Por qué los búnkeres narcos no deben convertirse en viviendas: la advertencia de un juez venadense

Las construcciones que anteriormente fueron utilizadas como búnkeres de narcotraficantes o puntos de venta de droga presentan riesgos severos para quienes pretendan ocuparlas. Así lo explicó el juez penal de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, quien señaló los peligros y las consecuencias negativas de asignar estas viviendas a familias necesitadas.

En sus recientes declaraciones a través de redes sociales, Clavero destacó diversos factores que hacen inviable la entrega de estas viviendas, a pesar de la buena intención de brindar un hogar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Según el magistrado, los riesgos van más allá de lo estructural, afectando tanto la seguridad como la cohesión social.

Riesgos de seguridad y conflicto social
Uno de los principales argumentos del juez Clavero se centra en la seguridad. “Muchas de estas construcciones han sido utilizadas para actividades delictivas y pueden seguir siendo un punto de conflicto”, explicó. A modo de ejemplo, mencionó que en ciudades como Rosario, los narcotraficantes han intentado recuperar viviendas que anteriormente utilizaban como búnkeres, lo que ha derivado en hechos de violencia.

“Los intentos de recuperar estas propiedades, a veces con violencia extrema e incluso muertes, son un factor que pone en peligro la vida de quienes viven allí”, destacó el juez, haciendo hincapié en que la ocupación de estos lugares puede traer consecuencias dramáticas.

Condiciones estructurales comprometidas
Otro aspecto crucial que señaló Clavero tiene que ver con las condiciones de las viviendas. Muchas de ellas han sido modificadas para adaptarse a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. “Algunas de estas casas tienen estructuras precarias, paredes modificadas y construcciones inadecuadas que podrían representar un grave riesgo para las familias que las habiten”, indicó.

La falta de permisos y la construcción improvisada son características comunes de estos búnkeres, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas que lleguen a ocuparlas.

Impacto en la comunidad y riesgo de vida
Además de los peligros estructurales y de seguridad, Clavero advirtió sobre el impacto social que puede generar la asignación de estas viviendas. “Si la construcción sigue siendo vista como un lugar asociado al crimen, la familia que la reciba podría enfrentar amenazas o el rechazo de la comunidad”, señaló el juez, quien destacó la importancia de evitar que las personas continúen expuestas a la violencia o estigmatización.

Asimismo, recalcó que el riesgo de vida para las familias puede ser aún mayor si los delincuentes intentan recuperar sus antiguos puntos de venta de droga. “En esos casos, la familia podría estar en serio peligro”, alertó.

Demolición de búnkeres como medida de seguridad pública
El juez también se refirió a la posibilidad de demoler estos búnkeres, una medida que ha sido adoptada en diversas ocasiones como parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Derribar un búnker por orden judicial tiene múltiples beneficios. Primero, garantiza la seguridad pública, protegiendo a la comunidad de las consecuencias de una estructura inestable o de su posible uso para actividades ilícitas”, explicó Clavero.

Además, la demolición de estos espacios ayuda a recuperar terrenos que pueden ser destinados al desarrollo urbano o a la construcción de espacios verdes, contribuyendo al bienestar general. También, en lugares donde los búnkeres generan conflictos y violencia entre los vecinos, como sucedió en Santa Fe, la demolición de estas estructuras puede devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

“Cuando los búnkeres representan un peligro para la seguridad y el orden público, su demolición es una medida que protege a los vecinos y restablece la paz en la zona”, agregó Clavero.