Por el impacto de Facebook e Instagram en la salud mental, Meta deberá pagar US$ 567 millones

Durante años, el debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes estuvo dominado por estudios científicos, denuncias de familias y pedidos de mayores controles.

Ahora, una decisión judicial en Estados Unidos volvió a colocar el tema en el centro de la escena. Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó que Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, pague US$ 567 millones para financiar acciones destinadas a reducir los daños que, según la Justicia, provocaron sus plataformas en la población infantil y adolescente.

Además del pago, la compañía deberá implementar cambios en el funcionamiento de sus servicios para reforzar la protección de los menores.

Qué resolvió la Justicia y por qué condenó a Meta

La resolución fue dictada por el juez Bryan Biedscheid, quien concluyó que Meta contribuyó a una crisis de salud mental entre los jóvenes y que el diseño de sus plataformas favoreció prácticas perjudiciales para niños y adolescentes.

La decisión forma parte de una causa iniciada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, que acusó a la empresa de desarrollar productos con características adictivas y de no adoptar medidas suficientes para proteger a los menores frente a contenidos dañinos y situaciones de explotación sexual en línea.

El fallo llega después de una primera etapa del juicio, en la que un jurado ya había impuesto a Meta una sanción civil de US$ 375 millones por considerar que la compañía incurrió en prácticas engañosas respecto de la seguridad de Facebook e Instagram.

Con la nueva decisión judicial, la responsabilidad económica total asciende a US$ 942 millones.

Los US$ 567 millones ordenados ahora no constituyen una multa tradicional. El dinero deberá destinarse a un fondo para financiar tratamientos de salud mental, programas de prevención, campañas de concientización y servicios de detección temprana durante los próximos cinco años.

De ese monto, US$ 420 millones estarán destinados específicamente a servicios de atención para niños y adolescentes afectados.

Además del aspecto económico, el juez ordenó que Meta introduzca una serie de modificaciones en Facebook e Instagram.

Entre ellas figuran mejoras en la verificación de edad, mayores controles para impedir el acceso de menores de 13 años, restricciones a determinadas notificaciones, nuevas herramientas de seguridad y cambios en la interacción con los chatbots de inteligencia artificial para evitar contenidos de carácter sexual o inapropiado dirigidos a menores.

La empresa también deberá presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de estas medidas.

Meta anunció que apelará la sentencia y sostuvo que no comparte las conclusiones del tribunal.

La empresa afirmó que continuará defendiendo su posición y destacó que en los últimos años incorporó distintas funciones para mejorar la seguridad de adolescentes y familias dentro de sus plataformas.

Qué significa este fallo para las familias y cómo reducir los riesgos del uso de redes sociales

Más allá de la disputa judicial, el caso vuelve a poner el foco sobre una preocupación que comparten especialistas en salud mental, educadores y familias: el uso intensivo de las redes sociales durante la infancia y la adolescencia.

Diversas investigaciones señalaron que una exposición prolongada puede asociarse con problemas como ansiedad, alteraciones del sueño, baja autoestima, síntomas depresivos y una mayor exposición a situaciones de acoso o contacto con desconocidos.

Aunque estos efectos no dependen exclusivamente de una aplicación, el diseño de algunas plataformas —basado en recomendaciones automáticas, desplazamiento infinito de contenido y notificaciones constantes— ha sido objeto de creciente escrutinio por parte de autoridades y organismos de distintos países.

El fallo de Nuevo México podría convertirse en un antecedente relevante para otras demandas similares que actualmente enfrentan las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos.

De hecho, existen procesos impulsados por otros estados, distritos escolares y familias que sostienen que determinadas características de las redes sociales favorecen conductas adictivas y generan costos sanitarios y educativos.

Mientras esos litigios avanzan, especialistas recomiendan que las familias adopten algunas medidas para promover un uso más seguro de las redes sociales:

Establecer horarios y límites diarios para el uso del celular y las aplicaciones.

Activar las herramientas de control parental y revisar periódicamente la configuración de privacidad.

Conversar con niños y adolescentes sobre los contenidos que consumen y las personas con las que interactúan en internet.

Evitar el uso de dispositivos durante las comidas y antes de dormir para favorecer un mejor descanso.

Estar atentos a cambios de conducta, aislamiento, irritabilidad o alteraciones del sueño que puedan estar relacionados con un uso problemático de las redes.

Buscar orientación profesional si el uso de las plataformas comienza a afectar el rendimiento escolar, las relaciones sociales o el bienestar emocional.

El caso también reabre una discusión que trasciende a Meta: hasta qué punto las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidades por el diseño de sus productos y por los efectos que estos pueden tener sobre la salud mental de los usuarios más jóvenes.