Presupuesto 2026: Nación pretende menos subsidios energéticos y más inversión privada

Mauro L. Muñoz

En cumplimiento con el emplazamiento realizado en la sesión especial del pasado 8 de octubre, este martes se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para continuar con el debate del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Buena parte de la reunión se consumió en la elección de la presidencia tras la renuncia de José Luis Espert en medio de las denuncias por financiamiento espurio de sus campañas. La discusión sobre la autoridad vacante ocupó más de una hora, debido a que integrantes de la oposición plantearon que hubo un acuerdo fuera de la normativa de la bancada libertaria. Finalmente, se oficializó la designación de Bertie Benegas Lynch como presidente.

Una vez cumplido este paso administrativo se pudo dar paso a la continuación de las exposiciones de integrantes del Gobierno nacional que había inaugurado semanas atrás el secretario de Hacienda Carlos Guberman respecto al Presupuesto 2026. Esta vez, el funcionario que asistió fue Daniel González, coordinador de Energía y Minería en la Secretaría de Energía que conduce Carmen Tettamanti, para defender los principales lineamientos de su cartera respecto para el año próximo.

A lo largo de una extensa presentación, González repitió que el eje de su cartera es la “normalización del sistema energético”, un proceso que, según definió, busca “cumplir las normas que la Argentina viene incumpliendo hace años” y devolver “racionalidad y competencia” a un mercado con precios distorsionados y empresas sin margen para invertir.

Bertie Benegas Lynch fue designado como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto tras la renunciade Espert. Crédito: HCDN.

“Nuestro objetivo es la normalización de un sistema que tiene normas adecuadas pero que son normas que venimos incumpliendo a través de distintos gobiernos durante muchos años. Evidentemente han tenido consecuencias: no tenemos la disponibilidad de energía que nuestros recursos naturales ameritan”, sostuvo enfáticamente.

En defensa de la política energética libertaria, leyó pasajes textuales de los decretos 1057/24 y 450/25, desprendidos de la Ley Bases, que fijan como objetivo “alinear los precios internos con las transacciones internacionales” y “garantizar la autosuficiencia financiera del sistema eléctrico”.

En esa línea, González reivindicó la decisión de liberar el precio del crudo: “Hace un año que el petróleo se vende en el país a paridad de exportación y nadie se enteró, porque no tuvo impacto negativo en los combustibles”. Detrás de ese cambio —subrayó— está la clave para sostener la inversión: “Si un productor no recibe precios internacionales, se va a invertir a otro país”.

Vaca Muerta en la balanza comercial

En su repaso por los hidrocarburos, el secretario fue enfático: “Vamos a cumplir el Plan Gas a rajatabla”. Aunque reconoció que el esquema, heredado de gestiones anteriores, “limita la desregulación plena del sector”, afirmó que el Gobierno “respetará todos los contratos” mientras habilita a las empresas que lo deseen a salir del programa y vender directamente a industrias, distribuidoras y generadoras.

González se mostró entusiasta con los resultados de Vaca Muerta, donde —dijo— la producción alcanzó en agosto los 818.000 barriles diarios de petróleo, el mayor nivel en 26 años. “Vamos camino a romper el récord histórico de 845.000”, anticipó.

En gas natural, sostuvo que la situación es similar: 157 millones de metros cúbicos diarios en agosto y una proyección de nuevo récord para el invierno de 2026. “Tenemos más pozos, más fracturas y más inversión a pesar de la baja del precio internacional, que cayó de 90 a 62 dólares el barril. Es una señal clara de confianza”, explicó.

El funcionario destacó la proyección exportadora: “Si en tres o cinco años logramos exportar un millón de barriles por día, eso significará 23.000 millones de dólares anuales solo en petróleo. Y el gas licuado podría aportar otros 11.000 millones. Son números que dan vuelta la balanza comercial energética argentina que tuvo un déficit de 5600 millones en 2022, que ya tuvo un superávit de 4400 millones en 2024 y que en agosto de 2025 lleva un superávit de 3800 millones dólares".

Menos subsidios y suba gradual de tarifas

Uno de los ejes centrales de la exposición presupuestaria estuvo en la política tarifaria. González sostuvo que los subsidios energéticos caerán del 0,66% del PBI en 2025 al 0,5% en 2026, “una reducción gradual pero sostenida”. “Queremos que el consumidor pague cada vez más cerca del costo real de producción, como lo establece la Ley Bases”, remarcó.

