Retenciones cero: un respiro que favoreció a cerealeras y enfureció al campo

La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar temporalmente las retenciones a los granos, vigente solo entre el lunes 18 y el miércoles 20 de septiembre, fue presentada como una medida de urgencia para captar dólares en un contexto de escasez de reservas, a la par de la inviabilidad de obtener nuevos préstamos a través del FMI y, menos aún, de acceder a los mercados financiero de crédito. Con el objetivo de reunir rápidamente 7 mil millones de dólares, el Gobierno lanzó un registro de exportaciones sin retenciones que permitiría a las cerealeras vender granos al exterior sin el habitual gravamen hasta el 31 de octubre, o bien hasta alcanzar el límite mencionado. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para los productores agropecuarios se convirtió en una maniobra que, según muchos en el sector, se orquestó para favorecer principalmente a las grandes multinacionales del rubro, dejando a los productores con una sensación de estafa.

En menos de 72 horas, las cerealeras presentaron declaraciones juradas de exportación por esos 7 mil millones de dólares, alcanzando en tiempo récord la meta del gobierno. Esta rapidez generó sorpresa y, a continuación, sospechas sobre el interés de Estados Unidos en que se acabara cuanto antes con el incentivo fiscal a las exportaciones argentinas, por la competencia que representaba para los productores norteamericanos de soja.

En consecuencia, entre siete u ocho agroexportadoras más influyentes concentraron más del 85% de las declaraciones juradas que aseguran el ingreso a las arcas fiscales, no más allá de este lunes 29, del 90% del monto de exportaciones declarado, es decir, más de 6 mil millones de dólares. De hecho, entre el martes y el viernes ingresaron al mercado cambiario 3.619 millones de dólares y para este lunes se aguarda el ingreso de unos 2.600 millones de dólares.

La particularidad es que las cerealeras se apresuraron a formalizar sus ventas mediante créditos del sistema financiero internacional o de sus casas matrices para adelantar dólares que el gobierno argentino reclamaba con urgencia para evitar un desmadre económico y financiero con la campaña electoral en ciernes, al mismo tiempo que, en un reconocimiento del fracaso del programa económico, acudían presurosos al salvataje in extremis de Donald Trump, el nuevo Padre de la Patria.  

Un dato sustancial es que las agro-exportadoras tenían granos en stock, que compraron aplicando las retenciones a los productores y que ahora venderán sin descuentos. Sin embargo, ese stock está muy por debajo del volumen declarado, que de inmediato comenzaron a adquirir para cumplir con los embarques al exterior en los próximos meses, sin pagar retenciones en virtud del efímero hot sale granario, pero cobrando a los productores las retenciones restablecidas en sólo 72 horas.

Aunque la gestión libertaria no la aplicaría en ninguna circunstancia, mucho menos cuando es una de los favorecidos con la operación, el pingüe negocio para unos pocos se podría haber evitado a través la Ley Martínez Raymonda, que obliga a las exportadoras a tener los granos en su poder antes de realizar las declaraciones juradas. Esta norma, utilizada por varios gobiernos -el de Mauricio Macri, sin ir más lejos-, incluye un mecanismo para frenar las especulaciones de las cerealeras en perjuicio de los productores.

En síntesis, este desenlace causó un fuerte disgusto en el heterogéneo mosaico del campo, que considera que el beneficio fiscal fue apropiado por un puñado de multinacionales, mientras que los productores, que esperaban desde hacía tiempo una mejora en los precios, se vieron nuevamente excluidos de las buenas noticias.

El descontento en las entidades rurales y entre los productores de soja es claro: las cerealeras se quedaron con una parte significativa de los 1.700 millones de dólares derivados de la reducción de retenciones, y a los productores se les pagó un precio menor al que corresponde por la eliminación de impuestos.

Una vez más, la necesidad de dólares de un gobierno para solucionar una crisis, se resuelve sumando imprevisibilidad y desconcierto entre los sectores productivos, en este caso el agropecuario, cuyos productores pequeños y medianos fueron los más perjudicados en este negocio exprés.

Medida desesperada, desprolija y distorsiva 

El ingeniero agrónomo Miguel Ángel Cacciurri, dedicado al asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, consideró, en principio, que “las reducciones impositivas siempre son bienvenidas, especialmente en un contexto de alta presión fiscal como el actual. Sin dudas que es el camino a seguir, pero, en este caso, la decisión de bajar las retenciones a cero de forma repentina, sin aviso, y luego restablecerlas en menos de tres días me parece desprolija. Se necesita tiempo para que el mercado se acomode y los precios de oferta y demanda se ajusten”.

“Esta medida benefició principalmente a los pocos productores que vendieron rápidamente, aprovechando el precio más alto al principio. Sin embargo, aquellos que decidieron esperar a que el mercado se estabilizara no pudieron aprovechar el beneficio. Aunque la medida pudo haber tenido buenas intenciones, no impactó positivamente en todos los productores”, admitió.

Y añadió: “Creo que debería haberse implementado una reducción gradual de las retenciones, no solo en este impuesto, sino también en otros que afectan la actividad productiva, como los impuestos a los ingresos brutos, al cheque, y los combustibles. Actualmente, los combustibles tienen entre un 30% y un 50% de impuestos, lo que también debería haberse considerado”.

Sobre la polémica que envuelve a las cerealeras, opinó: “Yo creo que los agroexportadores, al no tener las toneladas compradas que habían anotado para exportación, ahora van a tener que salir a comprarlas a precios más altos, porque los productores, molestos, van a retener las mercancías. Esto va a hacer que los exportadores paguen más de lo que pensaban. Para mí, insisto en esto, medidas tan repentinas como la eliminación temporal de las retenciones no ayudan a acomodar el mercado, sino que lo distorsionan aún más. Lo ideal hubiera sido una baja paulatina para que el mercado tuviera tiempo de ajustarse y para que se pudieran tomar decisiones más pensadas sobre el resto de los impuestos y los recortes de presupuesto”.

