Primero cumplir y después disfrutar
Rosario: un deudor alimentario no podrá ir a las islas del Paraná
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La decisión de la jueza María José Campanella se basó en reiterados incumplimientos. “Mientras la madre —empleada de comercio— sostenía sola a sus hijos, él publicaba imágenes en la playa con la frase «Domin-lunes»”, contó la abogada del caso.
(Por Agustín Aranda) - El mes pasado la Justicia en Rosario abrió un nuevo ejemplo de medidas contra personas responsables de la crianza de sus familias al enviar un pedido expreso a la Prefectura Naval Argentina para impedir que un deudor alimentario pueda amarrar o pisar (y menos permanecer) en los balnearios que están frente a la ciudad de Rosario. Después de más de 5 años de lucha judicial y reiterados incumplimientos y medidas la jueza María José Campanella, a cargo del Juzgado de Familia Nº 3 de Rosario, ordenó la prohibición restringiendo las actividades recreativas del padre hasta que regularice la deuda con su familia.
Según contó a Mirador Provincial, la abogada de la madre, Liliana Zencich, el caso comenzó en 2018 cuando el hombre, luego de establecido un convenio de alimentos, empezó a presentar recibos de sueldos adulterados que no reflejaban actualizaciones en sus haberes. Luego de homologar el acuerdo y pedir los originales de sus recibos el hombre, según constató la Justicia, siguió incumpliendo las fechas y montos y fue ingresado al Registro de Deudores Alimentarios, cuya condición es no pagar tres cuotas consecutivas de lo acordado o cinco alternadas en un plazo de dos años.
En ese momento, empezaron a regir las restricciones habituales: no poder ejercer un cargo público, no poder salir del país, no poder asistir a espectáculos deportivos, no poder tramitar o renovar la licencia de conducir, entre otras. Sin embargo, ninguna modificó el comportamiento del padre. A pesar de nuevas resoluciones que buscaron adecuar los montos y tiempos, no hubo respuestas. Siempre según el fallo al que accedió este medio, fueron algunos depósitos esporádicos y meses enteros sin abonar, lo que derivó en una deuda actual de más de un millón de pesos.
En ese contexto, la madre de los dos adolescentes impulsó junto a su abogada una estrategia diferente. Al ver que el hombre se pasaba sus días en las islas de Entre Ríos en plan recreativo, solicitó a la Justicia que limite el acceso a los balnearios. El demandado, cuyo trabajo visible era plomería, argumentó que iba allí a hacer publicaciones en redes sociales que servían como publicidad en colaboración para los balnearios y eran la fuente de sus ingresos, algo que, al no pasar el dinero en las cuentas judiciales durante meses, fue desestimado por la jueza. “La medida está dirigida exclusivamente a restringir ámbitos recreativos del obligado, sin incidir sobre su capacidad productiva. Su restricción no importa una injerencia relevante en el ejercicio de derechos fundamentales», escribió la jueza Campanella.
Uno de los aspectos centrales del fallo es su enfoque en clave de género. La jueza advirtió que el incumplimiento de la cuota alimentaria impacta de manera directa en la madre, quien debe sostener en soledad los gastos de sus dos hijos. Escribió: “La falta de cumplimiento integral de la obligación alimentaria por parte del progenitor importa además de ejercer violencia de género del tipo económica en contra de la progenitora en tanto produce un menoscabo de los recursos económicos o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna».
En diálogo con Mirador Provincial, la abogada Liliana Zencich explicó que el caso exigió una lectura particular para encontrar una herramienta eficaz frente a un escenario de injusticia e impunidad. “Mientras la madre —una empleada de comercio— sostenía sola a sus hijos, él publicaba imágenes en la playa con la frase ‘Domin-lunes’. Esa situación nos llevó a pensar nuevas acciones dentro de la ley”, explicó.
Zencich recordó que el Código Civil en su artículo 533 habilita a las y los jueces a definir medidas concretas según cada caso y que el análisis del perfil del deudor resultó determinante. “Se trata de una herramienta contra la impunidad con la que se manejan muchos incumplidores”, cerró la letrada con vasta experiencia en este tipo de reclamos.