Explicó luego que el objetivo en el proyecto es “adecuar precios a los costos de suministros energéticos”. Y detalló que “actualmente hay 9 millones de hogares subsidiados y el objetivo de este proyecto es reducir el porcentaje de subsidios”.

Daniel González, coordinador de Energía y Minería de la Nación. Crédito: HCDN.

Según detalló, el costo promedio de la energía eléctrica en 2025 fue de 78 dólares por megavatio-hora, mientras que los usuarios residenciales pagaron 41. Para 2026, se prevé que paguen 52. “No estamos eliminando subsidios de golpe, estamos normalizando. Si el costo baja y los usuarios pagan un poco más, las curvas se van a cruzar pronto”, explicó.

En relación al gas natural, precisó que el costo total se ubica en 4,50 dólares por millón de BTU, y los hogares pagan 2,46. El presupuesto prevé que en 2026 el valor sea 2,77. “Todavía lejos del costo, pero avanzando”, resumió.

En cuanto al esquema de segmentación dijo que tendrá ajustes. Los usuarios N1 (sin subsidio) pagarán el 100% del costo de la energía; los N2 (ingresos bajos), el 43%; y los N3 (clase media), el 67%. En gas, los porcentajes serán 68%, 29% y 41%, respectivamente. “En promedio, los usuarios residenciales pasarán de pagar el 53% del costo en 2025 al 67% en 2026”, detalló.

El funcionario defendió la política como “gradual y razonable”: “Sabemos que es duro, pero peor es pagar barato y no tener energía. Las compañías quebradas no invierten y eso lleva a cortes. Lo que buscamos es previsibilidad y sustentabilidad”.

Asimismo, indicó como otro número relevante en gastos corrientes que el proyecto de presupuesto mantiene el régimen de Zona Fría. Aunque González lo calificó como “una pésima ley”, aseguró que contempla 450.000 millones de pesos. “Más del 40% de los usuarios del país recibe descuentos del 30 al 50% de su factura, mientras el resto paga un cargo adicional del 7,5%. Es un sistema injusto, pero lo mantenemos por mandato legal”, sostuvo.

Más inversión y menos gasto público

En el tramo final de su exposición, González enfatizó el espíritu del programa energético libertario: “El Estado no va a hacer más obras de gas ni de electricidad. Nuestro rol es garantizar reglas claras para que el sector privado invierta”.

En esa línea, citó proyectos tendientes a normalizar el mercado eléctrico mediante obras por financiamiento privado. Puso como ejemplo la reciente licitación para instalar baterías de almacenamiento en el AMBA, donde el Estado buscaba 500 MW y recibió ofertas por 1.300. “Terminamos adjudicando 700 MW a precios más bajos y con contratos directos entre las empresas distribuidoras y los almacenistas, sin intermediación estatal. Es un cambio de paradigma”, señaló.

González anunció que esta política también alcanzará mayorista, buscando un mercado competitivo, con precios libres para nuevos proyectos y contratos directos entre generadores y grandes consumidores. “Hace veinte años que no funciona un mercado eléctrico mayorista. Queremos devolverle lógica al sistema y alentar inversiones”, dijo.

Respecto a la inversión pública en obras incluidas en el Presupuesto 2026, enumeró tres frentes: Nucleoeléctrica Argentina: 400.000 millones de pesos para la extensión de vida útil de Atucha I (45% de avance) y un depósito seco de combustibles nucleares (35%); Represas del Río Santa Cruz: 200.000 millones para reactivar La Barrancosa, con 360 MW de potencia prevista; y Redes de Gasoductos con otros 200.000 millones destinados a la reversión del Gasoducto Norte, el Gasoducto Perito Moreno y el Mercedes–Cardales, todos con avances superiores al 90% según indicó.

Por último, reafirmó el espíritu que guía la política energética del Gobierno: “Bajar el costo de la energía depende exclusivamente del nivel de inversiones que se hagan en el sistema. En la medida que nosotros sigamos teniendo un sistema que desincentiva las inversiones, vamos a ver lo mismo que venimos viendo en las últimas décadas, que es tener una provisión cada día menos robusta de energía y que los precios sinceramente no bajan y entonces nos terminamos peleando sobre quién paga el plato, si lo paga el Estado, si lo paga el consumidor o si lo pagan las empresas”.