolución contempla la designación de fiscales que actuarán como referentes especializados dentro de sus respectivas jurisdicciones, sin que esto implique la creación de nuevas fiscalías. La intención es mejorar la coordinación entre el MPA, las fuerzas de seguridad, los gobiernos locales y las organizaciones agropecuarias.
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Una respuesta a los reclamos del sector agropecuario
La designación de Mauro Menéndez y de los restantes funcionarios judiciales surge del trabajo desarrollado en las Mesas de Seguridad Rural, espacios que fueron retomados durante 2024 por el Gobierno provincial para abordar los problemas de inseguridad en las zonas productivas.
Estos encuentros son coordinados por los ministerios de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, y de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni, bajo los lineamientos de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Durante las reuniones, los representantes del sector agropecuario plantearon la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia, agilizar las investigaciones y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en los establecimientos rurales.
Uno de los puntos centrales fue la importancia de recuperar la confianza en el sistema de emergencias 911 y promover la utilización de las herramientas de denuncia disponibles, incluidas las modalidades digitales, para facilitar la intervención policial y judicial.
Desde el Gobierno santafesino señalaron que la coordinación con el MPA permite optimizar la investigación criminal y planificar operativos de prevención, atendiendo las particularidades que presentan los delitos cometidos en zonas rurales.
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Menéndez será el referente de la Fiscalía Regional Nº 3
La resolución del Ministerio Público de la Acusación establece una distribución territorial de los funcionarios designados para intervenir como referentes en materia de delitos rurales.
En el caso de la Fiscalía Regional Nº 3, la responsabilidad fue asignada a Mauro Menéndez, quien tendrá ese rol dentro de la jurisdicción correspondiente al sur santafesino.
La medida busca establecer referencias concretas dentro del sistema judicial para facilitar la articulación con los organismos que intervienen en la prevención y persecución de este tipo de delitos.
La designación no modifica la estructura de las fiscalías existentes, sino que incorpora una función específica vinculada con la coordinación y el seguimiento de las problemáticas rurales.
El MPA fundamentó la decisión en que los delitos rurales forman parte de sus objetivos prioritarios de persecución penal, además de remarcar la participación de la Fiscalía General en la Mesa Provincial de Seguridad Rural y de los fiscales regionales en los encuentros territoriales.
Los siete fiscales designados en Santa Fe
Además de Mauro Menéndez, la resolución establece la designación de otros seis funcionarios judiciales distribuidos en las cinco regionales del Ministerio Público de la Acusación.
Para la Fiscalía Regional Nº 1 fue designado Alejandro Benítez, mientras que en la Regional Nº 2 la función estará a cargo de Marianela Luna.
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En la Fiscalía Regional Nº 4, el referente será Juan Sebastián Marichal.
Por su parte, la Fiscalía Regional Nº 5 contará con tres fiscales: Adrián Soria, con sede en Rafaela; Mauricio Spinosa, en San Cristóbal; y Ricardo Milton Kettler, en Tostado.
De esta manera, las cinco regionales del MPA tendrán funcionarios de referencia para abordar los delitos rurales, con una distribución que contempla las características territoriales y las necesidades de cada jurisdicción.
Más coordinación para prevenir el abigeato
Las Mesas de Seguridad Rural constituyen uno de los principales ámbitos de articulación entre el Gobierno provincial, las fuerzas policiales, el sistema judicial y los representantes de la producción.
En estos espacios participan los ministerios de Desarrollo Productivo, Justicia y Seguridad y Salud, junto con el MPA, la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, municipios, comunas y entidades agropecuarias.
Entre las organizaciones que intervienen se encuentran Carsfe, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, que trasladan las inquietudes de los productores sobre las situaciones de inseguridad registradas en el territorio.
Los encuentros permiten abordar cuestiones vinculadas con el robo de ganado, los controles policiales, la conectividad en zonas rurales, las necesidades de equipamiento y los mecanismos de denuncia.
El trabajo conjunto contempla además acciones relacionadas con los controles sanitarios en los puntos de comercialización de alimentos, una herramienta que puede contribuir a prevenir irregularidades vinculadas con la circulación de productos de origen animal.
Con la designación de Mauro Menéndez como referente de la Fiscalía Regional Nº 3, el sur santafesino contará con un funcionario específicamente asignado a esta articulación institucional, en el marco de una política provincial orientada a mejorar la investigación de los delitos que afectan a los establecimientos agropecuarios.
La medida se incorpora a una estrategia que busca fortalecer la prevención, facilitar las denuncias y mejorar la respuesta judicial, atendiendo los planteos que productores y entidades rurales vienen realizando en las mesas de seguridad.

