Reunión entre universidades y Gobierno: diálogo abierto y pedido de retiro de la demanda judicial

Mariela Goy

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, confirmó que las universidades no aceptarán como condición el levantamiento de la presentación judicial por el financiamiento universitario. Sostuvo que el propio Gobierno reconoció que existen recursos para recomponer salarios y becas y pidió avanzar de inmediato en una negociación paritaria.

La negociación abierta el lunes entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo tras la reunión mantenida con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Aunque hubo avances en una propuesta de recomposición para el sistema universitario, las autoridades académicas rechazaron de plano la condición oficial de retirar la demanda presentada ante la Corte Suprema para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Así lo confirmó Bartolacci, quien consideró que el encuentro dejó dos conclusiones centrales. “Primero, implica un reconocimiento por parte del Gobierno nacional de la situación extremadamente compleja que venimos denunciando y muchas veces se niega públicamente. Y segundo, pone en evidencia que hay condiciones objetivas para comenzar a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y que los recursos están”, sostuvo en diálogo con periodistas de Radio Universidad de Rosario el pasado martes.

Marcha universitaria del martes 12 de mayo de 2026 en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía

En ese marco, Bartolacci insistió en que las respuestas más urgentes deben concentrarse en la recuperación salarial y en las becas estudiantiles. “Es importante que empiece a recomponerse la situación, sobre todo en términos salariales, convocando a la paritaria con las representaciones gremiales y la actualización de becas, que son los dos temas más urgentes”, afirmó.

La condición que trabó el acuerdo

Según explicó el titular del CIN, durante las conversaciones se avanzó en un conjunto de medidas que representaban un piso de acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, la negociación quedó paralizada cuando el Ejecutivo planteó como condición el retiro de la demanda judicial impulsada por las universidades.

"Hay una pretensión de las autoridades nacionales que, desde la perspectiva del Consejo Interuniversitario Nacional, es inaceptable: que demos marcha atrás con la presentación judicial respecto de la exigencia de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Cosa que no va a suceder de ninguna manera", remarcó.

El rector rosarino sostuvo que la acción judicial no sólo busca reclamar el cumplimiento de la norma, sino también garantizar que cualquier acuerdo futuro tenga respaldo institucional.

"Esa presentación opera de resguardo de cualquier acuerdo que garantice empezar a aplicar la ley de financiamiento, no sólo ahora sino también hacia el futuro", explicó. Y agregó: "Por supuesto que, de empezar a cumplirse y garantizarse las condiciones de un acuerdo, hay disposición completa a informar incluso a la Justicia de que eso está sucediendo, pero nunca a desestimar una presentación que oficia de garantía".

Cuál fue la oferta

Bartolacci detalló que la propuesta discutida contemplaba una recomposición salarial del 24,3%, a cuenta de las pérdidas acumuladas durante 2024, 2025 y los primeros meses de 2026. “Se pagaría en junio un 21,3% y en octubre el 3% restante. Después habría una comisión técnica para resolver la aplicación de lo que resta de 2024, como está estipulado en la ley”, explicó.

Además, el esquema incluía modificaciones en la garantía salarial docente, una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento universitario y fondos adicionales para hospitales universitarios.

También contemplaba la reapertura periódica de la negociación salarial. "Hacia adelante lo que se establece es una paritaria cada 3 meses con referencia a la inflación", indicó.

Para Bartolacci, uno de los aspectos más significativos de la negociación es que desarma el argumento oficial sobre la falta de recursos.

Y fue más allá al reclamar que, aun sin acuerdo global, el Gobierno avance con medidas concretas. "Si están los recursos, que empiecen a ponerse esos recursos, que convoquen a una paritaria. Si no hay resolución porque ellos pretenden que corramos la demanda y nosotros no lo vamos a hacer, estando los recursos, que convoquen a una paritaria y que empiecen a aparecer respuestas", planteó.

Franco Bartolacci Foto: Manuel Fabatía

La “presión social” y la espera por la Corte

Consultado sobre la demanda judicial que tramita ante la Corte Suprema, Bartolacci reconoció que no existen plazos para una resolución, por lo que consideró más determinante la presión social que se viene expresando en las movilizaciones universitarias. “Creo que hay una lectura de preocupación del Gobierno que sabe que, de manera mayoritaria, la sociedad argentina está pidiendo que aparezcan respuestas a la situación universitaria”, señaló.

A su entender, “esas condiciones políticas y sociales son más fuertes para forzar respuestas incluso que la situación judicial”.

Más allá de la negociación puntual, Bartolacci sostuvo que el conflicto refleja una diferencia profunda sobre el rol que debe ocupar la universidad pública dentro de las prioridades del Estado.

"Nosotros creemos que es una prioridad para el país invertir en educación superior y ciencia, y las autoridades nacionales no lo consideran prioritario", afirmó. Y aseguró que "nunca estuvimos tan mal como ahora".

El CIN dio por cerrada su instancia de definición y dejó la próxima decisión en manos del Poder Ejecutivo. “No va a haber modificación en la posición del Consejo Interuniversitario Nacional respecto de esa requisitoria”, aseguró Bartolacci sobre el pedido de retirar la demanda.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo del CIN -realizada este miércoles por la tarde- no hubo pronunciamiento formal al respecto. En la entrevista realizada un día antes, Bartolacci indicó que “ahora es el Gobierno el que debe evaluar si está dispuesto a poner en práctica esos puntos que empiezan a garantizar el cumplimiento de la ley sin ese requerimiento o no”.