Quintas en la mira: el Juzgado de Faltas recordó que deben estar habilitadas para fiestas

Días atrás, el Juzgado de Faltas de Venado Tuerto clausuró nuevamente una quinta ubicada en calle Eterovich al 1000, luego de constatar que el inmueble volvió a ser utilizado para la realización de eventos pese a contar con una faja de clausura vigente. En este marco, el juez de Faltas Stéfano Quaglia, explicó que se trató de una violación reiterada de la medida previamente impuesta por el Tribunal.

Quaglia recordó que la organización de eventos en quintas de alquiler se encuentra regulada por la ordenanza N° 5486, sancionada en 2022, una normativa que buscó reordenar un rubro que durante años funcionó de manera informal. “Hace prácticamente tres años que existe esta ordenanza y establece con claridad que estos establecimientos deben contar con habilitación municipal y cumplir con todos los controles correspondientes”, señaló.

En el caso puntual de la quinta clausurada, el magistrado explicó que el lugar ya se encontraba cerrado por una resolución judicial que prohibía expresamente cualquier tipo de actividad hasta tanto se obtuviera la habilitación municipal. “Evidentemente, los responsables siguieron alquilando el predio y realizando eventos, lo cual está claramente prohibido”, afirmó.

El juez de Faltas aclaró que, si bien se trata de una propiedad privada, el uso permitido mientras dure la clausura es únicamente domiciliario. “Puede haber personas viviendo en el lugar, pero no puede destinarse al alquiler ni a la realización de eventos. El uso lucrativo está expresamente vedado”, remarcó, diferenciando ese escenario de una reunión familiar ocasional, que no tiene carácter comercial.

Quaglia subrayó que la regulación no apunta únicamente a una cuestión administrativa, sino fundamentalmente a garantizar condiciones mínimas de seguridad e higiene. “Muchas de estas quintas cuentan con piletas y suelen concurrir menores de edad. Por eso es indispensable que el municipio realice controles previos y periódicos”, explicó, al tiempo que indicó que la normativa también exige adecuarse a los criterios de la Dirección de Industria y Comercio en cuanto al alcance del uso habilitado.

Consultado sobre si existen otros inmuebles en situación similar, el juez indicó que este es el único caso actualmente clausurado con violaciones reiteradas, aunque aclaró que hay otros establecimientos notificados por distintas infracciones, como ruidos molestos, exceso de decibeles o falta de habilitación. “En esos casos se los insta a regularizar su situación para evitar sanciones más graves”, precisó.

En ese marco, el juez destacó especialmente el rol de los vecinos. “Muchas veces estos lugares se detectan a partir de denuncias vecinales, porque se generan ruidos, movimientos de vehículos, circulación a alta velocidad o situaciones que no son compatibles con un uso residencial normal”, explicó. Según indicó, ante esos reclamos el Municipio interviene de oficio y activa los procedimientos correspondientes.

El magistrado también recordó que estas quintas deben tramitar una habilitación equivalente a la de cualquier comercio, conforme a lo dispuesto por la ordenanza general N° 4343. Además, señaló que las multas y sanciones se aplican al titular del inmueble, independientemente de los acuerdos privados que pueda tener con quienes alquilan el lugar. “Luego el propietario resolverá contractualmente con el inquilino, pero ante el Municipio el responsable es el dueño”, afirmó.

Para denuncias vinculadas a quintas, ruidos molestos, pirotecnia o posibles irregularidades, Quaglia recordó que se encuentra habilitado el WhatsApp de Inspección General y Control Urbano: 3462-520066, donde se pueden realizar denuncias de manera anónima.

Hogares de adultos mayores

El juez de Faltas también brindó un panorama detallado sobre la situación de los hogares de convivencia para adultos mayores en la ciudad. Recordó que la actividad se encuentra regulada por la ordenanza N° 5707, sancionada en 2023, y que existe una mesa de trabajo interdisciplinaria integrada por áreas municipales, provinciales y del Poder Judicial.

Según explicó, se trata de un rubro especialmente sensible, que durante muchos años funcionó en la informalidad y que resulta complejo de detectar. “A veces hay cuatro o cinco adultos mayores viviendo en una casa y eso puede pasar desapercibido si no hay denuncias o situaciones llamativas”, indicó.

Quaglia señaló que actualmente la mayoría de los hogares cuenta con habilitación municipal o se encuentra en proceso de regularización, gracias a un trabajo de acompañamiento sostenido por parte del Estado. No obstante, reconoció que en algunos casos fue necesario avanzar con clausuras cuando se detectó falta de compromiso o desidia por parte de los responsables.

“El objetivo es sacar a estos lugares de la clandestinidad, garantizar controles permanentes y priorizar la seguridad, la higiene y la calidad de vida de los adultos mayores, que son una población altamente vulnerable”, afirmó. En ese sentido, recordó antecedentes graves ocurridos en la ciudad que marcaron la necesidad de profundizar los controles.

Finalmente, aclaró que por el momento no hay nuevas clausuras inminentes, aunque sí establecimientos bajo seguimiento. “Se les está dando un último plazo de acompañamiento para que cumplan con las exigencias. Si no lo hacen, eventualmente se llegará a la clausura”, advirtió.

Pirotecnia cero

Por otro lado, el juez resaltó la plena vigencia de la ordenanza de Pirotecnia Cero, convocando a los vecinos a realizar las denuncias correspondiente en caso de detectar, principalmente, la venta de estos elementos que está totalmente prohibida en la ciudad.