Mendoza endurece sanciones para padres que no vacunan a sus hijos

En un intento por reforzar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación en niños y niñas, el Gobierno de Mendoza implementó una nueva reglamentación que contempla severas sanciones para los adultos responsables que no lleven a cabo esta obligación.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia, encabezado por Rodolfo Montero, establece multas económicas de hasta $336.000, trabajos comunitarios y penas de arresto de hasta cinco días.

La resolución se enmarca en el artículo 119 del Código Contravencional de Mendoza y apunta a proteger el derecho a la salud de los menores, garantizando que accedan a todas las vacunas establecidas por ley, independientemente de la voluntad de sus padres o tutores.

Además de las sanciones económicas, la normativa establece mecanismos de control y denuncia para asegurar su cumplimiento efectivo.

En caso de detectar un incumplimiento, las autoridades otorgarán un plazo de 30 días para regularizar la situación. De persistir la negativa, se activará un protocolo que involucra a diversas instituciones provinciales.

Denuncias obligatorias desde escuelas y centros de salud

Uno de los aspectos más novedosos de esta iniciativa es la responsabilidad que se le otorga a docentes y personal del sistema de salud. A partir de ahora, tanto las escuelas como los efectores de salud —públicos y privados— estarán obligados a informar a las autoridades si detectan que un niño o niña no recibió las vacunas obligatorias correspondientes a su edad.

El procedimiento ante la detección de un caso comienza con la notificación a las autoridades sanitarias, quienes deberán ofrecer un plazo de 30 días para que la aplicación de las vacunas se concrete, incluso en otro centro asistencial.

Si esa instancia se agota sin resultados, la situación será derivada al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y luego se procederá a efectuar la denuncia formal ante la Policía, la Justicia o el municipio.

También se aclara que cualquier agente o funcionario público que tome conocimiento de que se está vulnerando el derecho del niño a la vacunación tiene el deber de informar el caso a las autoridades competentes.

Multas, arrestos y trabajos comunitarios

El artículo 119 del Código Contravencional provincial es el que respalda legalmente estas medidas. Allí se establece que la persona que no cumpla con el esquema de vacunación infantil puede enfrentar una multa de $336.000, ser arrestada por un período de hasta cinco días, o realizar trabajos comunitarios como alternativa, principalmente en centros asistenciales u hospitales públicos.

Además de aplicar las sanciones, las autoridades registrarán estos casos en una base de datos que permitirá elaborar estadísticas vinculadas a la vacunación. Con esta herramienta, se buscará identificar patrones de incumplimiento y diseñar políticas públicas más efectivas para aumentar la cobertura.