Salarios, empleo e informalidad: el debate por el piso de $1 millón para los trabajadores
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La propuesta oficial de llevar los salarios mínimos de convenio a $1.070.000 abrió una discusión entre el Gobierno, los gremios y las empresas. Especialistas advierten sobre el impacto que podría tener en las pymes y el empleo no registrado.
El empleo asalariado registrado privado en Argentina cayó un 4,4% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que equivale a unos 280.000 puestos formales menos según los cálculos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.
Paralelamente, el salario real en ese sector se contrajo un 3,6% en el mismo lapso, reflejando un estancamiento productivo generalizado que tiene su impacto en el mercado del consumo interno y en la percepción sobre un modelo económico de crecimiento con alta heterogeneidad, que destruye empleo con más velocidad de lo que regenera.
“La caída del empleo y las remuneraciones es producto, en parte, de empresas con producción estancada o en declive. Pero también tiene origen en el proceso de reconversión que transita la mayoría de las empresas, incluso las que expanden su actividad, a los fines de adaptarse a un entorno de estabilidad y mayor integración al mundo”, sostiene el reporte.
“El fenómeno no se refleja en aumentos en el desempleo porque crece el trabajo informal, fundamentalmente, el empleo por cuenta propia no registrado o sea ni siquiera inscripto en el Monotributo”.
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Un piso al salario de convenio
La intención de fijar un sueldo mínimo de convenio de $1.070.000 choca con una realidad fragmentada. El salario promedio de los trabajadores registrados asciende a $2.121.000. Sin embargo, los no registrados perciben un promedio de $821.000, una cifra sustancialmente menor que evidencia la enorme brecha existente.
El informe del centro de estudios señala que el 78% de los informales trabaja en firmas de hasta 10 empleados. En este segmento, el ingreso promedio cae a $702.000.
Para los autores del reporte, imponer un mínimo de un millón resulta inalcanzable para estas unidades, incrementando los incentivos para operar en la total informalidad laboral.
Convenios por empresa
Para gestionar estas tensiones, Idesa plantea profundizar la descentralización de la reforma laboral a favor de acuerdos por empresa. Esto permitiría a las pymes desvincularse de los convenios colectivos sectoriales rígidos, cuyos estándares de salarios elevados terminan siendo inaplicables para las firmas más pequeñas.
Asimismo, se sugiere eximir de los convenios sectoriales a los microemprendimientos de hasta 10 empleados y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Esta reducción de cargas sociales permitiría disminuir costos de manera enfocada en los sectores que concentran la informalidad laboral.
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Capital Humano
Desde la Secretaría de Trabajo liderada por Julio Cordero, bajo el Ministerio de Capital Humano, se impulsó la pasada semana un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos mensuales (alrededor de $860.000 de bolsillo) para las categorías más bajas de los convenios colectivos de trabajo.
No se trataba de subir el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) -que en agosto de 2026 estaba en unos $376.600), que es el piso legal para trabajadores sin convenio y se discute en el Consejo del Salario.
La idea oficial fue que sindicatos y cámaras empresarias negocien e incluyan ese piso en las paritarias/convenios colectivos (nuevos o renegociados tras la reforma laboral), y que luego la Secretaría de Trabajo los homologue, sin exceder una pauta del 2%, funcional a los planes de desinflación oficial.
La estrategia apuntaba sobre todo a sectores con sueldos iniciales más bajos (maestranza, trabajadores rurales) sin contemplar a los trabajadores de casas particulares.
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Consejo del Salario
En el Consejo del Salario no hubo acuerdo. La CGT y las CTA se retiraron porque cuestionan la propuesta oficial de aumentos muy bajos para el SMVM (hacia $382.768 en septiembre y unos $430.000 para abril 2027).
Pero la sugerencia del piso de $1.070.000 en convenios sigue siendo una iniciativa oficial y se está comunicando a los gremios en negociaciones. La CGT la consideró insuficiente (reclama pisos cercanos a la canasta básica, entonces en torno a $1,56 millones) y las empresas respondieron preocupadas por los costos.
