Pub clausurado en Venado: “Se hacía insostenible la convivencia para los vecinos”

El juez municipal de Faltas, Stéfano Quaglia, explicó los fundamentos que derivaron en la clausura preventiva del bar WESS ubicado en Runciman 102, una medida dispuesta por el Tribunal Municipal de Faltas ante una serie de infracciones reiteradas y situaciones que, según indicó, afectaban la convivencia con los vecinos del sector.

En diálogo con “A Pesar de Todo” (LT29), el funcionario señaló que la decisión se tomó a partir de una acumulación de actuaciones pendientes, informes elevados por fuerzas de seguridad y reiterados incumplimientos a la normativa que regula el funcionamiento de este tipo de establecimientos.

“Se procedió a la clausura preventiva de un establecimiento gastronómico con espectáculo, ubicado en Runciman 102, puntualmente por una acumulación de infracciones pendientes y también por informes elevados al Tribunal por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente del 911 y la Comisaría Segunda”, explicó Quaglia.

Según precisó, los reportes daban cuenta de inconvenientes que comenzaban durante el desarrollo de la actividad dentro del local y luego se trasladaban al exterior, generando conflictos en la vía pública y en las inmediaciones.

Acumulación de infracciones

Quaglia detalló que uno de los principales problemas detectados fue la presencia de ruidos molestos, con niveles de sonido por encima de lo permitido por la normativa vigente. En ese sentido, señaló que personal de Inspección General realizó constataciones con decibelímetro en distintas oportunidades.

“Principalmente, el problema venía por ruidos molestos, es decir, decibeles excesivos por fuera de lo que marca la norma. En reiteradas oportunidades se constató que el local funcionaba fuera de lo que determina la normativa”, sostuvo.

A esto se sumaron infracciones vinculadas a la salida de personas del establecimiento con bebidas alcohólicas. El juez aclaró que no se trata de sancionar a quienes salen momentáneamente a la vereda, por ejemplo, a fumar o conversar cerca de la puerta, sino a quienes se retiran del lugar con vasos de plástico y continúan consumiendo alcohol en la vía pública.

“Se labra el acta cuando la gente, al retirarse del lugar, traslada la bebida a un vaso de plástico y se va consumiendo por la calle. En este caso, seguían por Runciman, Rivadavia, Belgrano, Casey o Sarmiento. Esa es la conducta que se quiere evitar, porque muchas veces el alcohol contribuye al desorden, a peleas o riñas”, remarcó.

En ese marco, Quaglia afirmó que la situación también generaba reclamos de vecinos por el uso de veredas, puertas e inmediaciones como sanitarios, además de disturbios posteriores al cierre o salida del local.

“Se produjo una concatenación de hechos puntuales que llevó a esta determinación. Ya se hacía insostenible la convivencia para los vecinos. La verdad es que uno nunca quiere tomar la decisión de cerrar un lugar, pero a veces, dada la reiterancia de las conductas, no queda otra alternativa”, expresó.

“Nadie quiere lamentar un hecho trágico”

Durante la entrevista también se mencionó el reciente caso de violencia por el cual un joven de 21 años quedó en prisión preventiva tras agredir a su expareja embarazada. De acuerdo con lo planteado en la nota, la discusión habría comenzado dentro del local y luego continuado en el exterior.

Quaglia calificó el hecho como “complejo” y “completamente repudiable”, y remarcó que, más allá de las responsabilidades penales que correspondan, los propietarios de los locales tienen la obligación de garantizar condiciones de seguridad dentro de sus establecimientos.

“Todo lo que ocurre dentro del establecimiento es responsabilidad de los propietarios. Tienen que gestionar para que este tipo de actos de violencia, o cualquier situación que exceda el normal uso de las instalaciones, no ocurra”, sostuvo.

El juez aclaró que lo que sucede en la vía pública corresponde también a las áreas de seguridad, pero insistió en la necesidad de un trabajo conjunto entre comerciantes, Municipio y fuerzas policiales.

“Se han dado batallas campales frente a este lugar, no en las inmediaciones, sino frente al lugar. Generalmente son situaciones que se originan dentro y después terminan manifestándose en el exterior. Nadie quiere lamentar un hecho trágico”, advirtió.

Clausura por 30 días 

La clausura preventiva fue fijada, en principio, por un plazo estándar de 30 días hábiles, aunque Quaglia explicó que se trata de una medida cautelar y, por lo tanto, puede modificarse en función de la evolución del caso, la audiencia correspondiente y los compromisos que asuma el comercio.

“La idea es parar el funcionamiento del lugar hasta tanto se regularicen todas las condiciones que tienen que darse para un normal funcionamiento”, indicó.

El juez también destacó que no se busca afectar la actividad comercial, sino ordenar el funcionamiento de la noche y garantizar la convivencia urbana.

“Nosotros estamos para apoyar a los comercios, para que puedan sobreponerse a este tipo de situaciones. Nadie quiere cerrar un comercio, con todo lo que eso implica y con la situación económica que atraviesan todos los rubros”, señaló.

En relación con el comunicado difundido por el local, en el que habría manifestado predisposición al diálogo con el Municipio, Quaglia valoró esa postura.

“Celebro que se haya tomado de esa manera. Desde nuestro lugar tenemos la mejor predisposición para trabajar y resolver todos los asuntos. Las normas están para ordenar la ciudad y para que todos podamos convivir sanamente”, afirmó.

La situación de 1927

En el tramo final de la entrevista, Quaglia también se refirió a la clausura de 1927, otro bar que fue alcanzado recientemente por una medida preventiva.

El juez confirmó que los responsables del local presentaron una solicitud para acelerar los plazos de la audiencia, inicialmente prevista para fines de julio. Según adelantó, el Tribunal evalúa anticiparla para la semana próxima.

“Ellos presentaron un requerimiento para poder acelerar los plazos de la audiencia por una cuestión lógica: tienen que volver a funcionar, tienen costos fijos y obligaciones. Es entendible”, explicó.

Quaglia señaló que, en estos casos, la audiencia permite que los propietarios ejerzan su derecho de defensa y, al mismo tiempo, se acuerden pautas concretas para evitar nuevas infracciones.

“La idea es dialogar, que puedan ejercer su derecho de defensa y acordar ciertos puntos bajo los cuales van a tener que trabajar para poder funcionar. No tiene que ver con una cuestión de habilitación, sino con el cumplimiento de la norma y con adaptar ciertas cuestiones para evitar este tipo de situaciones”, concluyó.