Incentivo preventivo
Nación premiará el ahorro de energía eléctrica de grandes usuarios en verano
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La medida apunta a que industrias, empresas y comercios disminuyan voluntariamente el consumo de luz en períodos de mayor demanda durante la temporada estival, otorgando una retribución económica a cambio, para evitar que el sistema se sature y se produzcan cortes.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó este viernes el Programa de Gestión de Demanda de Energía, una iniciativa voluntaria, programada y remunerada que apunta a que los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y las distribuidoras participen activamente en la reducción de la demanda eléctrica en momentos críticos del sistema.
La medida, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. Busca incentivar la eficiencia energética y mejorar la calidad del servicio en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La normativa permitirá a usuarios residenciales, comercios y grandes consumidores participar en un esquema para reducir el consumo de electricidad y aportar energía al sistema durante momentos de alta demanda, a cambio de una compensación económica.
El Programa de Gestión de Demanda de Energía se implementa en el marco de la Ley N° 24.065 y sus normas reglamentarias.
De acuerdo con la resolución 379/2025, este sistema entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y está dirigido a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del MEM, siempre que cuenten con una demanda de potencia superior a trescientos kilovatios (300 kW) y dispongan de sistemas de medición que permitan registrar el consumo horario.
Aquellos que adhieran voluntariamente y cumplan con los requisitos técnicos serán designados como Usuarios Adherentes (UA), y podrán presentar ofertas de reducción de carga, que serán evaluadas y aceptadas por el Organismo Encargado de Despacho (OED), según las necesidades del mercado.
Fundamentos
En ese sentido, el Gobierno destacó que el Programa de Gestión de Demanda de Energía se implementa en el marco de la Ley N° 24.065 y sus normas reglamentarias, que establecen la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la competitividad y la eficiencia en el sector eléctrico, y la libertad de elección de los consumidores.
Según lo dispuesto, la Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación y tendrá competencia exclusiva para fijar políticas energéticas a nivel nacional y regular el funcionamiento del MEM, especialmente en lo que respecta al comercio interprovincial de energía y la utilización de la infraestructura del SADI.
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.
Uno de los fundamentos centrales de la medida es la necesidad de avanzar hacia una planificación energética que priorice la incorporación de tecnologías de medición inteligente y la gestión activa de la demanda, con el objetivo de evitar inversiones innecesarias en infraestructura y reducir los costos a largo plazo.
En el corto plazo, la medida apunta a mitigar los cortes de luz que suelen ocurrir en épocas de calor extremo, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Litoral, cuando el consumo de aire acondicionado lleva la red al límite en horarios críticos.
Estructura de costos
En situaciones de falta de reserva en el MEM o en la red de distribución, los usuarios adherentes podrán comprometerse a disminuir su consumo en determinados períodos, recibiendo una remuneración por el servicio de reserva que presten al sistema.
La medida busca evitar la saturación de la red de suministro durante los picos de calor.
Para aquellos usuarios que no cuenten con mediciones horarias disponibles en el Sistema de Medición Comercial (SMEC), las distribuidoras deberán informar los datos necesarios para el control y validación de los compromisos asumidos.
En cuanto a la estructura de costos, la resolución dispone que los gastos asociados al programa se asignarán a los costos de reserva del MEM.
Además, las distribuidoras tendrán derecho a cobrar un cargo de gestión técnica de treinta dólares estadounidenses por megavatio/mes (USD 30/MW-mes) comprometido, que deberá ser abonado por los usuarios adherentes que participen a través de GUDI y GUME. Este cargo busca cubrir los costos administrativos y operativos vinculados a la gestión de la información y la coordinación con el OED.
La Secretaría de Energía remarca que la medida responde a la necesidad de ampliar el espectro de usuarios que pueden optar por transaccionar su abastecimiento en el MEM, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren, y de generar señales económicas que incentiven la eficiencia y la inversión en el sector.
Espejos internacionales
La resolución cita antecedentes internacionales, como programas implementados en Estados Unidos y el Reino Unido, que demostraron resultados positivos en la reducción de la demanda y el ahorro de recursos.
"Los antecedentes internacionales de programas de gestión de demanda diseñados para trasladar la carga de mayor potencia de la red demuestra que la eficiencia energética y otras medidas de reducción de la demanda, mediante incentivos de rendimiento vinculados al logro de objetivos que generen ahorro, ha tenido muy buenos resultados”, indica la iniciativa.
Al respecto, la normativa menciona a “los reportados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos de América (U.S. Energy Information Administration) en el Estado de California, los Programas de Eficiencia Energética de Energy del Reino Unido y el Programa de Gestión de la Demanda de Brooklyn-Queens (BQDM), entre otros”.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca que se aplane el consumo en los picos estacionales para evitar un colapso del sistema que derive en apagones masivos, mientras busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz.
En este sentido, la administración de Javier Milei planea trasladar a las tarifas de los usuarios el costo de US$6.500 millones necesarios para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión.