Medidas que no le hacen bien al mercado 

Según la directora de la Sociedad Rural Argentina por la provincia de Santa Fe, Soledad Diez de Tejada, “lo que ocurrió con la eliminación de las retenciones por menos de 72 horas deja claro que, o ya estaba todo arreglado con las exportadoras o, simplemente, el gobierno no entiende cómo funciona el mecanismo de comercialización de granos. El 85% de las declaraciones juradas de ventas al exterior fueron presentadas por las cerealeras. Y el jefe de ARCA, Juan Pazo, dio a entender que estas cerealeras no tienen el cereal en stock, aunque, según la Ley Martínez Raymonda, para hacer esas declaraciones juradas el cereal ya debe estar comprado, algo que, en este caso, no parece haber sucedido. Espero que se tomen medidas al respecto. Algo similar ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri, cuando subieron las retenciones: hubo un montón de declaraciones juradas de última hora, que se anularon completamente. Y ahora, lo que espero es que esto se aclare, porque sabemos que a los productores agropecuarios no les dio tiempo, y francamente, esto es una vergüenza”.

Y agregó la dirigente ruralista: “Estas medidas temporarias no hacen más que distorsionar el mercado. Ahora veremos cómo se resuelve, porque las cerealeras que hicieron las declaraciones juradas tienen que salir a comprar el cereal, y los productores están muy molestos. Así que habrá que ver cómo se van liquidando y cómo van vendiendo el cereal físico, que es lo que las cerealeras necesitan para cumplir con los contratos de exportación. La verdad es que estas medidas temporarias no le hacen ningún bien al mercado ni a la comercialización de granos”.

Retenciones que son un castigo al productor 

El histórico periodista especializado en temas rurales, Martín Roggero, aclaró en primer término que "el primer gran perjuicio de los derechos de exportación es que no son un impuesto, sino una figura diferente. Un dato que mucha gente desconoce, salvo los que están en el sector, es que los derechos de exportación no los paga el productor; en realidad, quien paga es el exportador, y este monto se lo descuenta directamente en el precio que se le paga al productor. El perjuicio para el productor es que recibe un castigo sobre el precio oficial, el precio de mercado o el precio FOB, según cuál se tome como referencia. Este descuento ya está incluido en el precio, y el productor no tiene ninguna posibilidad de modificarlo. Es decir, el productor no paga las retenciones, sino que lo que recibe es un precio inferior debido al descuento aplicado por el exportador. Es importante hacer esta aclaración porque, durante mucho tiempo, se dijo que los productores evadían las retenciones, y hay que entender que no se trata de un impuesto que se pueda eludir”.

El referente periodístico del exitoso ciclo Tranquera Abierta sostuvo que “el otro gran perjuicio para la producción agropecuaria es que todo el dinero que se transfiere, primero a los exportadores y luego al Estado, le quita a los productores la capacidad de invertir. Pierden la posibilidad de mejorar en todos los aspectos de la producción agropecuaria, como la incorporación de mejores fertilizantes, semillas de calidad, maquinaria agrícola, tecnología, digitalización de procesos, sensorización, y la contratación de especialistas. Todo esto se ve afectado porque una parte importante de los ingresos, especialmente en el caso de la soja, que durante mucho tiempo fue más del 30%, termina yendo a otros destinos. De hecho, este año es muy probable que haya una caída significativa en el área sembrada de soja, ya que, con este nivel de retenciones, la rentabilidad de este producto es muy baja".

Una mala herramienta siempre lleva a mal resultado 

El contador público Juan A. Venturini, consultor en administración de empresas y en planeamiento estratégico de negocios, evaluó que “las retenciones al sector agropecuario fueron históricamente un mal impuesto, que pocos países en el mundo aplican. Argentina recurrió a él cada vez que enfrentó una crisis económica. Este impuesto comenzó en la salida de la convertibilidad en 2002, con un 3% de retenciones bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, y fue aumentando gradualmente. Durante el kirchnerismo, se justificó su incremento en la suba de los precios internacionales de los productos agrícolas, lo que llevó a que las retenciones llegaran a un porcentaje altísimo, 33%, y actualmente se encuentran en un 26% para la soja. Se trata de un impuesto que, a mi juicio, no debería existir, ya que resulta perjudicial para el sector productivo”.

En cuanto a la reciente medida del Gobierno, “eliminar temporalmente las retenciones fue una respuesta a la urgencia del Gobierno, pero no fue una decisión adecuada. Aunque la medida fue presentada como una solución rápida para mejorar las reservas de dólares en un contexto de crisis cambiaria, solo benefició a un pequeño grupo de exportadores. De hecho, la gran mayoría de los productores quedaron fuera de esta medida, lo que hace que la iniciativa haya tenido un impacto negativo para la mayoría del sector. Esta medida también implicó una grave distorsión de los incentivos, ya que permitió que los exportadores se beneficiaran privatizando las ganancias que antes iban al Estado a través de las retenciones, lo que significa que la Casa Rosada, para conseguir casi 7 mil millones de dólares prácticamente de contado, terminó pagando un "interés anticipado" del 25% en dólares, al perder el equivalente a las retenciones que habría recaudado con el tiempo”.

En resumen, “la medida de eliminar las retenciones de manera tan abrupta fue una mala iniciativa, producto de la emergencia y la urgencia, que no abordó de manera efectiva los problemas estructurales del sector agropecuario ni proporcionó soluciones a largo plazo. Se podría haber pensado en una reducción gradual, más predecible y con un enfoque más integral para apoyar tanto a los productores como a la economía del país”, enfatizó.