Santa Fe presentó un proyecto de ley para reforzar la protección ante casos de violencia de género

El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves un proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, una iniciativa que será enviada a la Legislatura provincial y que busca modificar el abordaje estatal de estas situaciones.

La propuesta fue elaborada de manera conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad y Gobierno e Innovación Pública, y apunta a fortalecer las herramientas de prevención, mejorar la intervención temprana y coordinar las respuestas de los distintos organismos del Estado.

El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki.

Desde el Ejecutivo provincial definieron la iniciativa como “un proyecto osado, fuerte” que busca brindar “una respuesta integral” frente a la violencia por razones de género.

Nuevo sistema de evaluación de riesgo

Uno de los principales cambios que plantea el proyecto es la creación de un sistema escalonado para evaluar la gravedad de cada situación.

La propuesta establece cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico, a partir de una valoración inicial y, cuando corresponda, una evaluación integral.

Entre los indicadores que se tendrán en cuenta figuran las amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, episodios de estrangulamiento, incumplimientos de medidas judiciales previas y llamados reiterados al 911.

A partir de esa clasificación, las medidas de protección serán determinadas de acuerdo con la gravedad del caso. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo, más intensas serán las acciones destinadas a proteger a la víctima.

En los casos considerados críticos, el proyecto contempla medidas como el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de tobilleras electrónicas para los agresores.

Más sanciones

Durante la presentación, Cococcioni explicó que la iniciativa incorpora herramientas para actuar frente a los incumplimientos de las órdenes judiciales.

En ese sentido, habilita a jueces y juezas a disponer arrestos conminatorios cuando los agresores no respeten las restricciones impuestas.

“A medida que el agresor no cumple, las medidas se vuelven cada vez más duras”, señaló el ministro, quien remarcó que esos incumplimientos quedarán registrados y serán considerados en futuras evaluaciones de riesgo.

El proyecto también prevé la creación de un equipo interdisciplinario especializado, encargado de evaluar situaciones, elaborar informes y acompañar tanto a la Justicia como a otros organismos estatales.

Responsabilidades

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es evitar que las víctimas tengan que realizar trámites que puedan exponerlas nuevamente a situaciones de riesgo.

Cococcioni cuestionó que actualmente una persona que denuncia violencia pueda verse obligada a trasladar documentación a dependencias vinculadas al domicilio o lugar de trabajo del agresor.

“El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales”, afirmó.

El proyecto incorpora además el principio de actuación de oficio, por lo que las denuncias deberán ser recibidas en cualquier comisaría u organismo habilitado y, ante situaciones urgentes, cualquier tribunal podrá intervenir.

También establece que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado.

“A partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar”, sostuvo Cococcioni.

Registro único y fondo de asistencia

Desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad destacaron que la iniciativa busca dejar atrás un modelo exclusivamente reactivo y avanzar hacia uno basado en la prevención, detección temprana, protección y asistencia.

Andrea Travaini señaló que el proyecto incorpora expresamente la percepción de riesgo de la propia víctima como un elemento a considerar.

“Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla”, afirmó.

Además, la propuesta establece la creación de un registro digital único e interoperable, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, con el objetivo de evitar la fragmentación de información entre organismos.

También contempla un fondo provincial de asistencia urgente para personas protegidas, destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y sus familias.

Trabajo conjunto con municipios y comunas

El proyecto incorpora estrategias territoriales de prevención, orientación, detección temprana y difusión, con participación de municipios y comunas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la intención es generar una respuesta coordinada entre las distintas áreas estatales para intervenir antes de que las situaciones de violencia se agraven.

La iniciativa ahora deberá ser analizada por la Legislatura de Santa Fe, donde comenzará el debate para su tratamiento.